Padres con su hija cruzando un paso de cebra. EFE

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El permiso de paternidad de 16 semanas, en la incubadora

La extensión del permiso de paternidad de cinco a 16 semanas sugerido por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la última semana tiene algo de parto prematuro.

Tras el tímido anuncio del jefe del Ejecutivo, la creencia de que en 2019 podría haber ya un permiso de cuatro semanas para los nuevos padres se precipitó y ya estaba en la mente de muchos.

Sin embargo, una vez alumbrada la idea, su implementación en las empresas llevará su tiempo. El Gobierno y Podemos prevén dejarla madurar en el diálogo social con patronal y sindicatos antes de adoptar una decisión en firme. Habrá que dejarla un tiempo, por tanto, en la incubadora.

Sánchez avanzaba el pasado domingo 7 de octubre que los Presupuestos para 2019 recogerían una “apuesta clara” por la equiparación de los permisos de maternidad y paternidad. Realizaba el anuncio en una intervención sin preguntas y por ello la cosa quedó ahí.

Sin embargo, sus palabras fueron suficientes para que horas más tarde cundiera en buena parte de los medios de comunicación y de la opinión pública el convencimiento de que todos los futuros padres de España contarían con 16 semanas de permiso y que incluso, aunque en menor medida, podría ser ya en 2019.

Tal creencia tenía su fundamento, en parte, en que el Gobierno, ya en los primeros compases de las negociaciones con Unidos Podemos para atraer sus apoyo a los Presupuestos, puso encima de la mesa la posibilidad de llevar a cabo esta equiparación en el sector público, para disfrute únicamente de los empleados públicos.

Unidos Podemos, en coherencia sobre todo con una proposición de Ley aprobada el pasado mes de junio por unanimidad en el Congreso de los Diputados que contemplaba esta equiparación para todos los trabajadores, receló de esa oferta y exigió que se ampliara también al sector privado.

En los días siguientes se dispararon los cálculos. A las puertas de la Comisión del Pacto de Toledo, el secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, comentaba el miércoles, sin entrar en detalle, cuál podría ser el impacto de una medida así.

Aseguraba que su retorno no sería económico, ni tampoco en forma de un aumento de la tasa de natalidad. “Nadie tiene más hijos por tener un permiso de paternidad de 16 semanas”, decía. En cambio, ponía en valor que la equiparación era algo inexorable y que sería clave para introducir en los hogares una cultura de la igualdad entre hombres y mujeres.

La medida sugerida por Sánchez, se daba, por tanto, por hecho. Tanto es así que, preguntado por si se acometería ya en 2019, Granado, sin entrar en detalles, no consideraba que esa fuera a ser la pauta.

Por el lado de los gastos, las estimaciones realizadas con el coste previsto por cada semana de ampliación en el Presupuesto de 2018 –116 millones por cada semana más—avanzaban un gasto adicional de 1.200 millones de euros en el momento en el que la equiparación se aplicase en toda su amplitud.

¿Y en qué plazo se haría? Previsiblemente en tres años, el mismo previsto para ya para la equiparación de permisos en el caso de los empleados públicos.

Una redacción ambigua

Solo quedaba entonces esperar a ver cómo se concretaría este compromiso en el acuerdo entre Podemos y PSOE y, posteriormente, en el Plan Presupuestario de 2019 que el Gobierno remitirá a Bruselas antes de que expire el plazo límite del 15 de octubre.

Una vez conocido el documento, la redacción del punto correspondiente al permiso de paternidad, es a todas luces farragoso y ambiguo, como admiten fuentes gubernamentales.

En una suerte de preámbulo, el texto indica que «una reivindicación constante de la sociedad actual es establecer medidas que, en el marco de la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, favorezcan un reparto equilibrado de responsabilidades familiares y personales entre mujeres y hombres, así como el fomento de la corresponsabilidad, de cara a la consecución de una igualdad real que permita superar el desempleo femenino y la brecha salarial que afecta negativamente a las mujeres”.

Una extensa declaración de intenciones, por tanto, que prosigue diciendo que las partes buscan “tanto el reconocimiento de un derecho laboral individual para cada persona progenitora en igualdad de condiciones, como el cambio sociocultural que supone una responsabilidad común del cuidado de las hijas e hijos durante el primer año de vida”.

El acuerdo PSOE-Podemos traslada la equiparación en las empresas al diálogo social

Y solo entonces la redacción entra en materia señalando que “la equiparación del permiso por paternidad deberá establecerse en términos de igualdad, intransferibilidad y remuneración al 100%”, a lo que añade que “así se reflejará en la Ley de Presupuestos Generales del Estado”.

Sin embargo, cuando parece que todo está cerrado, llega el aviso. En ese punto, el texto señala que “la equiparación de estos permisos conlleva costes económicos, dado que, a causa de su duración, serán necesarias sustituciones”.

Porque mientras el permiso ha sido de menos de un mes o de cinco semanas como en el último año, la posibilidad de cubrir la baja de los progenitores con más carga de trabajo para sus compañeros era en la mayoría de los casos la primera opción para las empresas. Sin embargo, ¿se puede prescindir de un empleado durante cuatro meses sin sustituirle?

En el caso de las madres, así se suele hacer también, pero en las empresas en las que comparten plantilla hombres y mujeres, la cosa ahora se complica.

Las vueltas del Gobierno

En el caso del sector público, en el que el Estado, las comunidades autónomas o los ayuntamientos son los empleadores, el acuerdo señala que, “para adecuar su implantación a la suficiencia financiera necesaria”, la equiparación de los permisos de paternidad y maternidad se llevará a cabo ampliando el primero a ocho semanas en 2019, a 12 semanas en 2020 y a 16 semanas en 2021.

“Esta medida, que se incorporará a los correspondientes convenios colectivos, se realizará en diálogo con comunidades autónomas y ayuntamientos, y como complemento al reciente acuerdo sindical para la mejora del empleo público de marzo de 2018”, relata el acuerdo.

¿Y qué pasa en el sector privado? El Gobierno hace una acotación importante. Señala que “igualmente se planteará en la mesa del diálogo social para que el sector privado establezca una estrategia de avances en la misma línea con un cronograma consensuado”.

Parecería, por tanto, que la equiparación de los permisos de padres y madres en las empresas privadas tendrá que esperar a lo que decidan la patronal y los sindicatos, de acuerdo con el Gobierno.

En tanto que ocho semanas de permiso de paternidad podría empezar a poner ‘en aprietos’ a las empresas, cabe pensar que la postura de la patronal podría ser favorable a la ampliación de los permisos, pero exigente en la demanda de algún tipo de contrapartida o ‘ayuda’ para las empresas.

Fuentes del Ministerio de Hacienda precisan, sin embargo, que el “compromiso” del PSOE y Podemos es que los Presupuestos de 2019 incorporen un calendario de equiparación de los permisos tanto en el sector público como en el privado. Pero, admiten que la intención es que la medida cuente con la “complicidad” del diálogo social.

Un paso que no es imprescindible, pero que el Gobierno se está negando a saltarse en otras materias, como es la de las pensiones.

Por lo pronto, es cierto que el presupuesto de gasto estimado para este próximo año es de 300 millones, lo que concuerda con un desembolso de unos 100 millones de euros por cada semana de más calculado en 2018 contando tanto con el sector privado como con el público.

No obstante, sea como fuere, lo cierto es que el Gobierno no llevará la equiparación directamente a los Presupuestos, sino que pasará el trámite del diálogo social, una suerte de incubadora. En adelante queda por ver si ese paso es eso, un puro trámite, o implica algo más.

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