Economía

Hacienda alerta ante el posible ‘maquillaje’ preelectoral de las cuentas locales

Una nueva metodología de cálculo podría elevar la morosidad de los ayuntamientos y estos podrían buscar grietas para evitarlo y mostrar su cara más solvente

Fachada del ayuntamiento de Parla.

Fachada del ayuntamiento de Parla. Europa Press

Las próximas elecciones autonómicas municipales están a la vuelta de la esquina. Se celebrarán en mayo de 2019 y, como es habitual, es de esperar un incremento del gasto en estas administraciones con el ánimo de sembrar votos.

Puede que ese gasto se materialice en mejores infraestructuras, un nuevo polideportivo o en un lavado de cara de la plaza de turno. Y puede también que algunos gestores, especialmente locales, tengan la tentación de ‘maquillar’ sus cuentas para que estos mayores desembolsos no empañen las cuentas y su labor.

Por eso, en pleno cambio de metodología para calcular el tiempo que tardan las administraciones en abonar sus facturas, el Ministerio de Hacienda se ha puesto en alerta para controlar cualquier tipo de maniobra para esconder prácticas morosas que perjudiquen al eslabón más débil de esta cadena, los autónomos y las empresas que proveen de bienes y servicios al sector público.

De acuerdo con la Ley de Estabilidad Presupuestaria, las administraciones están obligadas a pagar a estos proveedores en un periodo no superior de 30 días y, de acuerdo con los últimos datos publicados de marzo de este año, los ayuntamientos son los que más incumplen, con un periodo medio de 60,26 días frente al Estado (46,95 días), las comunidades autónomas (33,7 días) y la Seguridad Social (25,20), que sí paga dentro de los periodos exigidos.

Los ayuntamientos son la única administración que paga en un plazo superior a los 60 días

Con todo, es preciso realizar dos consideraciones. La primera es que los datos relacionados con la morosidad de los ayuntamientos están distorsionados por una minoría de corporaciones que son las principales incumplidoras y que suben la media del periodo medio de pago a proveedores del conjunto. Concretamente, el problema se acota a una lista de una veintena de municipios con especiales problemas de solvencia.

Tanto es así que, de las 147 entidades locales que han presentado información, 97 cumplen con el periodo medio de pago en mayo, lo que quiere decir que el 66% presentan en dicho mes un plazo igual o inferior a 30 días.

Si no se tienen en cuenta las entidades con un periodo excesivo (superior a 60 días), y que representan en torno al 14% de las entidades que presentan información del subsector, el plazo medio se sitúa en los 24,52 días.

A este respecto, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha recomendado al Gobierno que adopte medidas individuales con respecto a esas entidades, incluso activando la medida establecida en la Ley de Estabilidad Presupuestaria que prevé enviar un equipo de expertos (‘hombres de negro’) para auditar a los gobiernos locales y que propongan medidas para solucionar la situación.

El anterior Gobierno del PP, sin embargo, prefirió promulgar medidas progresivas y previas previstas en la misma Ley, como retener fondos de las transferencias regulares del Estado central para pagar directamente a los proveedores, y en una segunda etapa, obligar a estas entidades a adherirse al Fondo de Ordenación y, por tanto, a firmar un préstamo con la Administración central con una condicionalidad especial.

Precisamente, el Boletín Oficial del Estado (BOE) del pasado lunes publicaba una Resolución de la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local, por la que se determina la relación de municipios incluidos en el Fondo de Ordenación, aunque se mantenía bajo ‘secreto’ cuáles son para evitar que su publicidad juegue en contra de su recuperación financiera.

El cambio metodológico

Mientras tanto, el Gobierno está pendiente de publicar los primeros resultados del periodo medio de pago a proveedores de las administraciones tras la adaptación de la metodología de cálculo de los pagos realizados y las transacciones pendientes, llevada a cabo por exigencia de la UE. La publicación de los datos estaba prevista para el mes de junio.

En la trastienda de estas cifras está el Real Decreto aprobado al cierre del pasado año que adelantaba con carácter general el punto de partida para calcular el periodo de pago: retrocedía desde la entrada de la factura al registro administrativo al momento de la aprobación de los certificados de obras o documentos que respaldan la conformidad con los bienes y servicios suministrados.

En la práctica, esto se traduce en que ahora se empieza a contar el periodo de pago desde la prestación del servicio o la entrega de la mercancía por parte de los proveedores, y no como se había venido haciendo desde la fecha de la factura, trascurrido un plazo máximo de 30 días naturales.

De esta forma, la nueva metodología debería llevar en muchos casos a plazos de pago más dilatados, al arrancar su reconocimiento en momentos previos a los previstos hasta ahora.

De hecho, con los datos de mayo, y descontando el efecto distorsionador de los ayuntamientos con problemas, el periodo medio de pago habitual ha pasado de los 13-15 días a los 24 días, en situación de cumplimiento, por tanto, pero cerca de los 30 días.

¿Qué opina Hacienda?

Por eso, en último término, podría darse la aparición de “comportamientos estratégicos en forma de extensiones artificiales de los periodos de aprobación y conformidad» que «pueden tratar de mostrar una aplicación artificialmente baja». En román paladino, sería un retraso ficticio del momento en el que se empieza a contar el periodo medio de pago para reducirlo.

Esta previsión se recoge en un documento de trabajo firmado por la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local del Ministerio de Hacienda, que añade: “Este problema es, por lo tanto, un nuevo desafío que probablemente requerirá monitoreo de cerca las etapas anteriores a la aprobación y la conformidad”.

El factor electoral

Y es que la literatura sobre la morosidad de las administraciones que se incluye en el informe descrito indice en que, entre otros factores, como la solvencia de los ayuntamientos o la propia cultura de la morosidad, “los relacionados con el ciclo político también podrían desempeñar un papel en la explicación de los pagos atrasados ​​en las administraciones públicas”.

Explica el informe que ”las demoras pueden ocurrir cuando los gobiernos, utilizando los sistemas de contabilidad de efectivo, posponen los pagos para vender una posición financiera saludable”.  “En los años de elecciones, el gobierno actual puede pasar a la próxima administración un gran saldo de pagos pendientes sin recursos correspondientes para financiarlos”, añade.

En este sentido, el trabajo recuerda que ya hubo un aumento del periodo medio de pago a proveedores en las comunidades autónomas y ayuntamientos coincidiendo con las elecciones locales y regionales de 2015.

Siete años de control

Este control no es para nada nuevo. En todo caso es un intento por no echar al traste los esfuerzos llevados a cabo desde 2012 para reducir los altos niveles de morosidad alcanzados sobre todo en las comunidades autónomas y los ayuntamientos cuando, en los peores años de la crisis, no podían financiarse en los mercados y, en consecuencia, elevaron de forma alarmante los periodos medios de pago. Se trata, entre otros, del Plan de Pago a Proveedores.

Según el Banco de España, la deuda pública comercial agregada creció de 57.100 millones de euros (5,3% del PIB) a 87.300 millones de euros (8,1% del PIB) entre 2007 y 2011. En el caso de las comunidades autónomas y las entidades locales, su deuda representó el 75% del total en 2011.

 

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