Las eléctricas se preparan para abrir un nuevo frente legal contra el Gobierno… o para reabrirlo. Las grandes compañías eléctricas recurrirán ante el Tribunal Supremo la nueva metodología establecida por el Ministerio de Energía para calcular el margen de comercialización de la tarifa regulada de la luz, porque consideran que con la fórmula actual, la retribución es tan baja que no sirve para cubrir sus costes.
La batalla legal viene de lejos. El Gobierno, de hecho, ha aprobado la nueva metodología de cálculo porque el Tribunal Supremo tumbó el margen de comercialización fijado tras los recursos de varias de las cinco eléctricas (Iberdrola, Endesa, Gas Natural Fenosa, EDP España y Viesgo) que ofrecen la tarifa regulada, el denominado Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC).
Las compañías ultiman los recursos que presentarán en el TS contra el nuevo margen de comercialización
Entonces el Supremo anuló en noviembre de 2015 el margen fijo de comercialización que el Gobierno había establecido en 4 euros por cada kilovatio (kW) de potencia contratado y le exigió que estableciera una metodología de cálculo, no sólo una cantidad fija no justificada por criterios técnicos.
El Gobierno no ha aprobado esa nueva metodología hasta hace un par de semanas, más de un año después del dictamen del Supremo. El Ministerio de Energía ha establecido que las cinco eléctricas cobren una cantidad fija de 3,113 euros y una variable en función de la evolución del consumo realizado y de la evolución de los precios del mercado eléctrico mayorista. Al final, con la nueva fórmula las filiales comercializadoras de las grandes eléctricas siguen cobrando actualmente poco más de los 4 euros por kW.
Retribución insuficiente
Una retribución que las compañías consideran insuficiente, y según las estimaciones de los grupos para cubrir los costes el margen de comercialización debería situarse por encima de los 6 euros por kilovatio. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el supervisor del sector, propuso al Gobierno una metodología para calcular el margen que lo elevaba hasta casi los 5,3 euros.
Las grandes eléctricas preparan ya sus recursos para tratar de tumbar de nuevo el margen de comercialización establecido por el Gobierno, denunciando la insuficiencia de la cantidad prevista como argumento jurídico. Fuentes del sector confirman a El Independiente que todas las compañías acabarán llevando la medida al Supremo y que la presentación de alguno de los recursos es inminente.
Un nuevo frente legal que se activará mientras las compañías también esperan a que el Gobierno publique en los próximos meses el reglamento que desarrolla el nuevo bono social para, previsiblemente, también recurrirlo ante el Supremo por volver a trasladar el coste del programa -unos 200 millones al año- otra vez a las eléctricas.
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