Muchas son las derivadas que ha generado la actual situación política española y muchas las reformas que ha retrasado. Entre los papeles que se acumulan sobre la mesa de los grupos políticos se encuentra el relativo a la renovación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Es decir, de uno de los jugadores más importantes del panorama económico español, el cual, como supervisor y árbitro, se encuentra habitualmente en el ojo del huracán.

Desde el inicio del curso 2019-2020, la mitad del Consejo del regulador ha ejercido sus funciones con el mandato caducado. Entre ellos, su presidente, José María Marín Quemada, y su vicepresidenta, María Fernández. También los consejeros José María Guinart, Benigno Valdés y Clotilde de la Higuera.

Las fuentes del Consejo consultadas por este periódico reconocen su incertidumbre con respecto a lo que ocurrirá en los próximos meses en la CNMC. Ahora bien, inciden en que hay cinco consejeros que, pase lo que pase, y salvo dimisión que no se espera, seguirán en su puesto.

Son María Ortiz -renovada en 2017 a propuesta del PP-, Mariano Bacigalupo -designado a propuesta del PSOE-, María Canedo -nombrada por iniciativa de Ciudadanos-, así como Bernardo Lorenzo y Xabier Ormaetxea.

Estos dos últimos consejeros llegaron al organismo en septiembre 2017 después de que la justicia europea declarara nulo su cese, en 2013, de la Comisión Nacional de las Telecomunicaciones. La legislación comunitaria deja claro que los vocales de los reguladores de la competencia no pueden ser destituidos hasta que termine su mandato, que en España es de seis años.

Sin embargo, el Ejecutivo de Mariano Rajoy decidió cesarlos pocos días antes de que se creara la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Entonces, ellos recurrieron su despido.

Bernardo Lorenzo presidió entre 2011 y 2013 la Comisión Nacional de las Telecomunicaciones (CNT). Anteriormente, fue secretario de Estado de las Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información y director general de Telecomunicaciones con José Luis Rodríguez Zapatero en Moncoa. Entre 2000 y 2004, fue subdirector general de Operadores y Tecnologías de la Información. Por su parte, Xabier Ormaetxea fue diputado del PNV, ostentó varios cargos en la Administración del País Vasco y fue propuesto por este partido cuando, en 2011, entró a formar parte de la CMT.

‘Sudoku’ parlamentario

A partir de ahora, está por ver cuál será el perfil de los nuevos consejeros. Dentro del organismo, se intuye que el nuevo presidente alcanzará su puesto por el apoyo del PSOE, aunque tienen más dudas con respecto a la Vicepresidencia. Entre otras cosas, porque los socialistas necesitarán del apoyo de algún otro grupo parlamentario para designar al sustituto de Marín Quemada, y a buen seguro que alguno reclamará el ‘número 2’ del organismo.

Esta figura es muy relevante, dado que preside una de las dos salas del súper-regulador. En los últimos seis años, ha sido la de Supervisión Regulatoria, que tiene asignadas las competencias de energía (mayores que cuando se conformó la CNMC), las telecomunicaciones, las del mercado audiovisual (salvo el espectro radioeléctrico), las de transporte y las del sector postal.

También está por ver si el Partido Popular logrará designar a un segundo consejero; y si Vox conseguirá presencia en el regulador. Lo que se da prácticamente por seguro es que, si hay investidura con el apoyo de ERC, este partido tendrá la posibilidad de proponer a un miembro del regulador.

Hay que tener en cuenta algo importante, en este sentido, y es que la facultad de proponer a los consejeros de la CNMC la tiene el Gobierno, a través del Ministerio de Economía. No obstante, las candidaturas tienen que obtener el visto bueno en el Congreso de los Diputados -comisión parlamentaria-, de ahí que en 2017 se buscara un consenso entre PP, PSOE y Ciudadanos para cubrir las vacantes del Consejo.

No ocurrió así en 2013, cuando el PSOE renunció a designar vocales por su negativa a negociar con el PP, salpicado por varios casos de corrupción en ese momento. Eso hizo que los populares designaran a 7 de sus 10 miembros.

Final convulso

Los cinco consejeros que deberán abandonar el organismo próximamente lo harán tras haber tomado decisiones complejas durante las últimas semanas. Ciertamente, no ha sido un período tranquilo el que se ha vivido en el Palacio de los Urquijo -sede madrileña del organismo- en este tiempo, dado que los diez miembros del Consejo han tenido que abordar sanciones y reformas de amplio calado.

Entre ellas, la aprobación de las circulares del sector energético, un asunto que ha levantado una importante polvareda y ha generado tensiones con algunas de las empresas implicadas y con el propio Gobierno.

Tampoco ha sido sencillo el cierre del expediente a Atresmedia y Mediaset, que culminó con dos multas por un importe de 77 millones de euros para estas empresas. Dos consejeros -uno de ellos, la vicepresidenta- expresaron su disconformidad con la forma en la que se había tramitado este asunto y con el análisis del mercado audiovisual que realizaba la resolución.

Por otro lado, el mismo día en que se conocieron las sanciones, las televisiones anunciaron su intención de recurrirlas ante la Audiencia Nacional y de pedir medidas cautelares para evitar la aplicación de las restricciones a la comercialización de publicidad que traían aparejadas.

Estos asuntos han complicado sobremanera la rutina del Consejo durante los últimos tiempos, que -como recuerda una fuente interna- se ha enfrentado a afilados titulares y a la especial beligerancia de empresas como las gasistas.