La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha abierto un expediente administrativo sancionador al expresidente del Banco Popular Ángel Ron y su equipo por una infracción “muy grave” al suministrar datos inexactos o no veraces en las cuentas anuales de 2016.

Sin embargo, el mismo supervisor informa en un comunicado remitido el viernes que ha decidido suspender la tramitación de dicho expediente al haber un proceso penal abierto por los mismo hechos, informa Efe. 

El Comité Ejecutivo de la CNMV, en su reunión del pasado día 11 de octubre de 2018, acordó incoar un expediente administrativo sancionador por infracción “muy grave” a Banco Popular, así como a los consejeros ejecutivos, los miembros de su comisión de auditoría y a su director financiero cuando se publicaron las cuentas de 2006.

El expediente al que se hace referencia se circunscribe a los aspectos de las cuentas anuales de 2016 a los que se refirió la comunicación de información relevante efectuada por la entidad el 3 de abril de 2017.

Ese día la entidad anunció a primera hora que introducía ajustes de hasta 630 millones de euros en las cuentas de 2016, tras una auditoría interna a su cartera de crédito y la operativa de la ampliación de capital.

El banco calculaba entonces que bastarían entre 500 y 550 millones y que ese ajuste se recogería durante el primer semestre de ese año, por lo que consideraba que no sería necesario reformular las cuentas de 2016.

Ahora, dos años y medio después, y cuando han pasado dos veranos desde que Banco Popular tuvo que ser intervenido y vendido al Banco Santander por el precio simbólico de un euro, la CNMV considera que el equipo de aquel entonces suministró información financiera con datos inexactos o no veraces.

Ron: “El informe tiene contenido calumnioso”

Ángel Ron, por su parte, ha respondido al informe de la CNMV señalado que “se trata del mismo informe que en su día se aportó por la CNMV a la Audiencia Nacional” y que “vulnera los más elementales derechos a la defensa a ser oído, a la presunción de inocencia, al procedimiento legalmente establecido y con garantías, a mi derecho al honor y a la buena imagen y se ha llevado a cabo sin ningún tipo de investigación, instrucción o prueba contradictoria, que permita las graves acusaciones que contiene”.

El expresidente de Popular asegura que “tiene contenido calumnioso” y que “no constituye ni deriva de ningún tipo de resolución, para la cual se haya seguido procedimiento alguno de investigación, por lo que su publicación, no tiene más finalidad, ni interés que el de desacreditar a las personas, a una entidad y a un Consejo, cuando todos los documentos que obran en las diligencias penales ponen de manifiesto, que tanto por mi parte, como por la entidad y su ógano de administración, se ha actuado de manera íntegra, transparente, legal, y de acuerdo a normas y directrices de los órganos supervisores”.

Ron sostiene que la publicación por parte de la CNMV no constituye obligación legal alguna y que desconoce cuál es el interés o el fin último de esta publicación. Asimismo, apunta que se reserva acciones legales pertinentes en defensa de su honor.

En definitiva, resume el ejecutivo, “las cuentas del 2016 expresaban la imagen fiel de la entidad y por tanto niego categóricamente la acusación velada de falsedad de las mismas”.

Cabe recordar, añade el directivo, que “la ampliación de capital fue asesorada legalmente por quien hoy preside la CNMV y que las cuentas de ese año fueron ratificadas por los auditores y los reguladores; así como, que en el Acta del Consejo, celebrado el 2 de abril de 2017, que he conocido con posterioridad, consta la intervención, conocimiento, supervisión y visto bueno de la CNMV, para el sometimiento de las mismas cuentas, con la calificación de reexpresión no significativa a la Junta General de Accionistas del 10 de abril, bajo la presidencia del Sr. Saracho y que se aprobaron con más del 93% y con el 98%, la gestión social”.