El Ministerio de Fomento reconoce que no ha calculado todavía el rescate de las nueve autopistas de peaje quebradas en 2012 por la caída de tráfico. Nacionalizadas desde 2018, Fomento se haya ya fuera del plazo marcado por ley, incluida la prórroga de seis meses que vencía en julio. En consecuencia, las arcas públicas han empezado a incurrir en intereses de demora con los acreedores de las nueve carreteras, es decir, fondos de capital riesgo o buitres que entraron en el accionariado a partir de 2016.

«Continúa el proceso de revisión de cara a la fijación de la RPA [responsabilidad patrimonial de la administración, la cláusula que obliga al rescate por parte del Estado] de las autopistas quebradas. Se trata de un cálculo sumamente complejo sometido a distintas revisiones», confirman en el ministerio que dirige José Luis Ábalos.

Hasta ahora el Gobierno en funciones ha dado pasos para limitar la factura a abonar a los fondos, pero no ha realizado el cálculo definitivo, con lo que está fuera de plazo decretado en la denominada Ley de Concesiones. En mayo pasado Fomento lanzó una resolución publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) fijando un importe máximo de 3.305 millones de euros. Y en octubre el borrador del Plan Presupuestario que la ministra de Economía Nadia Calviño envió a Bruselas contemplaba una cantidad total de 1.800 millones de euros. Los fondos acreedores, muchos con sede en Reino Unido o Estados Unidos, exigen entre 4.000 y 5.000 millones.

Pero estas cantidades ni mucho menos son definitivas: Fomento debe de calcular su responsabilidad patrimonial antes de empezar a pagar, y mientras no lo haga se mete de lleno en intereses por el retraso.. Fuentes de la administración concursal indican que hay autopistas con intereses de demora de hasta el 8% estipulados en las cláusulas firmadas en su día entre Fomento y los acreedores.

Ni el límite marcado por Fomento ni el borrador con la factura remitida a Bruselas (1.800 M.) son defintivos

Los acreedores piensan recurrir con seguridad el cálculo, al igual que las concesionarias -grandes constructoras que hicieron las obras y se encargaron de explotar y mantener las autopistas hasta la quiebra-. De hecho ya lo están haciendo ante el Tribunal Supremo contra la fórmula para calcular el tope máximo de 3.305 millones de euros marcado por el ministerio en mayo.

Desde el ministerio rechazan que la cascada de recursos de la parte acreedora afecte al cálculo. Tampoco la situación provisional del Ejecutivo de Pedro Sánchez. «El asunto no tiene nada que ver con la situación de Gobierno en funciones, pues es un proceso netamente administrativo», aseguran en Fomento.

«El asunto no tiene que ver con el Gobierno en funciones. Es un proceso administrativo»

El sector privado consultado por este medio se muestra sorprendido por el retraso y alega que cuánto más se retrase el Gobierno en calcular el rescate, más pagará. Según Europa Press, podría producirse un primer pago eventual de 120 millones de euros de acuerdo con estimaciones de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), una versión que Fomento no confirma. «Primero hay que calcular la rpa», insisten en el ministerio.

Las nueve vías que entraron en cascada en concurso de acreedores en 2012 al desplomarse las previsiones de tráfico son las cuatro radiales de Madrid, la Madrid-Toledo, la Ocaña-La Roda, la que une Madrid con el aeropuerto de Barajas, la Cartagena-Vera y la Circunvalación de Alicante.