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Las eléctricas reclaman al Gobierno 10 euros por cada cliente por gestionar el bono social

Las comercializadoras eléctricas piden incluir como parte de sus márgenes que fija el Ejecutivo 9,7 euros por cada usuario acogido a la tarifa regulada de la luz.

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Las eléctricas reclaman al Gobierno 10 euros por cada cliente por gestionar el bono social

Europa Press

Resumen:

as cinco grandes eléctricas (Endesa, Iberdrola, Naturgy, EDP y ahora también Repsol tras las compra de Viesgo) están obligadas a ofrecer la tarifa eléctrica regulada a sus clientes. El Gobierno fija cada año el margen de comercialización que deben recibir cada compañía por gestionar este tipo de tarifa y cada año las eléctricas se quejan de que esa retribución es tan baja que no sirve para cubrir sus costes.

El Ministerio para la Transición Ecológica aún no ha determinado cuál será el margen que cobrarán las comercializadoras de referencia (así que es como se llaman las filiales de las grandes eléctricas para el negocio regulado) y simplemente ha prorrogado el de 2018 hasta que lo haga. El margen actualmente está fijado en algo más de 4 euros por kilovatio (kW).

La patronal de las eléctricas Aelec (antigua Unesa) tradicionalmente ha reclamado, sin éxito, que esa retribución se sitúe por encima de los 6 euros por kilovatio. Ahora además, la asociación que agrupa a los cinco grandes grupos eléctricos reclama al Gobierno que en el margen que ha de establecerse para 2019 se incluyan también los costes que les supone la financiación y la tramitación del bono social de la luz, el programa de descuentos en el recibo para hogares vulnerables.

Aelec ha exigido al Ministerio para la Transición Ecológica que se le reconozca un “coste adicional” al margen comercial para cubrir esos costes derivados del bono social y que la patronal eléctrica calcula que se sitúa en 9,7 euros por cada cliente acogido a la tarifa regulada (o su equivalente a euros por kilovatio), según se recoge en las alegaciones presentadas por la asociación a la orden de peajes diseñada por el Ministerio y a la que ha tenido acceso El Independiente.

Actualmente son algo más de 11 millones los clientes acogidos a la tarifa regulada, denominada Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC), así que supondría una inyección de algo más de 100 millones de euros en conjunto. Las grandes eléctricas, además de seguir reclamando una mejora del margen de comercialización, reclama que se incluya esa mejora adicional por los costes sobrevenidos por gestionar el nuevo bono social.

Las cinco grandes eléctricas (Endesa, Iberdrola, Naturgy, EDP y ahora también Repsol tras las compra de Viesgo) están obligadas a ofrecer la tarifa eléctrica regulada a sus clientes.El precio de la tarifa depende de la evolución del mercado eléctrico y de otra parte que establece el Gobierno, que también fija cada año el margen de comercialización que debe recibir cada compañía por gestionar este tipo de tarifa y que cada año hace que las eléctricas se quejen de que esa retribución es tan baja que no sirve para cubrir sus costes.

El Ministerio para la Transición Ecológica aún no ha determinado cuál será el margen que cobrarán las comercializadoras de referencia (así que es como se llaman las filiales de las grandes eléctricas para el negocio regulado) el próximo año y simplemente ha prorrogado el de 2018 hasta que lo haga. El margen actualmente está fijado en algo más de 4 euros por kilovatio (kW), un importe del que se quejan amargamente las empresas.

La patronal de las eléctricas Aelec (antigua Unesa) tradicionalmente ha reclamado, sin éxito, que esa retribución se sitúe por encima de los 6 euros por kilovatio. Ahora, además, la asociación que agrupa a los cinco grandes grupos eléctricos reclama al Gobierno que en el margen que ha de establecerse para 2019 se incluyan también los costes que les supone al menos parte de la financiación y la tramitación del bono social de la luz, el programa de descuentos en el recibo para hogares vulnerables.

Aelec ha exigido al Ministerio para la Transición Ecológica que se le reconozca un “coste adicional” al margen comercial para poder cubrir esos costes derivados del bono social. Unos costes extra que la patronal eléctrica calcula que en 9,7 euros por cada cliente acogido a la tarifa regulada (o su equivalente en euros por kilovatio), según se recoge en las alegaciones presentadas por la asociación a la orden de peajes diseñada por el Ministerio y a la que ha tenido acceso El Independiente.

Actualmente son algo más de 11 millones los clientes acogidos a la tarifa regulada, denominada Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC), así que incluir en su retribución ese sobrecoste supondría una inyección de algo más de 100 millones de euros en conjunto. Las grandes eléctricas, además de seguir reclamando una mejora del margen de comercialización, piden ahora que se incluya esa mejora adicional por los costes sobrevenidos por gestionar el nuevo bono social.

El bono social de la luz, el programa que busca paliar los efectos de la pobreza energética con descuentos en el recibo de la luz para hogares vulnerables, actualmente es financiado por todas las comercializadoras, hasta un total de más de dos centenares. Las eléctricas del mercado libre pueden repercutir el coste del bono social directamente a sus clientes (algunas, de hecho, lo incluyen abiertamente como un concepto más de la factura mensual), pero no lo pueden hacer las comercializadoras de referencia. Por eso Aelec reclama un reconocimiento especial a través del margen fijado por el Gobierno.

El anterior Gobierno aprobó un nuevo bono social que vinculaba más directamente la recepción de las ayudas con la renta de los hogares, con descuentos de entre el 25% y hasta el 100% en los recibos de luz en función del grado de vulnerabilidad de cada hogar. Ya el Ejecutivo de Mariano Rajoy tuvo que ampliar el plazo para renovar el bono social por el bajo número de solicitantes y revisar la tramitación por lo muy engorrosa que resultaba. El nuevo Gobierno de Pedro Sánchez revisó de nuevo los trámites y amplió las condiciones de protección para algunos colectivos.

Las grandes eléctricas se quejan no sólo de financiar cerca del 98% del total del coste del programa (en torno a 220 millones de euros al año en total), sino también de los costes que le genera la tramitación administrativa del mismo, con personal y recursos destinados expresamente a su gestión.