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El Tribunal Constitucional estudiará la legalidad del decreto que amplía el permiso de paternidad

Admite a trámite un recurso presentado por el PP, que considera que la norma no cumplía las condiciones para haberse aprobado por decreto

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El Tribunal Constitucional estudiará la legalidad del decreto que amplía el permiso de paternidad
La equiparación de los permisos de paternidad y maternidad tendría un coste cercano a los 1.200 millones al año.

La equiparación de los permisos de paternidad y maternidad tendría un coste cercano a los 1.200 millones al año. Europa Press

Resumen:

El Pleno del Tribunal Constitucional ha decidido admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por más de 50 diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados contra el Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación.

El decreto contempla la ampliación del permiso por paternidad a ocho semanas en 2019, 12 en 2020 y 16 en 2021, equiparándolo así al de maternidad. La norma también obliga a preparar planes de igualdad a empresas a partir de 50 empleados, la transparencia de tablas salariales o la recuperación de la cotización de las cuidadoras no profesionales de familiares dependientes.

El Tribunal ordena que se dé traslado de la demanda y documentos presentados al Congreso de los Diputados, al Senado y al Gobierno para que puedan personarse y formular las alegaciones que estimen convenientes, informa Europa Press.

El Pleno del Tribunal Constitucional ha decidido admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por más de 50 diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados contra el Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación.

El decreto contempla la ampliación del permiso por paternidad a ocho semanas en 2019, 12 en 2020 y 16 en 2021, equiparándolo así al de maternidad. La norma también obliga a preparar planes de igualdad a empresas a partir de 50 empleados, la transparencia de tablas salariales o la recuperación de la cotización de las cuidadoras no profesionales de familiares dependientes.

El Tribunal ordena que se dé traslado de la demanda y documentos presentados al Congreso de los Diputados, al Senado y al Gobierno para que puedan personarse y formular las alegaciones que estimen convenientes, informa Europa Press.

Según informa el TC, los recurrentes consideran que el decreto-ley impugnado en su integridad ha podido vulnerar el artóculo 86.1 de la CE al no concurrir razones de extraordinaria y urgente necesidad. La sentencia que se dicte en su día será redactada por el Magistrado Ponente Cándido Conde-Pumpido.

Las explicaciones del PP

En su recurso contra el decreto ley sobre igualdad de trato, el PP explica que no niega que sea bueno legislar para mejorar la igualdad entre hombres y mujeres, sino que el Ejecutivo lo haga por la vía de urgencia en lugar del procedimiento legislativo: “No quiere decirse que la desigualdad entre hombres y mujeres en España no exista o que no se deban seguir aprobando medidas para mejorar la conciliación de la vida familiar y laboral, sino que en este caso que ahora se impugna, no se ha justificado el uso del real decreto-ley como instrumento normativo por la vía de la extraordinaria y urgente necesidad”.

A su juicio, en la motivación del decreto ley no se aborda la realidad existente, incurriendo incluso “en imprecisiones y falsedades”. Los argumentos del Gobierno, “o son genéricos y sin asidero en datos, o son directamente falsos, como decir que la brecha salarial no se ha reducido en los últimos años”, tal y como se demuestra con datos de Eurostat recogidos en el recurso.

También se recuerda que, en el momento de disolución de las Cortes se estaban tramitando diez proposiciones de ley sobre este asunto, sin que el Gobierno haya justificado el motivo de rechazar todas esas propuestas para optar en su lugar por un decreto ley que no permite discusión de enmiendas.

El PP alega además que los decretos-ley se justifican por tener disposiciones que modifiquen de manera instantánea la situación jurídica existente, y en cambio el que aprobó el Gobierno apuesta por una “aplicación paulatina” de algunos artículos y no ha acabado de entrar en vigor hasta el 1 de abril, cuatro semanas después de aprobarse en Consejo de Ministros.

El Gobierno aprobó el Real Decreto-Ley el pasado mes de marzo. En principio, el Ejecutivo habló de que entraría en vigor el 6 de marzo pero finalmente su aplicación se retrasó hasta el 1 de abril. El texto fue convalidado por el Congreso, a través de la Diputación Permanente y con el voto en contra del PP, el pasado 3 de abril.