El Gobierno pone al servicio de las comunidades autónomas los centros privados de diagnóstico clínico para hacer test de detección del coronavirus. La CCAA tendrá así a su disposición los servicios, establecimientos y personal de los laboratorios privados que no estén prestando ya servicio a la sanidad pública, según establece una orden del Ministerio de Sanidad publicada hoy en el BOE.

El objetivo de la medida, según ha subrayado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros Salvador Illa, ministro de Sanidad, es garantizar la "cohesión y la equidad" en la realización de los test, para lo que se pretende que todas las pruebas se hagan en una sola red y con criterios sanitarios unificados. "Debemos asegurar que todos los recursos del sistema de sanidad, público y privado, trabajan en la misma dirección, que sirven a la misma estrategia de diagnóstico".

Además, el Gobierno permitirá a las autoridades regionales a regular los precios que percibirán los centros privados por las pruebas diagnósticas para “evitar situaciones abusivas” por los servicios prestados.  Los test sólo podrán ser ordenados por un médico cumpliendo los requisitos impuestos desde el Ministerio de Sanidad.

El Gobierno quiere conocer los resultados de todos los test realizados también en estos laboratorios privados y también de los realizados por la sanidad pública. Así que todos los centros, servicios y establecimientos sanitarios de diagnóstico clínico, con independencia de su titularidad, deberán notificar “a la mayor brevedad posible” a las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas los casos de Covid-19 confirmados en las pruebas diagnósticas. Y las CCAA deberán remitir la información al Ministerio de Sanidad cuando lo requiera.

 Asimismo, todas las instituciones públicas o compañías privadas que compren material para hacer test del coronavirus deberán comunicarlo a la sanidad pública. “Cualquier entidad de naturaleza pública o privada que en relación con las pruebas diagnósticas para la detección del Covid-19 adquiera hisopos para toma de muestras, medio de transporte de virus, reactivos de inactivación, kits de extracción nucleicos o reacciones de PCR, o test rápidos diagnósticos deberá ponerlo en conocimiento de la autoridad sanitaria competente de la comunidad autónoma en la que se encuentren ubicados y/o presten sus servicios, con indicación expresa del tipo de material, número de unidades adquiridas y destino de uso”, establece la orden ministerial.

El director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha justificado la intervención del Estado de los laboratorios privados con el objetivo de "garantizar la eficiencia" en el uso de las pruebas diagnósticas, "una de las piezas clave para poder aislar precozmente a los positivos".

“No podemos permitir que en un período de escasez se utilicen las PCR –las pruebas de diagnóstico- en grupos poblacionales en los que no van a ser suficientemente eficaces" y que "los resultados que se obtengan no queden bajo la tutela de los servicios sanitarios de las comunidades autónomas", ha sostenido Simón, que ha defendido la medida para evitar que haya abusos por parte de ninguna entidad.