Economía

Trabajo quiere "generalizar" el contrato indefinido mientras la temporalidad pública es del 28%

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La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz.

La temporalidad es uno de los aspectos más preocupantes del mercado laboral español. Tanto es así que instituciones internacionales como la Comisión Europea, el Fondo Monetario Internacional o el Banco de España han señalado a este tipo de contratación como una de las causas de que nuestra economía se haya visto más afectada que otras por la pandemia.

Entre marzo y abril, el 73% de los puestos de trabajo destruidos a causa del parón económico forzado por el estado de alarma estaban sujetos a contratos temporales. En los últimos meses, 9 de cada 10 contratos firmados en España tenían una duración determinada.

Por estos motivos, desde el Ministerio de Trabajo y Economía Social han prometido a Bruselas que atajarán el problema. Según ha podido saber este periódico, en la propuesta remitida a la Comisión Europea relativa al marco laboral, el departamento que dirige Yolanda Díaz se ha comprometido a trabajar para que el contrato indefinido pase a ser usado de forma general. El objetivo es “reducir el exceso de temporalidad y la dualidad laboral que limitan el aumento de la productividad y el crecimiento potencial y dan lugar a precariedad laboral”.

La dualidad del mercado laboral es una de las batallas del Ministerio de Trabajo y el de Seguridad Social. Hace unas semanas, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, anunciaba que se iban a revisar los contratos temporales y ponía el foco sobre aquellos que acababan en viernes y se volvían a firmar el lunes o que finalizaban para que las empresas se ahorrasen las cuotas sociales durante periodos de vacaciones.

Situación actual

En 2020, se firmaron 14,3 millones de contratos temporales. Supusieron el 91,7% de todos los contratos firmados el año pasado. De estos, más de 384.000 pertenecen a las administraciones públicas, defensa y seguridad social. Es decir, la temporalidad también incluye al sector público. De hecho, según la Encuesta de Población Activa (EPA), publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) el sector público tiene mayor tasa de temporalidad que el privado. La tasa de asalariados con contratos temporales en el sector público asciende al 27,9%. En el sector privado es del 23,2%.

Durante la crisis del coronavirus, se ha puesto de manifiesto que reforzar las plantillas públicas era una necesidad. Los sanitarios, los administrativos del SEPE, Seguridad Social… varias son las instituciones que han resultado ser un foco mediático por la falta de recursos humanos. Sin embargo, los interinos que acumulan contratos temporales son una realidad en nuestro país. En este sentido, desde Trabajo justifican que regular la temporalidad en el sector público es una competencia del Ministerio de Función Pública y Política Territorial.

Medidas

Así, Díaz ha trasladado a Bruselas la intención de simplificar y reordenar los contratos laborales en España. Pese a que el contrato temporal se ha convertido en habitual, tal como demuestran los contratos anteriores, Trabajo quiere que este vuelva a usarse únicamente para necesidades temporales de las empresas.

En esta línea, en la propuesta de Trabajo se abre la puerta a introducir “mecanismos de flexibilización para las empresas alternativas a la excesiva temporalidad”. Además, plantean la posibilidad de penalizar “el uso excesivo de contratos de muy corta duración y atajando el fraude laboral”.

Estas medidas ya estaban incluidas en el acuerdo de coalición de PSOE y Unidas Podemos, sin embargo, la pandemia obligó a priorizar otros aspectos laborales como los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE). La prórroga de estos hasta el 31 de enero se aprobará este martes en el Consejo de Ministros.

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