Economía

Gobierno y agentes sociales pactan subir el salario mínimo a 950 euros este año

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en la primera reunión con Antonio Garamendi, Gerardo Cuerva, Unasi Sordo y Pepe Álvarez. EFE

La primera reunión entre el Gobierno y los agentes sociales ha concluido con un acuerdo. El Ministerio de Trabajo ha pactado con sindicatos y patronal que el salario mínimo interprofesional (SMI) suba hasta 950 euros este año.

La subida ascenderá al 5,5% en 2020. De esta forma, el SMI anual quedará fijado en 13.300 euros, repartido en 14 pagas. El incremento es muy inferior al aplicado el pasado año, si bien es cierto que aquel batió los récords de la democracia. En 2019, el Gobierno de Sánchez decretó una polémica subida del 22,3%, para establecerlo en 900 euros.

El pacto se ha sellado en el encuentro que han mantenido en la tarde de este miércoles la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz; los secretarios generales de UGT y CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo; y los presidentes de CEOE y Cepyme, Antonio Garamendi y Gerardo Cueva.

En los días previos al encuentro, el Ejecutivo había mantenido contactos discretos con todas las partes. Díaz se entrevistó con todos ellos al inicio de la semana. También hizo un acercamiento el vicepresidente segundo del Gobierno. Pablo Iglesias habló con Garamendi, Sordo y Álvarez.

Todo los esfuerzos iban encaminados a tranquilizar a las partes y sentar las bases para negociar el nuevo marco laboral, que deben prolongarse durante la presente legislatura. En la mañana de este jueves, el propio Iglesias había avanzado que los trabajadores iban a recibir en breve «una buena noticia». Y así ha sido.

El Gobierno, no obstante, ha hecho un esfuerzo por encontrar un equilibrio entre lo que pedían los sindicatos y demandaban los empresarios. Los primeros exigían una subida más rápida para alcanzar cuanto antes el listón del 60% del salario medio nacional que recomienda la Carta Social Europea. Este incremento equivaldría a dejar el SMI en torno a 1.200 euros.

Por el contrario, los empresarios de CEOE y Cepyme, y por supuesto las asociaciones de autónomos, llevaban días advirtiendo sobre el efecto perverso que podía tener sobre el empleo una fuerte subida.

Se da la paradoja de que Podemos siempre ha defendido la tesis de los sindicatos y prometía en la campaña electoral alcanzar cuanto antes la barrera de los 1.200 euros. Sin embargo, Iglesias ha optado finalmente por asumir la senda de la moderación, para evitar arrancar la legislatura con una confrontación directa con los empresarios.

Reforma laboral

En los próximos meses, las tres partes tendrán que ir definiendo las nuevas reglas del juego. La intención declarada del Ejecutivo es la de derogar los aspectos más lesivos de la reforma laboral de 2012 para recuperar los derechos «arrebatados», como la posibilidad de despido por absentismo causado por bajas por enfermedad y las limitaciones al ámbito temporal del convenio colectivo, haciéndolo llegar más allá de las previsiones contenidas en el mismo, tras la finalización de su vigencia y hasta la negociación de uno nuevo, informa Europa Press.

Otro punto de la reforma laboral que está previsto derogar es la prioridad aplicativa de los convenios de empresa sobre los convenios sectoriales y la modificación del artículo 42.1 del Estatuto de los Trabajadores sobre contratación y subcontratación laboral a efectos de limitar la subcontratación a servicios especializados ajenos a la actividad principal de la empresa, entre otros.

Nuevo estatuto de los trabajadores

Las mesas de trabajo que se formarán de los agentes sociales en el marco del diálogo tripartito también tendrán que abordar la elaboración de un nuevo Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI, aunque las principales organizaciones sindicales han dejado claro que previa a esta modificación se deben derogar las reformas laborales y volver a la situación anterior.

En materia de contratación, el acuerdo programático recogía limitar la capacidad de modificación unilateral de las condiciones del contrato por parte de la empresa y revisar el mecanismo de inaplicación de los convenios colectivos, orientándolo a descuelgue salarial vinculado a causas económicas graves.

Igualmente, el PSOE y Unidas Podemos se comprometieron a impulsar las opciones posibles para reducir la dualidad, favoreciendo el uso del contrato fijo discontinuo para actividades cíclicas y estacionales, y se revisarán las causas del despido.

Estas medidas se acometerán el paralelo a un impulso de la lucha contra el fraude laboral y a la mejora de la efectividad y la eficiencia de las políticas activas de empleo y la simplificación del sistema de protección por desempleo.

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