El Gobierno Vasco ha anunciado hoy que el Tribunal Constitucional ha respaldado la mayor parte del articulado de la Ley Vasca de Vivienda, entre los que se incluye la pretensión de que los ayuntamientos y el propio Ejecutivo vasco puedan iniciar procesos de expropiación de pisos que se consideren que están deshabitados. La norma que ahora recibe el visto bueno del Alto Tribunal también contempla que se pueda imponer un canon de hasta 10 euros por metro cuadrado para los pisos deshabitados.

En ambos casos se considera que de este modo se pretende incentivar o en su caso penalizar el incumplimiento del uso social de una vivienda. La medida se considera como extrema si una vez que se ha iniciado un proceso para incentivar, bien su venta, bien su alquiler el propietario continúa sin hacerlo ni haciendo uso de ella.

De este modo, la ley –aprobada en 2016- que fue recurrida por el PP al considerar que se extralimitaba en sus funciones, salva gran parte de los artículos cuestionados. Así, sólo han sido definitivamente suspendidos tres de los 13 artículos cuestionados. Entre ellos figura el que contemplaba permitir a la administración la expropiación a las entidades financieras de viviendas inmersas en procesos de desahucio.

Los pisos tendrán que estar deshabitados más de dos años sin razones que lo justifiquen. El TC impide expropiar pisos de desahucio a los bancos

El Gobierno de Urkullu ya ha anunciado su intención de elaborar un registro de viviendas deshabitadas y por tanto potencialmente expropiables. El consejero de Vivienda, Iñaki Arriola ha advertido que la consideración de vivienda deshabitada está limitada por condicionantes muy “garantistas”. Así, para que un piso pueda ser considerado como tal deberá reunir varios requisitos, como el haber superado los dos años sin utilización alguna, no estar a la venta o al alquiler o no encontrarse en esa situación por un traslado por motivos justificados como laborales o de salud. Además, la Ley vasca de vivienda es pionera en otros aspectos como el reconocimiento del derecho subjetivo a una vivienda.

Arriola ha añadido además que los procesos de expropiación en ningún caso se llevarían a cabo de modo automático, sino previa audiencia con el propietario y siempre que el inmueble se encuentre en una zona con una fuerte demanda y una baja oferta de un bien esencial como es la vivienda y que cumple una importante función social. Con la ley, asegura el Gobierno –que ya trabaja en un reglamento- se facilitan a las administraciones instrumentos para incentivar su ocupación y penalizar su falta de uso.