Los gobiernos de la Unión Europea activarán su plan para poner en marcha el fondo europeo de recuperación sin Hungría y Polonia si los gobiernos de estos dos países no dan "señales claras" de su voluntad para levantar el veto al paquete presupuestario en las próximas horas y, como muy tarde, este martes.

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Según han explicado fuentes europeas, el escenario central es que Budapest y Varsovia finalmente accedan a desbloquear el presupuesto de la UE para los próximos siete años y el plan anticrisis de 750.000 millones de euros, pero este paso debe ocurrir pronto o el resto de Estados miembros "probablemente" activen una alternativa para seguir adelante sin ellos.

"Necesitamos tener señales claras de Hungría y Polonia hoy o mañana a más tardar, si no las tenemos probablemente tendremos que pasar al escenario 'B'", han señalado las mismas fuentes en una semana clave para el futuro del fondo europeo.

Hungría y Polonia siguen rechazando el mecanismo que vincula el desembolso de ayudas europeas y el respeto al Estado de derecho por considerar que es arbitrario y, como protesta, se niegan a ratificar el Marco Financiero Plurianual (MFP) y los 750.000 millones para relanzar la economía.

La Comisión Europea está ya explorando las opciones legales que permitirían sacar adelante el fondo europeo sin el visto bueno de estas dos capitales, entre ellas un sistema de avales para que Bruselas pueda emitir deuda similar al instrumento contra el paro (SURE), un acuerdo intergubernamental como el que sostiene el MEDE o un sistema de "cooperación reforzada" que permite dejar de lado a los países que no quieran participar.

En cualquier caso, lo "deseable" en Bruselas es que Budapest y Varsovia se adhieran al resto de socios y levanten su veto, porque de lo contrario se podría avanzar con ellos con respecto al fondo de recuperación pero no con el presupuesto comunitario, que seguiría bloqueado.

En un escenario así, la UE se vería obligada a prorrogar el presupuesto de 2020 y aplicar un sistema en el que cada mes sólo se podrá gastar una doceava parte de las cuentas de este año. Además de conllevar importantes recortes (que Bruselas cifra en hasta 30.000 millones de euros), esto supondría que no se podrían comprometer pagos para todos los programas europeos para los que hay que renovar la base legal, lo que afecta a partidas como la Política de Cohesión, el nuevo programa de Salud y Erasmus.

Además, impediría al bloque poder comprometerse con un objetivo más ambicioso de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero para 2030, que pretende fijar en al menos un 55%, porque también quedaría bloqueado el Fondo de Transición Justa, uno de los principales instrumentos de la UE para cumplir sus metas climáticas.

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