El Gobierno descarta nacionalizaciones forzosas con el fondo de rescate: “A ninguna empresa se le impondrá nada”

El Gobierno ha creado un fondo de rescate que contará con un presupuesto inicial de 10.000 millones de euros para garantizar la solvencia de empresas estratégicas en dificultades por la crisis del Covid y mediante el que el Estado podrá incluso entrar en el capital de las compañías mediante la compra de acciones, de deuda convertible u otros instrumentos de capital.

El Ejecutivo se muestra tajante en relación a que el fondo sólo busca garantizar la solvencia de compañías estratégicas y que no se utilizará como una vía para ejecutar nacionalizaciones forzosas de empresas. “No vamos a hacer nada que no pidan las compañías. A nadie se le va a imponer nada”, ha sentenciado el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. “Sólo se actuará a solicitud de las empresas con los criterios de las compañías”.

El nuevo fondo de rescate está controlado por la SEPI –el holding público de participaciones industriales dependiente de Hacienda- a través de un Consejo Gestor que deberá resolver las solicitudes de las compañías en un plazo máximo de seis meses. Y serán las compañías las que pidan ayuda y las que elijan que sea sólo mediante préstamos participativos o mediante otras fórmulas que pueda implicar que el Estado entre en el accionariado del grupo.

Ábalos subrayaba así la capacidad de elegir de las propias compañías sobre las fórmulas idóneas para que el Gobierno respalde su solvencia, tras ser preguntado por la posible entrada del Estado español en el capital de las aerolíneas nacionales (Iberia y Air Europa figuran como candidatos a percibir ayudas del fondo) como ha sucedido en otros países europeos. El ministro de Transportes ha apuntado, no obstante, que otros estado de la UE han optado de manera variable en los últimos meses por nacionalizar, por entrar en el capital o por otorgar sólo financiación.

Desde el Ejecutivo se trata de alejar esta iniciativa de apoyo a las compañías del debate abierto por Unidas Podemos (lo ha hecho también estando ya en el gobierno de coalición), sobre la posibilidad de lanzar la nacionalización de empresas de sectores estratégicos. Y es que, según subrayan desde hace días fuentes gubernamentales, la inyección del fondo de rescate y la entrada en el capital del Estado sólo se producirá si la empresa es viable, si la propia compañía lo solicita explícitamente y como una opción de último recurso. Esto es, no es un mecanismo ideado para solucionar situaciones como las de Nissan y Alcoa y evitar con ello los cierres de plantas anunciados.

El fondo cuenta con un presupuesto de 10.000 millones de euros. Es el presupuesto inicial, y el Gobierno abre la puerta a aumentar la dotación de ser necesario, aunque de momento el presupuesto para este año es en principio de 3.000 millones de euros. Según el ministro Ábalos, la dotación de 10.000 millones se fijo después de fuera las propias grandes compañías estratégicas “las que transmitieran cuáles eran sus necesidades”. “Tampoco son tantas empresas, las relaciones son fluidas”, ha dicho el responsable de Transportes.

Los planes del Gobierno pasan por que, entre otras opciones, las ayudas abran la posibilidad de entrar en el accionariado de las empresas de manera transitoria y durante un tiempo determinado (para ajustarse a la normativa de ayudas de estado de la UE) mediante la compra de acciones o de deuda u otros instrumentos financieros que sean convertibles en capital.

En el caso de el Estado entre en el capital de alguna compañía estratégica, el Gobierno plantea abiertamente sentarse en el consejo de administración del grupo con el número de consejeros que le corresponda proporcionalmente por su participación. Y además la entrada en los consejos se realizará sin necesidad de ningún acuerdo previo, sino automáticamente y tan sólo notificándoselo al Registro Mercantil, según se recogía este lunes en el real decreto que regula el nuevo fondo de rescate.

En paralelo, el Gobierno se autoriza a sí mismo a tomar participaciones que superen el 30% del capital de las compañías rescatadas, una cota que la legislación considera que implica la toma de control de la sociedad y que obliga a lanzar una opa por la totalidad de las acciones para compensar al resto de socios. El real decreto sirve para que Hacienda se autolibere de esta obligación y que pueda tomar participaciones superiores a ese límite sin necesidad de lanzar una opa.

SEPI actuará en las compañías en representación de la Administración General del Estado y el Tesoro Público recibirá el importe de los dividendos, intereses, plusvalías u otras remuneraciones (como el sueldo de los consejeros) , así como las cantidades que se obtengan cuando se vendan las participaciones. No obstante, no se considerarán parte de Patrimonio del Estado las participaciones o demás instrumentos comprados por el fondo.