La CNMC se juega en los tribunales 140 millones por multas recurridas

La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) lleva desde su creación, en 2013, enfrentándose de manera permanente a batallas legales abiertas por compañías sancionadas por prácticas irregulares, que recurren de manera sistemática las multas por las presuntas infracciones. El regulador se juega en los tribunales más de 140 millones de euros en multas recurridas.

La CNMC acumulaba sanciones y tasas recurridas por importe de 63,08 millones de euros al cierre de 2019, según se recoge en sus cuentas correspondientes al año pasado. La Intervención General del Estado, encargada de la auditoría de las cuentas de la CNMC, incluso obligó a reformular las cuentas del pasado ejercicio para recoger en ellas el importe pese al riesgo de no recuperación de estas sanciones y tasas.

Los recursos al cierre del año pasado se concentraban especialmente en el sector energético. Las empresas energéticas acumulan 44,66 millones en sanciones y tasas que tratan de tumbar en los tribunales. Les siguen las compañías de telecomunicaciones y medios de comunicación audiovisual con sanciones por 18,28 millones recurridas. Y compañías de transportes y de servicio postal suman sólo recursos contra multas por apenas 140.000 euros.

Pero al importe acumulado en sanciones recurridas actualmente es mayor. Hace unos días, la Audiencia Nacional paralizó el cobro de la multa de 38,9 millones de euros impuesta a Mediaset (Telecinco y Cuatro, entre otros canales) por prácticas contra la competencia en la gestión de la publicidad en sus canales de televisión. Un importe que se sumará en las cuentas de este año a la partida de sanciones recurridas.

La Audiencia aún no se ha pronunciado formalmente, pero Atresmedia (Antena3 y LaSexta) también ha pedido suspender el pago de su sanción de 38,2 millones por los mismos hechos, y fuentes del sector da por hecho que la ejecución de la multa también será aplazada. Entre los dos gigantes de la TV, son 77,1 millones de euros que están en el alero por los recursos.

Hasta el ejercicio 2018, en las cuentas de la CNMC el saldo de los distintos conceptos de fondos gestionados para otros entes públicos por el organismo recogía el importe de las tasas y las sanciones que al cierre del ejercicio estuvieran pendientes de cobro, siempre que no estuvieran recurridas ni las empresas hubieran sido declaradas insolventes por la Agencia Tributaria.

El hecho de que no se incluyeran las sanciones recurridas se justificaba, en aplicación del “principio de prudencia, debido al tiempo que pasaba entre el devengo y resolución del recurso y a los recursos resueltos en contra de los intereses de la CNMC”.  

El problema de la utilización de este criterio es que dejaba fuera de balance un importe significativo de los derechos gestionados para otros entes públicos. De hecho, esos 63 millones en sanciones recurridas al cierre de 2019 ya representaban casi el 16,6% del balance total de la CNMC.

La reclamación "improbable" de 64 millones

En paralelo, la Intervención del Estado subraya en su informe de auditoría que la CNMC afronta un riesgo derivado de una reclamación por responsabilidad patrimonial por importe de 64,02 millones de euros en materia de energía.

Se trata de la demanda presentada por Enagás para recuperar todos los costes asumidos en el mantenimiento e hibernación del fracasado almacén submarino de gas Castor, en la costa de Castellón. Pero en este caso, el papel de la CNMC es de mero intermediario y el reintegro de ese dinero a Enagás provendría de los fondos del sistema gasista español, no de las cuentas del supervisor, según varias fuentes implicadas.

Los interventores solicitaron de manera específica a la Asesoría Jurídica de la CNMC que evaluaran la probabilidad de que el supervisor tenga que desprenderse de recursos para pagar esa reclamación por responsabilidad patrimonial. Y los servicios jurídicos del organismo trasladaron que  el riesgo que tener que afrontar ese pago es “improbable”.

Por ello, la Intervención del Estado no ha obligado a la CNMC a reflejar en su contabilidad la citada reclamación, lo que habría obligado al organismo ahora presidido por Cani Fernández a elevar las provisiones por responsabilidad para blindarse ante el posible riesgo.

Traspaso de 15 millones al Gobierno por el Covid

Por otro lado, en las cuentas anuales también se refleja como uno de los hechos posteriores al cierre del ejercicio que la CNMC tuvo que hacer un traspaso al Gobierno por importe de 15,48 millones para financiar medidas contra la pandemia de Covid-19

El 23 de abril de 2020 el supervisor recibió un correo electrónico de la Oficina Presupuestaria del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, en el que remite la orden de Hacienda de ingresar en el Tesoro Público las disponibilidades liquidas que no resultaran necesarias para el ejercicio de su actividad.

Para la tramitación de este traspaso, la CNMC tuvo que realizar un incremento en el presupuesto de gastos de la CNMC por dicho importe, financiado con cargo al remanente de tesorería. El 12 de mayo de 2020 se aprobó dicha modificación presupuestaria y se realizó el reconocimiento de la obligación y el traspaso de los fondos al Tesoro.