La central nuclear de Trillo, en Guadalajara.
El Gobierno da marcha atrás en su plan de facilitar que las grandes eléctricas vayan prescindiendo en los próximos años sus centrales nucleares, de carbón o de gas natural ofreciéndoles ventajas si las sustituyen por otras plantas de energías renovables. Unas ventajas que habían levantado ampollas entre las compañías de renovables por considerarlas un trato de favor y que incluso había sido criticada por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC).
El Gobierno aprobó justo antes de que expirara la legislatura el anteproyecto de Ley de Cambio Climático. Un texto en el que se incluía que las compañías que cierren centrales de carbón, gas o nucleares –todas en manos de los grandes grupos energéticos: Endesa, Iberdrola, Naturgy, EDP y Viesgo- tuvieran derecho a conservar los permisos de conexión a la red eléctrica para sustituirlas por energías renovables.
El cierre de una central nuclear –que tiene una potencia de unos 1.000 megavatios, MW- daría derecho a la eléctrica propietaria a mantener una capacidad de acceso a la red por esa misma potencia durante tres años para sustituirla por renovables. Una ventaja que llega se planteaba en un momento que los puntos de conexión a la red son un bien escaso y tan preciado que –aunque se concede de manera gratuita por Red Eléctrica de España- se están revendiendo por entre 100.000 y 200.000 euros por megavatio de potencia.
El Ministerio para la Transición Ecológica, ahora en funciones, ha introducido cambios en ese borrador de Ley de Cambio Climático, y en la nueva versión del texto ya no están esas ventajas y ya no se contempla que las grandes eléctricas puedan guardarse el derecho a utilizar esos preciados puntos de conexión a la red. O al menos no podrán hacerlo automáticamente como hasta ahora.
En el nuevo proyecto de Ley de Cambio Climático, al que ha tenido acceso El Independiente, esos derechos de conexión a la red ya no están reservados en exclusiva para las compañías que cierran centrales nucleares y de carbón y se abre la puerta a que se compartan con otros inversores total o parcialmente con otros inversores.
La nueva visión del departamento dirigido por Teresa Ribera es que la concesión de toda o parte de la capacidad de acceso a la red se realice mediante procesos en que se evalúen “las inversiones y los beneficios sociales” y que estarán recogidos en un convenio de transición justa. En principio, los planes pasan por que diferentes inversores interesados en instalar renovables se disputen la capacidad de conexión que dejan libre las centrales que cierran.
La CNMC criticó abiertamente el anterior planteamiento del Gobierno de ceder los puntos de conexión a las propietarias de las centrales de energía fósil o nuclear que echaran el cierren. El reclamó que, en caso de cierre de instalaciones con una potencia superior a los 200 megavatios o si se produce cualquier otra situación que dispare la capacidad de acceso disponible en un nudo de la red, no se favorezca a los actuales titulares de los permisos, sino que se repartan mediante una subasta.
Una puja que permitiría adjudicar la capacidad provocada por el cierre de una gran planta a aquel que ofrezca un mayor importe (medido en euros por cada megavatio de potencia). Los fondos obtenidos con la subasta se considerarían como ingresos del sistema eléctrico. El Gobierno estaría dispuesto en la nueva versión de la ley a una suerte de proceso competitivo en que se pondere las inversiones y beneficios sociales de la nueva planta renovable. La CNMC apuesta por una puja por precio directamente.
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