El Gobierno lucía el pasado viernes unas cifras de déficit público al cierre de 2018 inferiores a las previstas. Un desequilibrio del 2,6% del PIB, una décima menos que el 2,7% al que se aferraba el Ejecutivo ante la obviedad de que no se reduciría al 2,2% comprometido con Bruselas durante el anterior mandato del PP.

Sin embargo, en la distribución por administraciones se dejaban ver varias evidencias. Una de ellas apuntaba a la Seguridad Social. Esta administración solo redujo su déficit del 1,44 al 1,41 del PIB del pasado año, tras un repunte del gasto en prestaciones superior al 15% y pese al buen comportamiento de los ingresos por cotizaciones sociales. Nada que no estuviera en el guión.

En ejercicios anteriores, este desfase se había compensado en parte por el superávit de los ayuntamientos. En el año 2018 también ha sido así. Sin embargo, este saldo positivo de los ayuntamientos se redujo del 0,61% del PIB al 0,52% el pasado año. En rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, explicó que este retroceso se debía a la ampliación de los gastos que podrían considerarse inversiones financieramente sostenibles, admitida por el Gobierno del PP durante su último año de mandato,

Se entienden por inversiones financieramente sostenibles aquellas que no se incluyen en los cálculos de la regla de gasto, el límite que impone la Ley de Estabilidad Presupuestaria a los desembolsos de las administraciones en función del crecimiento potencial del PIB, para salvaguardar la consolidación fiscal.

Así, las cifras de ejecución presupuestaria de 2018 daban la idea de la batalla librada por los ayuntamientos  para ampliar el perímetro de estos gastos y poder volcar la mayor parte posible de sus superávit en servicios para sus ciudadanos en lugar de usarlo para equilibrar las cuentas del conjunto del sector público. Dicho de otro modo, los ayuntamientos queman neumáticos mientras el Gobierno mantiene sus gastos retenidos.

Lo que no está en los papeles

Esa ansiedad por poder aumentar el gasto se refleja en lo que se conoce como la cuenta 413 de los ayuntamientos, cuyos detalles refleja el registro de ‘Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto’ del Ministerio de Hacienda. Una suerte de ‘streaptease’ puesto en marcha en el primer trimestre de 2016 por el Gobierno para controlar mensualmente los gastos que los ayuntamientos no sujetos a auditoría de cuentas no incluían en sus presupuestos.

En la práctica, esta cuenta es un reflejo de la buena o mala organización del gasto. La cuenta 413 es un limbo al que van a parar aquellas facturas que han sido devengadas en el ejercicio presupuestario, pero que no han dispuesto de crédito presupuestario y están pendientes de pago.

Esto supone una ruptura de lo que se conoce como principio de anualidad, por el que los gastos comprometidos de compras, expropiaciones, servicios y demás que se realicen en un ejercicio presupuestarios deben estar aprobados a efectos de crédito presupuestario a 31 de diciembre de ese mismo año. De no ser así, pasan a esa cuenta 413, que puede reducirse haciendo uso del remanente de tesorería.

Así pues, esta ha sido un arma útil para los ayuntamientos, puesto que permitía incrementar el gasto público, algo que se acentúa habitualmente en los meses previos a las elecciones autonómicas y locales, como las que tendrán lugar en el mes de mayo. Y todo esto sin tener que consignarse al Presupuesto, dando traslado al final del ejercicio a la cuenta 413, que sí puede pagarse con arreglo al remanente de tesorería antes de usarlo por ejemplo a la amortización de deuda.

Dicho de otro modo, se trata de una ‘herramienta’ que no tiene incidencia en el déficit –que se calcula en términos de gastos devengados–, pero que, como ha advertido la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), sirve para incrementar el gasto y retrasar los pagos a los proveedores.

El Gobierno entona el mea culpa

El Gobierno ya entonó el mea culpa ante Bruselas en una acotación a pie de página del Programa de Estabilidad 2018-2021 remitido a Bruselas. De acuerdo con los datos que manejaba el Ejecutivo, los ayuntamientos aún tenían entonces, en mayo de 2018, unos 1.143 millones de euros de gasto comprometido con sus acreedores que, sin embargo, no estaban consignados en sus Presupuestos.

En el Programa de Estabilidad, el Gobierno revalidaba su compromiso con el refuerzo de las transparencia de la gestión pública local y aseguraba que remitirá los requerimientos necesarios a las entidades locales que presenten “algún incumplimiento” para que procedan a su corrección.

Sin embargo, había algo de maquillaje en la forma en la que el Gobierno presenta los datos antes Bruselas. Según señalaba, esta cuenta 413 se había reducido de los 1.838 millones de euros en el primer trimestre de 2016, cuando se empezó a elaborar, a los 1.143 millones en el cuarto trimestre de 2017.

Lo que no reflejaba era que de los más de 8.000 municipios y diputaciones, alrededor de 1.300 tenían gastos comprometidos sin presupuestar, y que esos 1.143,2 millones de euros eran solo 156,3 millones inferiores a la liquidación del ejercicio 2016 y 202,9 menos a la de 2015, cuando la cantidad ascendía a 1.346 millones de euros.

Además, una parte importante de los ayuntamientos no había contabilizado aún lo que reflejaba su cuenta 413, puesto que no había trasladado aún información alguna. De hecho, los municipios menores de 5.000 habitantes no tienen la obligación de comunicar esta información en los tres primeros trimestres del ejercicio. Esto hacía que los datos trasladados a Bruselas fueran incompletos.

Casi no se reduce en el último año

¿Qué ha ocurrido en el último año, tras el compromiso adquirido con Bruselas? Según los últimos datos publicados por el Ministerio de Hacienda, juntando ayuntamientos y diputaciones, el saldo de la cuenta 413 ascendía a unos 1.154 millones de euros, una cantidad inferior a los 1.464 millones de euros correspondientes a la liquidación de 2017.

No obstante, cabe destacar que en el momento de las liquidaciones, estas cantidad se elevan cada año, con lo que la cifra definitivamente podría ser superior a esos 1.154 millones de euros. Y lo más importante: España no ha mostrado una reducción significativa de las cantidades consignadas en la cuenta 413 como se había comprometido con Bruselas.