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Granado urge a condicionar las pensiones de viudedad a las rentas familiares

Alerta de que un 10% de los beneficiarios son hombres que en la mayoría de los casos cobran las pensión de viudedad para engordar la renta familiar al ganar en vida más que su mujer

secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado. EFE

El secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, ha participado este martes en una jornada sobre el futuro de las pensiones, en la que ha hecho un repaso de las que, a su juicio, son las reformas pendientes del sistema para hacerlo más eficiente y equilibrado. Entre ellas, ha hecho una clara apuesta por la vinculación de las nuevas pensiones de viudedad futuras a las rentas familiares, no como un mero derecho lineal como opera en la actualidad.

Durante el acto, organizado por la APD, Mercer y VidaCaixa, Granado ha dibujado el estado actual de la cuestión. En estos momentos, las pensiones de viudedad han experimentado un incremento de alrededor del 15% en dos años, por efecto de una subida de la base reguladora del 52% al 60%. No obstante, se trataba de un incremento comprometido desde 2011 que ha elevado el gasto actual en pensiones de viudedad hasta el entorno de los 23.500 millones de euros anuales.

Sin embargo, una vez se han actualizado las pensiones de muchas personas, Granado ha llamado la atención de que, tras la progresiva incorporación de la mujer al mercado de trabajo en los últimos años, muchas de ellas tienen ya niveles de renta suficientes. Más aún, para los beneficiarios de pensiones de viudedad, el 10% del total, en muchos casos el cobro de la pensión cuando fallece el cónyuge supone una elevación del nivel de renta familiar, algo que, según Granado, «no es razonable».

Siguiendo los pasos de la OCDE

Se trata de una orientación próxima a las reformas que ya planteaba la OCDE el pasado mes de diciembre. Entonces, señalaba que la cada vez mayor presencia de la mujer en el mercado laboral, los cambios en los modelos de familia y el hecho de que las mujeres vivan más tiempo que los hombres, plantean la necesidad de, cuando menos, introducir cambios en los esquemas clásicos.

No apostaba tanto por eliminarlas, puesto que reconoce que las mujeres siguen, por ejemplo, cobrando peores salarios que los hombres, como de introducir cambios para que sean más redistributivas o para que no supongan un desincentivo al empleo femenino.

Otra reforma pendiente, según el secretario de Estado de Seguridad Social, es el trasvase de cotizaciones por desempleo a las que se destinan a las pensiones. Se trata de la misma idea que puso sobre la mesa la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). En esencia, se trata de elevar las cotizaciones para la pensión y reducir las de desempleo aprovechando que los servicios públicos de empleo (SEPE) se encuentran en superávit.

Además, como ha venido repitiendo Granado a lo largo de la última legislatura, España acumula un montante de unas 180.000 prestaciones por incapacidad permanente –unos 13.000 millones al año– y temporal, un gasto que lastra las cuentas de la Seguridad Social. En su opinión, debería revisarse el actual sistema para que personas que podrían trabajar al menos unos años pudieran acceder a una suerte de incapacidad parcial.

Por último, ha apostado por desarrollar los sistemas de previsión social complementaria, los planes y fondos de pensiones, para que a la hora de anticipar la edad de jubilación, los trabajadores lo hagan garantizándose una renta por esa vía y no a costa del sistema. «Los que se quieran jubilar antes tendrán que pagar más», ha dicho Granado desde el otro lado de la moneda.

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