La Comisión Europea (CE) propuso este miércoles formalmente cerrar el procedimiento por déficit excesivo en que se encuentra España desde 2009 tras comprobar que el país consiguió en 2018 llevar su desvío por debajo del umbral máximo del 3% del PIB que marcan las normas comunitarias.

«La Comisión recomienda que el procedimiento por déficit excesivo a España sea cerrado. Una vez que el Consejo (los países) adopten esta decisión, todos los procedimientos por exceso de déficit que datan de la crisis quedarán cerrados», informó el Ejecutivo comunitario al presentar sus recomendaciones de política económica para cada país.

España logró cerrar 2018 con un déficit público del 2,5% de su PIB, tres décimas por encima del objetivo del 2,2% marcado por Bruselas para ese ejercicio, pero suficiente para abandonar este procedimiento, que durante la crisis se abrió a la mayoría de Estados de la Unión Europea aunque ya solo está activo para España.

Aunque la decisión todavía debe ser confirmada por los ministros de Economía y Finanzas, España pone fin a una década bajo el brazo corrector del Ejecutivo comunitario, que ha marcado la política presupuestaria de tres gobiernos distintos: primero el de José Luis Rodríguez Zapatero, después el de Mariano Rajoy y finalmente el de Pedro Sánchez.

Las cuentas españolas pasan ahora a estar controladas en el llamado brazo preventivo, en el que, en lugar del déficit nominal, se tienen en cuenta los esfuerzos estructurales. Es decir, aquellos que se realizan sin tener en cuenta la aportación del ciclo económico.

Un expediente de 2009

El comisario europeo de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, ya había anunciado a principios de mayo que el Ejecutivo comunitario estaba en condiciones de solicitar dar carpetazo al expediente, pero la petición formal no se ha producido hasta hoy.

La Comisión abrió el procedimiento por déficit excesivo a España en 2009, con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE), después de que el país pasase de registrar un superávit del 1,9% del PIB en 2007 a tener un déficit del 4,4% en 2008.

El déficit público se disparó en 2009 hasta el 11%, el máximo alcanzado durante la crisis, para bajar al 9,4% en 2010 y repuntar al 9,6% en 2011 y al 10,5% en 2012. Desde entonces se ha estrechado progresivamente, aunque a menor ritmo del que exigía Bruselas.

De hecho, España solicitó cuatro prórrogas para cumplir con los objetivos marcados por la Comisión, una con el Gobierno de Zapatero y tres más con el posterior de Mariano Rajoy (PP). El momento más crítico del procedimiento se vivió en 2016, cuando la Comisión propuso multar y congelar fondos comunitarios a España, así como a Portugal, por no haber tomado medidas suficientes para corregir el desvío en sus cuentas públicas.

Al final Bruselas evitó imponer estas multas -unos 2.000 millones de euros en el caso español- argumentando que podría socavar la recuperación económica y concedió la cuarta y última prórroga al Gobierno, hasta 2018.

Continúa la vigilancia

Una década después de su apertura, España saldrá del brazo correctivo del procedimiento por déficit excesivo este año, pero no se librará de la vigilancia de Bruselas. El país pasará a estar bajo el denominado brazo preventivo, que se centra en evitar que el déficit vuelva a descarrilar.

La Comisión pondrá ahora la lupa en la rebaja del déficit estructural -no ligado al ciclo económico- y vigilará más la reducción de la deuda, que supera el 97 % del PIB, y el gasto público.

«España debe seguir centrándose en unas finanzas públicas sólidas, precisamente para evitar problemas en el futuro», dijo el vicepresidente de la CE para el Euro, Valdis Dombrovskis en una rueda de prensa.

«Desde 2019 España estará en el brazo preventivo, lo que significa que miraremos la evolución de la deuda y el cumplimiento del esfuerzo estructural requerido del 0,65 % del PIB este año y el próximo», añadió.

Bruselas prevé que el déficit nominal español baje al 2,3% este año y al 2% el próximo, pero calcula que el estructural (2,7% en 2018) aumentará al 2,9% y 3,2% respectivamente.