El proceso de instrucción sobre la caída de Popular sigue avanzando y en los últimos días se ha conocido información adicional procedente del BCE sobre las últimas horas del banco, antes de su colapso y venta exprés a Santander el 7 de junio de 2017. Fernando Andreu decidió levantar el secreto sobre la pieza separada y confidencial que formó con información remitida por el banco central en la causa que investiga. Las conclusiones de estos documentos apuntalan la tesis de la asfixia de la entidad por falta de liquidez, pese a que la propia institución confirmó su solvencia en la antesala de su resolución.

El Banco de España señala en informes que intercambió con el BCE durante los días previos y posteriores al colapso de Popular ciertas irregularidades en la petición de liquidez extraordinaria (ELA). Al mismo tiempo, confirma la fuga de depósitos tras la publicación de noticias y rumores sobre la situación del banco y sus perspectivas. Y sobre la solvencia, el propio BCE acredita que Popular cumplía los ratio de capital exigibles antes de su liquidación.

El 4 de mayo de 2017, el día previo a que Popular presentase los resultados trimestrales, el supervisor español advierte al BCE de que la presentación de cuentas podría activar la petición de un ELA. «A lo largo de abril la entidad ha sido sensible a la aparición de noticias y rumores sobre su situación y perspectivas […]. Dada su posición actual de liquidez, cabe la posibilidad de que ese mismo día [en alusión al 5 de mayo] o el lunes siguiente la entidad solicite una provisión urgente de liquidez (ELA) por una cantidad inferior a 2.000 millones de euros».

En abril y mayo de 2017 Popular perdió de media depósitos por importe de entre 200 y 300 millones cada día

A partir de ese momento, se sucedieron varias reuniones para gestionar la solicitud de liquidez y las garantías que debían aportarse. El 23 de junio, dos semanas después de la resolución, la institución que lidera Pablo Hernández de Cos realizó un informe explicando las causas irregulares por las que Popular no pudo acceder a los fondos, así como los motivos de la masiva salida de ahorro.

«Entre los días 5 y 7 de junio de 2017 el Banco de España proporcionó a Popular una Provisión Urgente de Liquidez», indica en un comunicado a la institución Europea. Para contextualizarla, el regulador español cita varios acontecimientos.

«El 20 de febrero tuvo lugar una reunión extraordinaria del consejo de administración en la que se hizo efectivo el cambio en la presidencia del mismo […]. Dicha decisión había venido precedida de un periodo de continuas noticias en los medios que reflejaban tensiones importantes en el consejo […]. El día 10 abril tuvo lugar la junta de accionistas en las que se aprobaron las cuentas anuales de 2016, que finalmente no fueron reformuladas. Se nombraron nuevo consejero delegado y nuevo director financiero y se sustituyeron algunos otros consejeros. En el turno de preguntas, el nuevo presidente [en alusión a Emilio Saracho] habló de una posible ampliación de capital o de posibles operaciones corporativas sin concretar más datos», explica el Banco de España.

Los días 5 y 7 de junio Popular recibió liquidez de urgencia pero contaba con garantías adicionales para haber recibido más dinero

«Los días 6 (DBRS), 7 (S&P) y 21 (Moody’s) de abril tuvieron lugar sendas rebajas de la calificación crediticia de la entidad. Durante los primeros días del mes de mayo, varios medios hablaron de la venta urgente de la entidad, de su riesgo de quiebra y de que habría solicitado fondos a otras entidades ante las salidas masivas de liquidez […]», añade.

Confirma que «la entidad comenzó el año 2017 con una situación de liquidez holgada conforme a su propia métrica […]. En los meses de abril y mayo se produjo una continua y creciente salida de depósitos […] de alrededor de 200 millones diarios en abril y 300 millones en mayo […] Algunos días se produjeron salidas de 800 millones. Una parte significativa se registró en la partida en la que se reflejan normalmente movimientos correspondientes a los grandes clientes».

Explica que, según la información proporcionada por Popular, el 25 de mayo su segunda línea de liquidez se situó en 2.708 millones, «significativamente por debajo de 3.000 millones, que era el umbral que se había marcado internamente para una eventual solicitud de ELA».

A principios de 2017, la situación de liquidez del banco era «holgada» y cumplía los ratio de capital exigibles

Una vez el Banco de España había entrado a analizar la situación de liquidez y solvencia, éste solicitó al BCE que analizará la documentación remitida sobre la situación de Popular. Éste se pronuncio señalando, en una comunicación remitida el 5 de junio, dos días antes de la resolución, que el banco cumplía los niveles regulatorios de capital pese a que entre el 31 de marzo y el 1 de junio la base de depósitos había descendido en un 70%.

«El banco ha sufrido salida de flujos de dinero que ha deteriorado severamente su base de depósitos (a 11.700 desde 76.700 millones) y su capacidad de contraparte (7.800 millones desde 11.300 millones). Golpeado por el deterioro de su reputación por la cobertura mediática y el anuncio de su necesidad de ampliar capital o realizar una operación corporativa por su deteriorada situación financiera, junto al impacto de las bajadas de ráting, la salida de depósitos de más de 500 millones en un sólo día repetidas veces y en un contexto de reducción de financiación con un colchó limitado de liquidez», apuntaba el BCE. Aun así, el regulador europeo subraya que cumplía los requisitos mínimos de capital exigidos», según la definición de solvencia en el acuerdo de ELA en términos en Equity Tier 1, Tier 1 y Total Capital Ratio.

Junto a ello, el Banco de España llama la atención ante el BCE por la falta de garantías aportadas para la adjudicación del ELA.

 «En el proceso de fiscalización y revisión de las garantías, Intervención [área del Banco de España] detectó que no se especificaban en todos los casos los datos de inscripción de los préstamos hipotecarios en el registro de la propiedad. El departamento jurídico confirmó […] que los datos de inscripción registral deben formar parte de la información que, como mínimo, debe constar en los títulos de los CTH (Certificado de Transmisión Hipotecaria)», explica el Banco de España al BCE.

El día de la resolución, Popular podría haber abierto sus oficinas al contar con 600 millones de saldo positivo

«Como estos CTH no cumplían los requisitos […] pasadas las 1.30 del martes 6 de junio, la entidad se comprometió a subsanar los defectos detectados a la mayor brevedad», añade. A la 1.53 se le inyectaron a Popular 700 millones adicionales a los 1.900 prestados con anterioridad. La entidad ordenó otra disposición de 900 millones, que se abonaron horas más tarde.

Y continúa: «El martes deberían haberse formalizado también garantías adicionales a partir de la cartera de más de 70.000 préstamos y créditos a personas físicas […]. La entidad, sin embargo, continuaba experimentando dificultades para aportar de forma adecuada toda la información necesaria para que se pudiesen validar los préstamos y créditos […]».

Popular se autodeclaró en quiebra antes de que el BCE la calificase de entidad failing or likely to fail

El supervisor sigue explicando que hubo inyección adicionales que hubieran permitido abrir las oficinas de Popular, la mañana en la que fue adquirido por Santander, «con un saldo positivo de algo menos de 600 millones que permitía al menos disponer de un colchón para comenzar el nuevo día mientras iban formalizando garantías adicionales».

La entidad no había logrado subsanar la situación de patrimonio negativo de Alisada y Can Vives ya que, como explicó, «estaban pendientes de inscripción en el registro mercantil las ampliaciones de capital realizadas para la cancelación de los préstamos participativos». El Banco de España señala que «tampoco facilitó el informe solicitado sobre los requisitos y formalidades bajo derecho estadounidense para la válida constitución de una garantía sobre acciones de Total Bank».

Al cierre del martes 6 de junio, Popular tenía garantías para ELA por valor efectivo total después de los recortes de 3.902 millones y había dispuesto de un total de 3.800 millones de liquidez de urgencia. Sin embargo fue declarada entidad  failing or likely to fail y entró en proceso de resolución.

El Banco de España subraya que «la propia entidad cursó una carta de MUS (Mecanismo Único de Supervisión) previamente a la declaración oficial por parte de éste, autocalificándose entidad failing or likely to fail».