El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, en su etapa como presidente de Airef.
El Gobierno ha vuelto a ligar las pensiones con el IPC en 2019. Lo hizo por la vía del decreto Ley el pasado mes de diciembre, evitando así que el rechazo a los Presupuestos, que ya entonces se vislumbraba, frustrara esa promesa electoral. Sin embargo, este cambio no se ha convertido en Ley.
De ser así, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) avisa de que la presión del gasto en pensiones sobre la deuda pública será colosal y requerirá de mucha disciplina fiscal y reformas adicionales para no alcanzar, en el peor de los escenarios, un nivel del 132% del PIB en un plazo de 30 años, más de 30 puntos porcentuales más que en la actualidad.
El organismo auditor incluye este aviso en su último Observatorio de Deuda, en el que realiza un ejercicio teórico de lo que podría suponer la vinculación de las pensiones con la inflación en tres escenarios diferentes.
El primer y más pesimista prevé que la deuda alcance el 132% del PIB. Se trata de un escenario improbable, pues implica una completa inacción del Gobierno durante tres décadas y un mantenimiento de los actuales niveles de déficit estructural y primario (sin contar con el coste de los intereses), pero que da la idea de lo que está en juego.
En ese supuesto, la Autoridad Fiscal estima que la presión sobre la deuda --el gasto se elevaría del 10,6% al 13,4% actual-- la mantendrá en el entorno del 90% del PIB, pero se acentuará a partir de los 30 años, como consecuencia de la jubilación de las cohortes del baby boom (nacidos entre 1959 y 1974). Con ese supuesto, a falta de medidas que lo compensen, se producirá una deriva de 50 puntos del PIB en 2048, que se verá amortiguada por otros factores como la menor presión de los precios.
En un escenario central, la situación mejora, pero siempre que se cumplan una serie de supuestos muy exigentes. En primer lugar, haría falta que las administraciones adoptaran medidas para reconducir el stock de deuda a los niveles de referencia --13% del PIB para las comunidades autónomas, y al 44% para la Administración Central y la Seguridad Social--. En ese caso, se podría estabilizar la deuda en el entorno del 75% del PIB. Ahora bien, este escenario exige superávit primarios cercanos al 2%, es decir, en niveles históricamente altos, y absorber el déficit estructural (actualmente en torno al 2%), para financiar el déficit de la Seguridad Social. Esto supone recortar más de 20.000 millones de euros.
Finalmente, AIReF plantea algunas fórmulas para lograr reconducir, aunque sea en un plazo de 30 años, la deuda pública al 60% del PIB, tal y como mandatan las reglas comunitarias. El esfuerzo sería enorme. Para empezar, sería necesario mantener los mismos saldos primarios y estructurales, y además la aplicación de reformas adicionales.
La Autoridad Fiscal plantea, por ejemplo, profundizar en la reforma de 2011, elevando la edad efectiva de jubilación hasta hacerla confluir con la legal, de 67 años, así como ampliar de los 22 años actuales a los 35 años el periodo de cómputo para calcular la pensión inicial.
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