La consellera de Justicia de la Generalitat de Cataluña, Ester Capella, ha anunciado este lunes 4 de marzo que preparan un proyecto de ley para regular los alquileres de viviendas a través del Código Civil catalán. El anuncio, que llega tres días después del Real Decreto-Ley del Gobierno, prevé alargar la duración mínima de los contratos a entre seis y diez años y limitar precios. En otras palabras, irá mucho más de lo que pretendía arrancar Podemos al PSOE.

Así lo ha declarado Capella en el barrio del Raval de Barcelona, uno de los más gentrificados, junto al director general de Derecho y Entidades Jurídicas, Xavier Bernadí. La consejera ha explicado que están estudiando que la norma establezca condiciones diferentes para particulares y sociedades, esto es, personas que se dedican al alquiler a pequeña escala y grandes fondos como Blackstone y Azora con miles de viviendas en arrendamiento. Los contratos para los particulares serán inferiores que los suscritos con los fondos.

Fomento: «Puede ser ilegal»

Según fuentes de Fomento, esta medida podría ser «ilegal». «La Generalitat tiene que explicar cómo va a adaptar a la legislación medidas que pueden ser anticonstitucionales como limitar los precios». De acuerdo con estas voces, Cataluña «no puede adoptar estas leyes a partir del Real Decreto del Gobierno» porque éste solo establece un índice de referencia (una medida para que el usuario sepa cómo está la situación del mercado).

El nuevo proyecto, que tiene un cariz profundamente social, prevé limitar los precios de alquiler al departamento competente en materia de vivienda correspondiente. Otra vía es hacerlo capacitando a los ayuntamientos, esto es, darles la posibilidad de regular precios. Incluirá, según la Generalitat un paquete de medidas para que el arrendamiento de inmuebles se haga con mejores garantías y para que busque «la preservación de derechos y deberes de todas las partes».

Precios disparados

Capella ha destacado en su intervención que la Generalitat actúa en «el ejercicio de sus competencias propias como país» y que prevé poder debatir la ley en el Parlament a finales de año. Presentarán la memoria a finales de abril. Según Capella, «la obligación principal» de todo representante político a nivel legislativo es proteger e intentar mejorar la vida de la ciudadanía. La consejera ha pedido al Ejecutivo que «respete las competencias propias del Govern de Catalunya», y ha destacado que se están limitando a aplicar el Estatut en el marco del desarrollo del derecho privado.

Capella asegura que el Govern pretende con este nuevo decreto «evitar la litigiosidad cuando se rescinde un contrato». Igualmente, la Generalitat buscaría la estabilización del mercado de alquiler, reduciendo la diferencia entre el incremento de los precios de alquiler y el estancamiento de los salarios.

En Catalunya, el precio medio del alquiler ha crecido un 29% en los últimos cinco años, llegando a los 698 euros, 160 más que en 2013, y más en concreto, en Barcelona este incremento ha sido de un 38% en cinco años.