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Frente común de los grandes fondos para enfriar el nuevo decreto del alquiler

Denuncian la reticencia del Ejecutivo de Pedro Sánchez a escuchar sus argumentos en las últimas semanas

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Frente común de los grandes fondos para enfriar el nuevo decreto del alquiler
Vivienda en alquiler

Vivienda en alquiler EFE

Resumen:

Los grandes fondos hacen frente común para descafeinar el Real Decreto Ley en torno a la vivienda y el alquiler que el Gobierno socialista quiere aprobar in extremis antes de la disolución de las Cortes el 5 de marzo.

La nueva regulación, que previsiblemente se aprobará este viernes, contempla que las subidas interanuales en los contratos de alquiler se limiten a la inflación e impulsa un sistema de índice de precios en el que pueden participar las comunidades autónomas.

Ante la celeridad del trámite parlamentario, varios portavoces de grandes firmas inmobiliarias denuncian la reticencia del Ejecutivo de Pedro Sánchez a escuchar sus argumentos durante las últimas semanas y apuntan al carácter electoralista de tratar de aprobar una reforma crítica para la economía española, días antes de que concluya el Gobierno. Además, muchas de estas firmas internacionales, con sede en Reino Unido y EEUU, alertan de la lesiva imagen de inseguridad jurídica que España proyecta al exterior y que podría ahuyentar la inversión internacional.

Los grandes fondos hacen frente común para descafeinar el Real Decreto Ley en torno a la vivienda y el alquiler que el Gobierno socialista quiere aprobar in extremis antes de la disolución de las Cortes el 5 de marzo.

La nueva regulación, que previsiblemente se aprobará este viernes, contempla que las subidas interanuales en los contratos de alquiler se limiten a la inflación e impulsa un sistema de índice de precios en el que pueden participar las comunidades autónomas.

Ante la celeridad del trámite parlamentario, varios portavoces de grandes firmas inmobiliarias denuncian la reticencia del Ejecutivo de Pedro Sánchez a escuchar sus argumentos durante las últimas semanas y apuntan al carácter electoralista de tratar de aprobar una reforma crítica para la economía española, días antes de que concluya el Gobierno. Además, muchas de estas firmas internacionales, con sede en Reino Unido y EEUU, alertan de la lesiva imagen de inseguridad jurídica que España proyecta al exterior y que podría ahuyentar la inversión internacional.

En noviembre los mayores fondos y firmas especializadas en gestión de alquileres mantuvieron contactos con los diversos grupos parlamentarios y los ministerio de Economía y Fomento para explicar su posición. El equipo económico del PSOE ya habría rebajado el tono de un primer borrador más agresivo y discriminatorio con los inversores institucionales, gracias al lobby ejercido por éstos.

Blackstone, uno de los mayores inversores del sector inmobiliario español con activos valorados en 25.000 millones -15.000 de éstos en mercado vivienda residencial-, dio el miércoles un paso al frente para alertar públicamente de los potenciales riesgos que entraña la normativa.

Blackstone y Azora, dos de los grandes inversores en ladrillo, han alertado públicamente de los peligros de la nueva ley

En opinión de Claudio Boada, senior advisor de Blackstone en España, el mercado del alquiler se expone a una “probable paralización y tensión de precios”, si la nueva normativa sale adelante, al tiempo que criticó la postura del Ejecutivo, de generar inseguridad jurídica.

“El pequeño arrendador, que supone el 96% del mercado, paralizará su actividad ante la incertidumbre de estar firmando unas condiciones que pueden ser, nuevamente, modificadas en caso de que no se ratifique el real decreto ley”, indica Boada.

Y añade: “Esta paralización, ante la incertidumbre jurídica generada por segunda vez en tres meses, supondrá que las pocas transacciones que se crucen lo hagan a un precio superior al previo a la entrada en vigor, como ya se pudo comprobar en el periodo en el que el real decreto no convalidado estuvo operativo”.

La postura de Blackstone está en línea con la que mantienen otros inversores profesionales. Azora, por ejemplo, que cuenta con 15.000 viviendas en alquiler, figura entre las firmas que más penalizadas se verían si el Gobierno da luz verde, con el apoyo de Podemos, el nuevo texto. Javier Rodríguez Heredia, socio de la firma y presidente de la Comisión de Arrendamiento de la APCE (Asociación de Promotores Constructores de España), también destaca por su activismo en el sector.

“Al margen de su constitucionalidad, la limitación de precios es una medida que no solo es compleja de aplicar técnicamente, sino que es ineficaz y genera el impacto contrario que se persigue con su introducción, reduciendo drásticamente la oferta en la zona que se regula y elevando rápidamente los precios en las zonas limítrofes”, considera Heredia.

Desde el sector, añade el directivo, “esperamos que se imponga el sentido común por encima de acuerdos programáticos de corto plazo, y que no se pongan medidas que ya se está viendo que no solo no funcionan y tienen fuertes efectos adversos, sino que pueden enviar un mensaje muy negativo a todos los ahorradores privados e institucionales. Éstos tienen que financiar el tan necesario crecimiento de la oferta del alquiler en España y, si se les espanta, necesitaríamos muchos años para que vuelvan a confiar en el sector”.

Heredia recuerda que el experimento de regular precios que introdujeron hace tres años París y Berlín ha resultado un fiasco. “París acaba de retirar dicha limitación hace unos meses porque había provocado la contracción de una parte muy importante de la oferta -la de calidad por encima de la media- y generado hiperinflación de los precios en las zonas colindantes. Y en Berlín están estudiando si pueden establecer medidas complementarias para compensar todos los efectos negativos que produce la limitación de precios, donde ha quedado un parque de alquiler de baja calidad y han aparecido problemas graves de falta mantenimiento”.