El eurodiputado de Ciudadanos Luis Garicano considera que la ayuda de 53 millones concedida a la aerolínea española Plus Ultra por el Gobierno español de la mano de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) es «ilegal», según ha explicado este martes en una rueda de prensa en la que ha desarrollado su tesis.

«La ayuda a Plus Ultra no cumple con las condiciones (…) y se trató, por tanto, de una ayuda ilegal», reza el documento, que insiste en que la ayuda a Plus Ultra no cumple con las condiciones que motivaron la aprobación del Fondo de Capitalización. Así, a su parecer, Plus Ultra «no reunía con los requisitos de elegibilidad necesarios para recibir la ayuda» porque, mantiene, era una empresa en crisis antes del inicio de la pandemia y no era estratégica ni viable, todo en base al documento que el de Ciudadanos ha presentado ante la Comisión Europea.

Así las cosas, «la Comisión Europea debe investigar si, en el caso concreto de Plus Ultra, el Reino de España ha hecho una interpretación errónea de los criterios de elegibilidad y proporcionalidad y, por tanto, la ayuda es ilegal, o bien si, como se decía al inicio, el Reino de España ha decidido modificar de facto todo el régimen», reza el escrito.

De esta manera, asegura que sí era una empresa en crisis pero que lo ocultaba a través de una «maniobra contable» con la cual incluía un préstamo participativo en su capital aunque estaba garantizado por una cuenta indisponible.

Asimismo, Garicano dice que la interpretación del Gobierno para considerar a Plus Ultra estratégica «no se sostiene», argumentando que el propio ejecutivo «admite explícitamente» que la desaparición de la compañía no afectaría a las comunicaciones con los tres destinos a los que volaba porque lo más probable es que otras compañías latinoamericanas atendiesen esa demanda. «La importancia sistémica o estratégica de una compañía es difícilmente reconciliable con el hecho de operar en un nicho de mercado y ser, además, poco relevante en él», asegura.

También recalca que Plus Ultra solo cuenta con 4 aeronaves arrendadas y que es la aerolínea que menos cuota de mercado tiene de las que operan esas rutas (a Perú, Ecuador y Venezuela).

En cuanto a la viabilidad, Garicano recalca que con la información que presentó Plus Ultra no ve «motivos contrastados y razonables para suponer que la empresa va a ser viable en el medio-largo plazo ni que pueda reembolsar la ayuda en el plazo previsto». «Las autoridades españolas tenían el deber de cuidado de asegurarse que los supuestos que informaban la viabilidad de la empresa eran realistas», critica, en parte porque el plan de viabilidad de Plus Ultra recogía que la compañía recuperaría los niveles de actividad de 2019 en 2022, algo que no considera realista ni argumentado.

La aerolínea en 2019 tuvo unas pérdidas de 2,78 millones, por lo que, en su opinión, no podía asegurar que iba a poder pagar la ayuda a tiempo. En 2026, 2017 y 2018 también se anotó pérdidas por valor de 1,8 millones, 6,72 millones y 2,11 millones, respectivamente.

Por otro lado, apunta que sin el impacto del Covid y sin intervención estatal, el capital de Plus Ultra «se habría evaporado» en algo más de dos años, por lo que apunta que el Gobierno debería haberse asegurado de que las cuentas de Plus Ultra estaban verdaderamente saneadas antes de rescate.

Garicano también mantiene que en caso de que Plus Ultra hubiese podido optar a estas ayudas, sin tener en cuenta el resto de argumentos que utiliza, la empresa debería haber recibido como máximo 16 millones de euros, y no 53 millones.

Preguntado sobre si Ciudadanos emprenderá acciones legales sobre este tema, Garicano solo ha apuntado que iniciarán «más medidas» en un «futuro próximo». Ahora mismo una jueza está investigando a altos cargos del Gobierno por el rescate de Plus Ultra, caso en que el PP ha sido admitido como acusación popular.