Jaime Ruiz Sacristán, el representante del grupo de accionistas mexicanos del Banco Popular, uno de los mayores inversores de la entidad con un 4,28% del capital, asegura que el acta sobre la reunión de urgencia que el 6 de junio de 2017 mantuvo el Consejo de Administración para abordar la huida de depósitos que acabaría provocando la caída del banco «no refleja la realidad de los debates, manifestaciones y cuestiones» tratadas durante dicho encuentro.

En un acta notarial presentada este miércoles ante la Audiencia Nacional, Ruiz Sacristán se refiere a la compleja situación que atravesó el Popular en 2017 que acabó con la compra de la entidad por el Banco Santander. A principios de ese año, Emilio Saracho, ex vicepresidente de JP Morgan, pasó a presidir el banco español en sustitución de Ángel Ron. El 11 de mayo, cuando apenas llevaba unos meses al frente, se conoció que había encargado la venta del Popular.

La apelación de Saracho a la sobrevaloración de las acciones del banco provocó una salida progresiva y acelerada de depósitos. En este contexto, el Consejo de Administración se reunió de urgencia la noche del 6 de junio. A la reunión asistieron varios consejeros presencialmente mientras que otros, como en el caso del mexicano Ruiz Sacristán, lo hicieron por teléfono. Durante el encuentro se debatió sobre los problemas de liquidez, la potencial situación de riesgo que abordaba la entidad bancaria y la necesidad de una intervención del Banco Central Europeo (BCE) y del Banco de España para frenar la fuga masiva de depósitos. De hecho, se leyó a los presentes un borrador de una carta en inglés dirigida al BCE donde se detallaba la difícil situación del banco.

Con la firma de la citada misiva se solicitaba la resolución del Popular, es decir, la intervención de las autoridades europeas, pero, según el citado accionista, en ningún momento se habló o se debatió sobre la liquidación del banco. Aquel 6 de junio, según se relata en el escrito presentado este miércoles, dos abogados externos de Uría Menéndez advirtieron a los presentes de las «graves responsabilidades patrimoniales personales» que acarrearía que el presidente del Consejo no firmase la carta y no la enviase al BCE ese mismo día.

El propio Ruiz Sacristán manifestó que el Popular sufría un «problema de liquidez pero no de solvencia». Finalmente, el Consejo autorizó la firma de la misiva. A partir de ahí se activó un mecanismo sin precedentes a través del Consejo de Supervisión del BCE, el conocido como MUR, responsable de activar medidas de emergencia para salvar a los bancos en crisis.

El acta parcial «no refleja la realidad»

La queja de Ruiz Sacristán, sin embargo, se centra en el acta parcial de la reunión de emergencia del Consejo. Según el escrito, el consejero mexicano tuvo conocimiento de la existencia del acta 21 días después. «El borrador del acta parcial no le fue mostrado, ni entregado, ni enviado a los Consejeros, ni durante, ni con posterioridad a la reunión del Consejo», esgrime la defensa de Ruiz Sacristán. «Los consejeros —añade— tampoco procedieron al final del encuentro a aprobar ni el acta parcial ni ninguna otra acta». «Únicamente se firmó», añade.

Y es en este punto donde la defensa de Ruiz Sacristán se queja por el contenido del acta: «No refleja la realidad de los debates, manifestaciones y cuestiones tratadas en la reunión». Además, en el escrito se incluyen «numerosas referencias, manifestaciones, datos e informaciones que no fueron objeto de análisis, debate ni aprobación» por parte del Consejo de Administración del Banco.

Linde apunta a la falta de liquidez

El escrito presentado por el representante de los mexicanos llega en el mismo día de la declaración de Luis María Linde, ex gobernador del Banco de España, ante el juez José Luis Calama. Linde, que estuvo seis años al frente del organismo, ha afirmado que el problema del Popular no estaba relacionado con las provisiones, sino con la falta de liquidez, según informa Europa Press.

Linde, gobernador del Banco de España durante los periodos del Popular que ahora se investigan en los juzgados, ha defendido la gestión de la institución y ha negado tener responsabilidad alguna en la resolución de 2017, ya que en 2014 la supervisión del banco pasó a manos del BCE.

El antiguo responsable del Banco de España declaraba este miércoles en calidad de testigo. Durante su etapa como gobernador estuvo presente tanto en la ampliación de capital de 2.500 millones llevada a cabo en 2016 bajo el mandato de Ángel Ron, y en el periodo donde supuestamente se utilizaron noticias falsas para hacer caer el valor de cotización, con Saracho al frente.