Economía

Seguridad Social planea pagar hasta 12.000 euros anuales a quienes retrasen su jubilación

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, comparece ante la comisión de seguimiento del Pacto de Toledo.

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, comparece ante la comisión de seguimiento del Pacto de Toledo celebrada este lunes en el Congreso de los Diputados de Madrid. EFE/ Mariscal

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, ha anunciado este lunes que planea pagar hasta 12.000 euros por cada año trabajado a quienes retrasen su edad de jubilación, en el caso de quienes tienen las pensiones más altas y hayan cotizado hasta 44,5 años, según ha asegurado el ministro del ramo, José Luis Escrivá Belmonte, en su comparecencia ante la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo.

La medida forma parte de la reforma de las pensiones que el Ministerio está negociando con los agentes sociales y que, entre otros, busca aumentar la edad real de jubilación, de manera que se acerque a la edad legal (ahora mismo están en 64,5 años y entre 65, y 66 cada una, respectivamente).

Así, Escrivá busca incentivar que los trabajadores retrasen su edad de jubilación y por consiguiente pasen más años en el mercado laboral, no solo con el pago de los citados 12.000 euros, sino con el de cantidades progresivas según la pensión y los años cotizados del trabajador.

Retraso de la reforma de las bases máximas de cotización

Al mismo tiempo, el Ministerio ha decidido aplazar la entrada en vigor de su sonada reforma de las bases máximas de cotización y la pensión máxima hasta finales de 2022.

“Esperamos poder tenerlo en la última parte del año que viene, ya en funcionamiento, pasado todo el proceso normativo y su aprobación”, ha explicado Escrivá, que ha explicado a petición de la propia Comisión la situación de la Seguridad Social y de las reformas que su Ministerio está avanzando.

Igualmente, el ministro ha explicado que se deja para la misma fecha (diciembre de 2022) la derogación del factor de sostenibilidad y su sustitución por un mecanismo de equidad intergeneracional, así como la adaptación del periodo de cómputo a las nuevas realidades del mercado laboral.

La reforma del sistema de pensiones era uno de los mayores retos del Gobierno actual antes de que estallase la pandemia del coronavirus, y una de las medidas estrella de Escrivá dentro de este marco consistía en subir las bases máximas de cotización de la Seguridad Social.

Esta, en concreto, el ministro pretendía aprobarla en marzo de 2020, según lo anunció entonces, sumándola al incremento del 7% que se aprobó para las bases máximas de cotización para el pasado ejercicio y que las situó en los 4.070 euros mensuales.

El paso permitiría aumentar el límite máximo de aportación a la Seguridad Social para así recaudar más fondos públicos. Ahora mismo, la aportación tiene un límite tanto a la baja como al alza, destope que ya se planteó en 2018 pero que encontró el rechazo de las empresas, porque este cambio aumentaría los costes laborales, ya que las empresas, además de los trabajadores, deberían abonar más a la Seguridad Social.

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