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El hachazo fiscal a las eléctricas para abaratar la factura de la luz no se notará hasta final de año

El fondo a las renovables y la supresión de los beneficios caídos del cielo ya se tramitan en el Congreso

La vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera; la ministra portavoz y de Hacienda, María Jesús Montero y la ministra de Sanidad, Carolina Darias, comparecen en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros extraordinario en Moncloa

La ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera (izq.); la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y la ministra de Sanidad, Carolina Darias, en una rueda de prensa. EP

El Gobierno busca fórmulas para abaratar el precio de la factura de la luz. La última decisión a corto plazo es la de rebajar al 10% el IVA de la factura desde el 21% que se impone en la actualidad. 

Con esta medida, el Ejecutivo de Pedro Sánchez pretende aliviar la carga de unos 865 millones de euros a los hogares españoles, lo que supondrá un alivio de unos seis euros al mes en cada recibo emitido a las viviendas, según cálculos del propio Gobierno, que aprobó este jueves la medida en un Consejo de Ministros extraordinario.

Tanto Teresa Ribera, ministra para la Transición Ecológica, como María Jesús Montero, ministra de Hacienda, aseguraron que la reducción del IVA es “de forma temporal” hasta el 31 de diciembre, si bien es cierto que desde el Gobierno se ha dejado la puerta abierta para poder prolongar dicha medida en caso de que el precio de la electricidad siga tensionado. 

Esta fecha, según recalcaron las dos ministras, se debe a que, de acuerdo a los cálculos que maneja el Gobierno, las medidas fiscales en las que se han venido trabajando durante las últimas semanas ya deberían surtir efecto para aliviar los recibos en los hogares. Y es que, a pesar de rebajar el IVA, la reforma de impuestos que ha diseñado el Ejecutivo no entrará en vigor hasta finales de año.

Ribera dijo que el borrador de anteproyecto ya tiene el dictamen de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y «en breve» será remitido por el Consejo de Ministros al Congreso. Por eso, y a pesar de la tramitación de carácter urgente, no se aprobará hasta otoño. Una vez que se apruebe en la Cámara Baja deberá ser ratificado por el Senado en segunda lectura.

Fuentes del sector, por su parte, explican a este periódico que hasta finales de año el impacto no se notaría, por lo que la reducción del IVA será la única vía de escape para reducir el coste de la electricidad a los españoles.

Cabe recordar que el Consejo de Ministros también suspendió el Impuesto Sobre el Valor de Producción de Energía Eléctrica durante los meses de julio y septiembre. Este impuesto grava al 7% los ingresos obtenidos por la venta de la electricidad en el mercado mayorista. No obstante, las mismas fuentes revelan que esta medida “tendrá un impacto nulo” ya que ya estaba “destinado a la parte fija de la tarifa”, por lo que las empresas no lo repercutirán al consumidor. “La recaudación del 7% se usa para pagar los peajes y aliviar en parte al consumidor de la parte regulada”, inciden.

El Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE) tiene como objetivo rebajar un 13% la factura de la luz en cinco años tras sacar del recibo el coste de las primas a las energías renovables. El anteproyecto de ley tiene como objetivo frenar la sobreretribución que percibe en el mercado mayorista la generación de energía mediante las centrales eléctricas no emisoras de CO2 (hidráulicas y nucleares) anteriores a 2005, que se traducirá en una reducción de la factura de la luz entre un 4% y un 5%.

Así, las empresas que gestionan las energías fósiles serán las que más sufran con esta medida. El Ejecutivo de Pedro Sánchez pretende sacar de la factura eléctrica un total de 7.000 millones de euros en los próximos cinco años.

Respecto al anteproyecto de ley para atajar los beneficios caídos del cielo, tiene como objetivo eliminar la sobre retribución que perciben en el mercado mayorista la generación de energía mediante plantas hidráulicas y nucleares, que se traducirá en una reducción de la factura al consumidor. Así, las eléctricas tendrán que repercutir en su coste de producción los derechos de emisión del CO2 para estas dos modalidades de generación, por lo que se les descontará del precio del mercado mayorista. 

Según la ministra Teresa Ribera esta reforma fiscal contra las eléctricas supondrá que España dentro de uno o dos años se vea beneficiada de su instalación de energía renovables frente a otros países como Alemania o Francia.

Las eléctricas, contra las medidas

A pesar de que el Ejecutivo considera que dichas reformas fiscales son las idóneas para abaratar el coste de las eléctricas, el sector eléctrico se ha posicionado en contra de las medidas.

La consejera delegada de Iberdrola España, Ángeles Santamaría, pidió esta semana una reforma de la fiscalidad energética para que haya un terreno de juego «justo» para los diferentes sectores energéticos que incentive el uso de la electricidad verde. Y ha insistido en que la tarifa regulada o Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC) debería revisarse para que fuera más similar a las de otros países, para recordar que la tarifa PVPC, a la que tanto se están refiriendo los últimos días, la fija el Gobierno.

Por su parte, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) aseguró que es necesario que España acometa una reforma fiscal en profundidad para abaratar los costes de la generación eléctrica.

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