Economía

La incertidumbre política, otro incentivo para que los autónomos coticen menos

La complejidad de planificar los ingresos y las pensiones futuras empuja a los autónomos a cotizar por las bases mínimas, más aún si no hay certidumbre política

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Profesionales que trabajan por cuenta propia; socios de sociedades, ya sean regulares, cooperativas o comunidades de bienes; consejeros o administradores con funciones directivas y gerentes; escritores de libros y notarios, religiosos de la Iglesia Católica o los conocidos como TRADE, los trabajadores por cuenta propia económicamente dependientes de un pagardor.

Estos y muchos más son los perfiles que se engloban dentro del término de trabajador autónomo, una miscelánea de ocupaciones y situaciones tanto personales como económicas que, en cambio, tienen al menos un par de rasgos en común: la mayoría, hasta el 85% de ellos, cotizan por las bases mínimas y están así abocados a tener una menor protección en el vejez respecto a los asalariados, algo que quieren corregir de entrada las principales organizaciones de autónomos.

Además, todos ellos tienen en sus manos la difícil labor de planificar su vida laboral, sus ingresos y gastos, sus aportaciones a la Seguridad Social y su pensión futura en una entorno político incierto que hace que la asunción de riesgos sea aún más complicada.

Una cuestión y otra están a día de hoy muy relacionadas. Un estudio elaborado por el economista Alfonso R. Sánchez Martín para la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) refleja que, si el actual sistema de cotizaciones español plantea pocos incentivos para que los autónomos eleven sus cotizaciones, además las dudas sobre el futuro de las pensiones y las variables que en él intervienen, como el devenir de las bases de cotización, no hacen sino añadir más razones para que estas aportaciones no aumenten lo suficiente. Detrás de todo ello están, sobre todo, las dificultades para generar gobiernos estables de los últimos años.

El sistema imperfecto

Es cierto que el sistema español presenta peculiaridades respecto a otros países que el informe invita a revisar en la dirección en la que de hecho se ha comprometido el actual Ministerio de Trabajo en funciones a hacer. De un lado, los autónomos tienen ahora una atípica libertad para elegir sus bases de cotización y, por otro, los tipos contributivos son muy elevados para los niveles de renta inferiores.

El problema es que esto plantea una enorme dificultad para gestionar los aspectos más inciertos de la vida. Dicho de otro modo, es imposible hacer una buena planificación de aportaciones a 30 o 40 años vista. «Es posible que los autónomos tengan una propensión por el riesgo algo mayor que la de la población en general, pero no hay ninguna indicación en el sentido de que comprendan mejor las regulaciones del ciclo vital humano y sus incertidumbres asociadas», señala el autor.

En la mayoría de los casos, esta dificultad lleva a que un 85% de la población cotice por la mínima. Esta situación de libertad también se ha planteado en Finlandia, con similares resultados, es decir, con bajas pensiones en el momento de su jubilación.

Además, la propia imperfección de la estructura del sistema, con cambios en los últimos años, hace aún más difícil la tarea, según el informe.

¿Existen incentivos?

De un lado, la reforma de las pensiones de 2011 amplió los años de cotización a tener en cuenta para calcular la pensión de los 10 a los 25 años, lo que hace que hasta ese límite, el sistema invite a cotizar por la base mínima. Toda cotización por encima sería algo así como pagar un impuesto. Una vez dentro de esos últimos 25 años, elegir bases de cotización superiores a la mínima empieza a ser relevante. Pero entonces aparece otro hito.

Para evitar que los autónomos ‘compren’ su pensión elevando la cotización en los últimos años de carrera, hay una edad límite a partir de la que estos trabajadores tienen que decidir cuál va a ser su cotización a futuro entre unos parámetros. Este Rubicón son los 47 años. Desde ese momento, los autónomos pueden, en términos generales, aumentar sus bases de cotización por encima de la mínima, pero con un tope máximo, lo que de alguna manera sería una incoherencia si lo que se persigue es que aumenten sus cotizaciones.

El resultado, en la práctica, es que la mayor parte de los autónomos continúan cotizando por bases bajas a partir de los 47 años. Solo una parte pequeña las incrementa poco antes de llegar a ese momento para zafarse de todo límite después y poder tener margen de maniobra ‘por arriba’ en los años siguientes.

Por el contrario, el autor asegura que los autónomos que se pueden ver desanimados a la hora de elevar sus bases puede ser «apreciable» debido a que la restricción se presenta a una edad no muy avanzada en la que los gastos corrientes de los hogares son todavía elevados y la incertidumbre sobre los ingresos futuros, considerable.

La otra incertidumbre

Pero aún hay un elemento más de inestabilidad. Tradicionalmente, las bases mínimas y máximas de cotización de los autónomos se han fijado en las leyes de Presupuestos de cada año. Sin embargo, el autor recuerda que «la pauta de aprobación de los Presupuestos ha sido errática debido a la falta de mayorías claras en el Parlamento», a lo que añade que «esta situación podría extenderse en el tiempo de continuar la fragmentación política actual y la dificultades para alcanzar acuerdos entre las distintas formaciones».

El ejemplo más claro es la subida de las bases mínimas de cotización del 22,3% en 2019 como deriva del incremento del salario mínimo interprofesional (SMI). Esto desembocó en duras negociaciones entre las asociaciones de autónomos y el Gobierno que cristalizaron en cambios en el sistema de cotización.

La base mínima de los autónomos ha subido este año un 1,25%, hasta los 944,40 euros mensuales. Además, el tipo de cotización pasó a ser del 30%, aunque a cambio de una mayor protección.

Para acomodar la subida de tipos y bases, se pactó incrementar el tipo de cotización de manera escalonada. En 2019 ha sido del 30%, en 2020 se elevará el 30,3% y en 2021 escalará al 30,6%. En 2022 el tipo será el fijado de forma definitiva.

Esta subida de cotización conlleva mejoras en la protección de los autónomos, ya que se mejora el acceso a la prestación por cese de actividad (paro), flexibilizando los requisitos actuales y ampliando la duración de la prestación. Asimismo, los autónomos tendrán derecho a cobrar la prestación por accidente de trabajo o enfermedad profesional desde el primer día de baja, y todos los trabajadores por cuenta propia podrán acceder a la formación continua y al reciclaje profesional.

Sin embargo, todo esto no es sino una solución temporal a la espera de que el Gobierno y las asociaciones de autónomos pacten un nuevo sistema de cotización por ingresos reales, en el que no hay acuerdo de partida y que en estos momentos se encuentra paralizado por la ausencia de Gobierno.

Estabilidad y estabilidad

En medio de esta falta de certidumbre, echa en falta el autor unos principios básicos que puedan servir al menos de referencia a los autónomos a la hora de tomar decisiones. Por ejemplo, que los topes contributivos crezcan a largo plazo a la misma velocidad que la productividad nominal, sin perjuicio de que situaciones económicas y presupuestarias propias de los ciclos aconsejasen desviaciones temporales.  «Un principio de este tipo sería de gran ayuda para planificar sobre un horizonte de varias décadas», añade.

No solo eso, el hecho de que se haya tumbado en la práctica la reforma de las pensiones de 2013, que establecía una fórmula para la revalorización del sistema en función de la sostenibilidad del sistema, y que en su lugar se haya apostado por subidas con el IPC, introduce más incertidumbre aún.

Según el informe, si no hay detrás de esta decisión un plan creíble de aumento de los ingresos, puede que la previsión de aumento de la pensión mínima se vea frustrada en el futuro, o que exija mayores subidas de bases de cotización en el futuro con retornos cada vez inferiores en forma de pensión, sobre todo en los tramos más altos.

Así pues, «la decisión de aumentar la base de cotización dependerá del grado de aversión al riesgo o a la incertidumbre de cada persona». «Personas con aversión al riesgo podrían postergar la apuesta por el ahorro público, dejando que el paso del tiempo despejase progresivamente las diversas incertidumbres presentes; a fin de cuentas, mientras que las consecuencias de equivocarse cotizando por exceso son irrecuperables, las de retrasar el aumento de bases quizás podrían repararse aumentando las bases futuras».

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