Gobierno y PSOE han cerrado un acuerdo para la reforma del bono social eléctrico, la única política de la Administración central que busca paliar los efectos de la pobreza energética. El acuerdo es a dos bandas, pero se han incluido in extremis algunas propuestas de Ciudadanos. El nuevo texto prohibirá a las eléctricas cortar el suministro de luz a los hogares «extremadamente vulnerables» y que estén siendo atendidos por los servicios sociales. Todas las partes abren la puerta a extender en el futuro la medida también al servicio de gas natural.

El pacto busca en paralelo resolver el problema más acuciante, el de crear un nuevo sistema de financiación del programa tras tumbarlo el Tribunal Supremo,  y a la vez reformar el contenido del bono social para hacerlo más efectivo contra la pobreza energética, ligando la posibilidad de acceder a él a las rentas de los hogares y ampliar la protección que reciben las familias en situaciones de vulnerabilidad extrema.

El coste del bono social, de en torno a unos 200 millones de euros, lo asumirán todas las empresas comercializadoras que operan en el mercado español, en total unas 200 compañías. Aunque seguirán siendo las cinco mayores empresas (Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, EDP y Viesgo) las que cargarán con cerca del 95% de la financiación necesaria. «Lo más acuciante era una nueva financiación, sin ella no se puede hacer nada más. Y también hay que eliminar los problemas jurídicos» para que no vuelva a tumbar la justicia, ha explicado el ministro de Energía, Álvaro Nadal, en la rueda de prensa de presentación del acuerdo.

Con el ‘permiso’ de los servicios sociales

El Consejo de Ministros aprobará este mismo viernes, o a más tardar el siguiente, un real decreto en el que se contenga la nueva financiación del bono social. Y el Ministerio dispondrá a partir de entonces de tres meses para la elaboración del reglamento que desarrollará las condiciones del nuevo bono social. En el reglamento se definirá los diferentes tipos de hogares vulnerables y se articulará el procedimiento que deberán seguir las compañías eléctricas para abordar estas situaciones y hacerlo de manera coordinada con los servicios sociales de las comunidades autónomas y los ayuntamientos.

El acuerdo de Gobierno y PSOE establece la prohibición de que las compañías eléctricas corten el suministro eléctrico a los hogares que estén siendo atendidos por los servicios sociales. Cuando se produce un impago, antes del corte de la luz han de pasar dos meses. Las compañías eléctricas tendrán que ponerse en contacto con los servicios sociales durante esos dos meses antes de proceder al corte de la luz, y no lo ejecutará si se confirma la situación de vulnerabilidad por parte de los servicios regionales o locales.

Hasta ahora el bono social sólo financia el descuento del 25% que se aplica en el recibo eléctrico de los beneficiarios. Pero la intención del Ejecutivo, PSOE y Ciudadanos es que el nuevo programa destine recursos a cofinanciar el coste que ahora asumen CCAA y ayuntamientos para hacerse cargo de los impagos de las facturas de los hogares más pobres.

«El objetivo es duplicar los fondos dedicados hasta ahora por comunidades y ayuntamientos a asumir las facturas impagadas destinando fondos del bono social», ha apuntado Nadal. Una medida que aún ha de negociarse con las administraciones autonómicas y locales, que son las que tienen asumidas las competencias de servicios sociales.

En paralelo, todas las partes pretenden incorporar medidas de protección también para casos de vulnerabilidad no tan extrema. El corte de suministro estará prohibido a los hogares más pobres atendidos por los servicios, pero se pretende incluir una flexibilización de los tiempos para proceder a la suspensión del servicio en hogares con problemas económicos no tan graves.

La actual definición del bono social da acceso al descuento a colectivos supuestamente vulnerables, pero con una definición tan general que entre los beneficiarios se encuentran clientes sin ningún problema económicos. Actualmente tienen derecho al bono las familias numerosas, los usuarios con una potencia contratada inferior a 3 kw, los receptores de pensiones mínimas y hogares con todos sus miembros en paro. el nuevo bono social pretende ligar el derecho de acogerse al programa al poder adquisitivo de los hogares y a la renta familiar.

Todas estas medidas son aplicables únicamente al servicio eléctrico. PSOE y Ciudadanos aspiran a ampliar la protección al suministro de gas natural, y aunque el Gobierno no lo descarta, apuesta por que la medida se adopte en todo caso a medio plazo.

Gresca política

El nuevo bono social surge inicialmente del acuerdo alcanzado por Gobierno y PSOE, que venían desde hace semanas negociando y que han sido los únicos que se han reunido hoy en el Congreso para cerrar el pacto. Al acuerdo finalmente se ha sumado in extremis y de manera indirecta también Ciudadanos, pero han quedado fuera el resto de formaciones a la espera de que quieran hacer aportaciones durante el desarrollo del reglamento o durante la tramitación parlamentaria para convalidar el texto.

El ministro Nadal había subrayado antes de la reunión que el PSOE era el único partido que había hecho aportaciones concretas y por escritas a la propuesta facilitada por el Gobierno y por eso iba a ser la única formación con la que pactaría el texto. No obstante, finalmente el propio Nadal ha rectificado y ha admitido que ayer por la noche Ciudadanos hizo llegar sus propuestas por escrito, y que algunas de ellas finalmente se han incluido en el borrador que se convertirá en el nuevo real decreto. La formación naranja, a pesar de haber incluido en el texto de las propuestas, ha hablado de muestra de «rancio bipartidismo» por cómo han manejado el acuerdo el Ejecutivo y el grupo socialista.

Gobierno y PSOE han afeado a Podemos que «sólo presente mociones, pero no propuestas». «Mientras algunos hacen manifestaciones públicas, otros venimos aquí a legislar para resolver problemas de la gente de manera urgente», ha sentenciado el ministro. «Nosotros nos pusimos a trabajar y otros a protestar», ha apuntado Antonio Hernando, portavoz de los socialistas.

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha asegurado, por el contrario, que su partido sí que ha hecho «propuestas concretas» al borrador elaborado por el Ministerio. «Nosotros no venimos a hacernos fotos, sino a ser útiles», ha dicho Iglesias.