Economía

La AIReF propone que el Estado asuma el déficit de la Seguridad Social para asegurar las pensiones

Situar el agujero en las Administraciones Públicas desincentivaría medidas "incongruentes" entre éstas que dificulten la solución

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La AIReF propone que el Estado asuma el déficit de la Seguridad Social para asegurar las pensiones
La AIReF propone que el Estado asuma el déficit de la Seguridad Social.

El presidente de la AIReF, José Luis Escrivá, en una imagen de archivo. Europa Press

Resumen:

La solución al problema de las pensiones podría pasar (en parte) por un mero ajuste contable. Al menos así lo defienden los expertos de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que han presentado este miércoles su Opinión sobre la sostenibilidad de la Seguridad Social en la que desgranan distintas opciones para hacer asegurar el sistema.

Entre éstas y como parte de una solución de corto plazo, los expertos se muestran partidarios de que el Estado asuma el déficit estructural que actualmente afecta a la Seguridad Social y que calculan entre un 1,3 y un 1,5% del déficit. Para ello, la AIReF plantea dos vías complementarias: por un lado, que, dentro de las contribuciones, se incremente el porcentaje destinado a la Seguridad Social (entre tres y cuatro puntos), en detrimento de las de desempleo (que obligaría a la Administración Central a compensar al Servicio Público de Empleo Estatal), para hacer una distribución equiparable a las de los países de nuestro entorno; y por otro, que el Estado asuma gastos no contributivos del sistema, como serían los gastos de funcionamiento, los derivados de medidas de fomento del empleo (reducción de cotizaciones o de prestaciones por maternidad y paternidad) y las subvenciones implícitas a regímenes especiales.

La incertidumbre sobre el futuro de las pensiones provoca distorsiones que afectan a la salud de la economía

En opinión de los expertos de la AIReF estas medidas serían suficientes para llevar a cero un déficit actualmente estimado en unos 17.400 millones de euros, aunque a costa de elevar el déficit de la Administración Central del 0,8% actual al 2,2%. Con todo, este desplazamiento de la carga del déficit supone mucho más que el mero traslado del problema de un lado para otro. Desde el organismo de control fiscal defienden que la actual distribución presupuestaria entre los subsectores de las Administraciones Públicas es inadecuada y dificulta la solución del problema.

Para AIReF, lo conveniente sería trasladar el déficit a aquella parte de la administración que dispone de herramientas para solucionarlo, que sería la Administración Central. Además, hacer visible este agujero como parte de la Administraciones Públicas debería ayudar a evitar decisiones descoordinadas e incongruentes (bajadas de impuestos o aumentos de gastos, por ejemplo) por parte de éstas que dificulten la resolución del problema.

Más importante aún es que esta medida “reduciría la incertidumbre respecto a la sostenibilidad del Sistema, la cual genera distorsiones en la toma de decisiones de los agentes económicos, tanto de los pensionistas como de los cotizantes”, señala el organismo en una nota de prensa publicada para presentar el informe. La AIReF considera que las crecientes dudas que existen actualmente sobre el futuro de las pensiones, con un elevado porcentaje de la población cuestionándose que vaya a recibir ninguna prestación cuando se jubile, puede tener efectos muy negativos para la economía. Primero, por impulsar un exceso de ahorro, que debilite el consumo. Y también porque “si se duda de que el sistema me vaya a beneficiar se crean incentivos para tratar de minimizar mi aportación al mismo”, señalan fuentes del organismo.

Soluciones a largo plazo

Por todo esto, desde AIReF defienden la conveniencia de taponar a corto plazo ese déficit actual, cuyo origen se explica por la crisis reciente y debe ser tratado de forma independiente de los problemas de más largo plazo, que vienen determinados, básicamente, por el envejecimiento de la población. Para dar respuesta a esta cuestión se han abordado numerosas soluciones en los últimos tiempos, como desligar las pensiones del IPC. El estudio señala que esta medida mantenida durante los próximos 30 años habría supuesto una revalorización del 0,25% de las prestaciones y hubiera permitido contener el gasto en 2,1 puntos del PIB adicionales, hasta el 11,3% del PIB.

Sin embargo, esta medida habría supuesto una notoria pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas, al reducir la tasa de cobertura (la pensión media sobre el salario medio) en hasta 8 puntos -12 si se mide desde la situación actual-, hasta el 45%. Para los expertos, esta solución resulta difícilmente sostenible en el tiempo, tal y como se evidencia ahora con la mayor parte de los grupos políticos favoreciendo el regreso a fórmulas que garanticen el poder adquisitivo de las pensiones.

El aumento efectivo de la edad de jubilación y del periodo de cómputo de la pensión permite hacer sostenible el sistema con bajo impacto en su cobertura

Por eso, y sin entrar a juzgar esta decisión, desde AIReF urgen a plantear alternativas que compensen el incremento del gasto que conlleva esta política de revalorización y que estiman en unos dos puntos del PIB. En este sentido defienden que “la profundización en las reformas paramétricas del sistema supone una vía creíble para mejorar su sostenibilidad, minimizando su impacto en la suficiencia”, es decir, sobre la tasa de cobertura.

Desde AIReF consideran que existe margen para profundizar en estos aspectos, introducidos en la reforma de 2011. Así, por ejemplo, llaman la atención sobre el hecho de que la edad efectiva de jubilación en España (62,4 años) es a día de hoy inferior a la media de los países de la OCDE (64,3 años) y presenta una distancia muy elevada con la edad legal. Asimismo, un incremento del periodo de referencia para el cálculo de la pensión desde los 25 años (en los que está previsto que se sitúe en 2022) hasta los 35 años o, incluso, al total de la carrera laboral, también sería positivo para la sostenibilidad del sistema.

El estudio considera que estos dos aspectos tendrían hasta 2048 un impacto sobre el gasto de unos 2 puntos sobre el PIB (la misma cifra de ahorro que proporcionaría el IRP del 0,25%), al tiempo que mantiene la tasa de cobertura en niveles de entre el 54 y el 56%, ligeramente por debajo del 57% actual.