El sindicato CSIF ha convocado movilizaciones frente a las delegaciones de Gobierno este próximo jueves para que garantice que la subida salarial de un 2 % para los más de 2,5 millones de funcionarios se cumpla el 1 de enero de 2020.

«Reclamamos que, aunque el Gobierno esté en funciones, la subida a los empleados públicos se haga efectiva por la vía del Real Decreto», ha subrayado este martes el sindicato, que advierte de que los empleados públicos «no van a tolerar que se retrase ni un día una subida salarial que está firmada y pautada desde el año pasado», informa Efe.

El sindicato también denuncia «la situación de deterioro» que afrontan los servicios públicos por la parálisis del Gobierno central y la inercia que se traslada al resto de administraciones públicas.

Las movilizaciones del jueves están convocadas frente a las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno de todo el país y «continuarán con más medidas de presión si no se ejecuta lo pactado», señalan.

El presidente de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), Miguel Borra, ha apuntado que el Ejecutivo está «facultado» para dictar dicha norma y ha remarcado que la subida queda «al arbitrio de su voluntad política». «Los empleados públicos no van a tolerar que se retrase ni un día la subida salarial que está firmada y pautada desde el año pasado», ha dejado claro Borra.

No vamos a tolerar que los trabajadores paguemos el pato de nuevo ni que nuestras condiciones laborales se vean perjudicadas», asegura el presidente de CSIF

El presidente del sindicato ha recordado que en el encuentro que se tuvo hace unas semanas con el ministro de Política Territorial y Función Pública en funciones, Luis Planas, ya se le trasladó a los sindicatos que no se podían subir los salarios de los empleados públicos por Real Decreto.

De hecho, fuentes gubernamentales han recordado a Europa Press que, tal y como ya indicó Planas a principios de octubre, un Gobierno en funciones tiene «limitaciones legales» y «no tiene la capacidad de aprobar un decreto ley que incremente los salarios con carácter anterior al 31 de diciembre», aunque Planas matizó que se estudiarían mecanismos en función de la situación y el calendario político, y que en caso de no aprobarse en enero, verá la luz con carácter retroactivo.

No obstante, Borra ha señalado que «se remite a los hechos» y ha recordado que mañana se convalidan cuatro reales decretos en la Diputación Permanente. «Con todo el respeto, los parámetros retributivos del sector eléctrico no creo que sean más importantes que el salario de los funcionarios públicos», ha apostillado.

Así, ha hecho hincapié en que quiere que el Gobierno tenga en cuenta a los empleados públicos y reconozca el esfuerzo que este colectivo ha hecho durante la crisis. «No vamos a tolerar que los trabajadores paguemos el pato de nuevo ni que nuestras condiciones laborales se vean perjudicadas por la falta de acuerdo para formar un Gobierno estable», ha resaltado Borra, tras recordar que los funcionarios todavía arrastran, desde la crisis, una pérdida de poder adquisitivo del 20%.