La Asociación de Inmobiliarias con Patrimonio en Alquiler (Asipa) cree que el decreto antidesahucios que ultima el Gobierno atenta contra el derecho a la propiedad privada, discrimina a los llamados grandes tenedores de vivienda (propietarios de ocho o más inmuebles) y ahuyenta al capital.

«Es un acto injustificado de discriminación que ahuyenta al capital que más necesitamos ahora para financiar la vivienda protegida asequible que necesitan los jóvenes y las familias con rentas más bajas», señala en un comunicado.

A su juicio, la suspensión de los desahucios de familias vulnerables sin alternativa habitacional es un «grave atentado contra miles de familias que tienen sus ahorros y pensiones depositados en el alquiler de vivienda», informa Efe.

Tras quejarse de que el Gobierno les utilice como «moneda de cambio», los grandes propietarios defienden que la vivienda es la principal forma de ahorro para casi 20 millones de familias, y aseguran que este sector ha ofrecido planes de ayuda a sus inquilinos, adelantándose al Gobierno tras el decreto del estado de alarma el pasado mes de marzo.

Advierten además de que la inseguridad jurídica que introducen este tipo de medidas va a conducir a un fuerte deterioro del valor de las viviendas en España.