EconomíaReunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF)

Montero saca adelante por segunda vez la nueva senda de déficit entre las CCAA

Solo suma el apoyo adicional de Valencia a cambio de 850 millones y vuelve a topar con el rechazo de las CCAA del PP

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Montero saca adelante por segunda vez la nueva senda de déficit entre las CCAA
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Europa Press

Resumen:

El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) ha aprobado por segunda vez la nueva senda de déficit para los próximos años propuesta por el Gobierno previa negociación con Bruselas, que amplía el objetivo de las comunidades autónomas para este año en unos 2.500 millones, del 0,1% al 0,3% del PIB.

En la anterior votación, el pasado 19 de julio, el Gobierno también logró sacar adelante su propuesta con la oposición en bloque de las comunidades autónomas del PP. Este frente anticipó lo que ocurriría después en el Congreso de los Diputados: PP y Ciudadanos lograron tumbar la senda de déficit con la abstención cómplice de Podemos y las fuerzas catalanas.

En esta ocasión, tras una sesión celebrada por vía telemática, el Gobierno ha vuelto a toparse con la oposición principalmente de las comunidades autónomas gobernadas por el PP. La diferencia es que el Ejecutivo se encuentra en plenas negociaciones con Podemos –esta misma tarde celebrarán una reunión con una delegación de la formación morada encabezada por su secretario de Organización, Pablo Echenique–, y espera sumar su apoyo parlamentario al recibido del PNV. Con esa intención, también mantiene contactos con las minorías catalanas.

El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) ha aprobado por segunda vez la nueva senda de déficit para los próximos años propuesta por el Gobierno previa negociación con Bruselas, que amplía el objetivo de las comunidades autónomas para este año en unos 2.500 millones, del 0,1% al 0,3% del PIB.

En la anterior votación, el pasado 19 de julio, el Gobierno también logró sacar adelante su propuesta con la oposición en bloque de las comunidades autónomas del PP. Este frente anticipó lo que ocurriría después en el Congreso de los Diputados: PP y Ciudadanos lograron tumbar la senda de déficit con la abstención cómplice de Podemos y las fuerzas catalanas.

Debido a este rechazo, el Gobierno se vio obligado a plantear de nuevo una senda de consolidación fiscal en el plazo de un mes, de acuerdo con la Ley de Estabilidad Presupuestaria, tal y como ha hecho hoy, aunque manteniendo el planteamiento inicial.

En esta ocasión, tras una sesión celebrada por vía telemática, el Gobierno ha vuelto a toparse con la oposición principalmente de las comunidades autónomas gobernadas por el PP.

La diferencia es que el Ejecutivo se encuentra en plenas negociaciones con Podemos –esta misma tarde celebrarán una reunión con una delegación de la formación morada encabezada por su secretario de Organización, Pablo Echenique–, y espera sumar su apoyo parlamentario al recibido del PNV. Con esa intención, también mantiene contactos con las minorías catalanas.

En cualquier caso, de superar el trámite en el Congreso de los Diputados, el Gobierno tendrá que superar después la votación en el Senado, donde el PP tiene mayoría y ya ha avanzado que mantendrá la misma postura de oposición.

A partir de ahora, el Gobierno aprobará la nueva senda de estabilidad presupuestaria, previsiblemente el viernes en Consejo de Ministros, incluido el límite de gasto no financiero, en el conocido acuerdo de techo de gasto. Este deberá trasladarse nuevamente a las Cortes Generales para su debate y posterior votación de los objetivos de estabilidad.

Han vuelto a votar a favor de la nueva senda de déficit Andalucía, Extremadura, Baleares, Castilla-La Mancha, Asturias, Aragón, todas ellas socialistas, y Cantabria; y han votado en contra las gobernadas por el PP (Madrid, Castilla y León, La Rioja, Galicia y Murcia) y Canarias. Por su parte, la Comunidad Valenciana ha cambiado la dirección del voto, y ha pasado de la abstención al sí. Cataluña no ha participado tampoco en esta reunión y País Vasco y Navarra se rigen por su propio régimen foral.

En realidad, el éxito de la votación se presuponía en tanto que el Gobierno cuenta con un voto ponderado que vale por el 50% del total. En todo caso, el apoyo de la Comunidad Valenciana viene a suponer un cierre de filas de los barones socialistas.

Los argumentos expuestos por los consejeros autonómicos que han votado en contra se refieren de nuevo a que un incremento del margen de déficit no beneficia a comunidades saneadas como la Comunidad de Madrid, puesto que, al no variar la regla de gasto –el límite de los desembolsos vinculado al crecimiento potencial del PIB–, su capacidad de gastar parte de ese margen desaparece.

Otras comunidades, como la de Murcia, reiteran que incrementar el margen del déficit solo lleva a aumentar la deuda de las comunidades autónomas menos saneadas para poder gastar más, y que la verdadera solución recae en la reforma del sistema de financiación autonómica. Por último, otras como Galicia, han afeado el descenso de ingresos que recibirán las comunidades en 2019 por la falta de liquidación de una mensualidad correspondiente al IVA de 2017, derivada de la entrada en vigor del Suministro Inmediato de Información (SII).

Montero suma a Valencia por 850 millones

La novedad la ha marcado la Comunidad Valenciana, que ha decidido dar su apoyo al Gobierno después de haberse abstenido en la votación del pasado mes de julio. La razón para este cambio es que la comunidad que preside Ximo Puig se beneficiará de medidas por importe de 850 millones de euros, entre las que destaca la asunción por parte del Estado de la deuda de 350 millones pendiente de la Copa América de Vela de 2007.

Según ha anunciado el propio Puig, la reunión de esta mañana ha supuesto un “avance sustancial” tanto para la región valenciana como para el resto de CCAA y es una “respuesta a un cambio de actitud”, informa Europa Press.

El acuerdo alcanzado con el Ejecutivo contempla también que un aumento del déficit autorizado que supondrá 245 millones de euros para la Comunidad, un cambio respecto al IVA que supondrá otros 250 millones de euros, y la refinanciación 1.000 millones de euros de la deuda de la comunidad.