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Las eléctricas aprietan a Sánchez para acelerar su ‘megaplán verde’ y crear ya 300.000 empleos

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Las eléctricas aprietan a Sánchez para acelerar su ‘megaplán verde’ y crear ya 300.000 empleos
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. ep

Resumen:

Las grandes eléctricas quieren que las inversiones verdes que prepara el sector se conviertan en tractor de toda la economía española para impulsar rápidamente la recuperación tras la crisis del Covid-19. Las compañías se disponen a adelantar inversiones previstas para años posteriores para impulsar la reactivación, pero aprietan al Gobierno para que también acelere los objetivos de su megaplán verde para ser punta de lanza anticrisis.

Aprovechando su intervención en la cumbre empresarial organizada por CEOE para diseñar la recuperación, el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, ha puesto deberes al Ejecutivo de Pedro Sánchez para impulsar reformas y cambiar la hoja de ruta para promover decenas de miles de millones de inversión y decenas de miles de nuevos empleos.

Galán ha reclamado abiertamente adelantar cinco años los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), que es la hoja de ruta hasta 2030 diseñada por el Gobierno para avanzar en el cambio de modelo energético y hacia una economía descarbonizada. Pues Iberdrola propone que las grandes bases del plan, singularmente el despliegue de renovables, que se contemplan para 2030 se adelanten a 2025, con lo que se conseguirían generar de manera anticipada los 300.000 nuevos empleos que se prevén para toda la década.

Adelantar cinco años la implementación del PNIEC “tendría un efecto inmediato en el crecimiento económico y el empleo, aumentando la competitividad, disminuyendo nuestra dependencia energética del exterior, mejorando la balanza de pagos y reduciendo nuestras emisiones de gases nocivos, todo ello sin poner presión en las cuentas públicas”.

“La electrificación de la economía es clave para la recuperación económica, dado que el sector es uno de los que mayor efecto arrastre ejerce”, ha asegurado Galán, “por cada empleo interno generado, se generen 12 en sectores como la construcción, la fabricación de bienes de equipo, los servicios de ingeniería o instalación o la máquina herramienta”. En este sentido, Galán ha abogado por fijar un precio mínimo para los derechos de emisión de CO2 para consagrar el principio de ‘quien contamina paga’ y destinar los ingresos a rebajar la factura eléctrica.

Según las estimaciones de Iberdrola, adelantar el objetivo de nuevas renovables previsto para 2030 y fijarlo para 2025 “supondría inversiones de 32.000 millones de euros y generaría con rapidez 90.000 puestos de trabajo en todo el territorio, especialmente en el ámbito rural” e incrementar las redes de distribución para adaptarlas a las nuevas renovables podría generar 40.000 empleos, pero reclama que el Ministerio para la Transición Ecológica, comandado por Teresa Ribera, que elimine los topes legales que impiden aumentar las inversiones.

Del mismo modo, Galán ha subrayado que aumentar la capacidad de almacenamiento con una “inversión de 5.000 millones de euros en bombeo hidroeléctrico y baterías hasta 2025 favorecería la creación de 14.000 empleos”; que sustituir calderas de gasóleo por bombas de calor requería invertir 40.000 millones y crear 110.000 empleos entre fabricadores e instaladores; que adelantar inversiones en infraestructuras de recarga y electrificación de autobuses significaría inversiones de 5.000 millones y 14.000 puestos de trabajo; y que descarbonizar el 25% del hidrógeno industrial implicaría inversiones de más de 4.000 millones de euros y la creación de 11.000 empleos en una nueva industria nacional.

Para conseguir activar estas milmillonarias inversiones España “precisa de marcos regulatorios y fiscales atractivos”, por lo que hace falta revisar el modelo de mercado eléctrico, agilizar procesos administrativos (“no puede ser que los permisos tarden hasta cinco años para proyectos cuya construcción se hace en doce meses”), impulsar el I+D y la digilización. “Si no lo hacemos nosotros,  lo harán otros países. No podemos llegar tarde a esta revolución industrial (…) Hay que movilizar ya las inversiones para crear empleo desde ya”.

Inversión contra la crisis, pero sin trabas regulatorias

El consejero delegado de Endesa, José Bogas, también ha abogado abiertamente por acelerar los objetivos del PNIEC, con aspiraciones aún más a corto plazo. Según el ejecutivo, acelerar sólo un 30%la ejecución de la hoja de ruta del Gobierno en 2021 y 2022 ya implicaría aportar 5.000 millones de euros adicionales al PIB (alrededor de un 0,4% de la riqueza nacional) y crear más de 67.000 empleos adicionales cada año.

Bogas ha subrayado que la mejor respuesta del sector eléctrico a la crisis del Covid “pasa por adelantar las inversión” y ha comprometido que Endesa incrementar un 30% su plan inversor hasta 2022, elevándolo hasta los 7.500 millones de euros pero condicionándolo a que exista las condiciones regulatorias necesarias. Con este plan de aceleración de inversiones, la compañía llegaría a generar más de 12.000 empleos directos e indirectos y de cerca de 27.000 empleos inducidos en España durante cada uno de los años 2021 y 2022, dijo el consejero delegado de la eléctrica.

Endesa pretende destinar unos 5.000 millones de euros a la descarbonización para acelerar el ritmo de la instalación de capacidad renovable, así como para incrementar y acelerar las inversiones en transición justa, incluyendo repotenciación o nuevas conexiones renovables. Otros 2.000 millones de euros se centrarán en el área de distribución, incrementando inversiones en desarrollo, renovación, resiliencia y digitalización de la red, y los restantes 500 millones de euros en electrificación y eficiencia energética, con una inversión directa en movilidad, hogar, administraciones públicas e industria, añadió.

Por su parte, el presidente de Naturgy, Francisco Reynés, también ha admitido que el PNIEC del Gobierno es «un buen catalizador de un nivel de inversión» para el impulso de la economía tras la pandemia, pero ha destacado que resulta imprescindible contar con un marco normativo y una regulación «fiables» y una fiscalidad «atractiva». El ejecutivo ha reclamado una regulación laboral con “mecanismos de flexibilidad para permitir adaptar las necesidades de las compañías, a veces estacionales».

El presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales, ha subrayado que cada euro de inversión sostenible genera casi el doble de actividad económica, y cada millón invertido en infraestructura sostenible crea en torno a 14 puestos de trabajo de forma inmediata. Entrecanales ha indicado que para que las empresas puedan desarrollar todo su potencial en la recuperación «hay que eliminar barreras regulatorias innecesarias, crear un entorno de estabilidad y confianza, relajar el clima de crispación política y social y enviar cuantos mensajes de unidad y consenso sean posibles”.

El presidente de Viesgo y del Club de la Energía, Miguel Antoñanzas, ha mostrado el compromiso de la compañía de duplicar sus inversiones en redes de electricidad en los próximos 10 años, hasta superar los 1.000 millones de euros, aunque para ello instó al Gobierno a eliminar «la principal barrera que existe actualmente, el límite a la inversión fijado por el Gobierno del 0,13% del PIB«. «Pedimos que ese límite sea eliminado o ajustado y combinado con la aprobación de planes de inversión específicos acordados con las comunidades autónomas», dijo.

A este respecto, Antoñanzas afirmó que la transición energética va a necesitar inversiones en redes «muy potentes e innovadoras», y subrayó que Viesgo «puede alcanzar una inversión superior a 1.000 millones de euros en este periodo». «Será sin duda la inversión industrial más importante en la región Noroccidental de España», destacó.

Repsol: más industria y neutralidad tecnológica

Para salir de la crisis “hay que ser rápidos” y adoptar ya “medidas de choque que tengan efectos inmediatos en la economía y en el empleo”, ha destacado el presidente de Repsol, Antonio Brufau, también en la cumbre de CEOE. Una fórmula que pasa, según el directivo, por apostar por fortalezas de la economía española, como el turismo y la construcción, pero también y sobre todo por la industria. “Los países que han mantenido su industria son más resilientes a las crisis”.

En este sentido, el presidente de Respol ha insistido en la necesidad de un plan para reactivar el automóvil, pero que incluya a todos los vehículos, no solamente a los eléctricos, que «lamentablemente se fabrican fuera de nuestras fronteras». «Que incluya a los convencionales o híbridos de gama media o baja, los que más utilizan los españoles y los que más se construyen en España».

Brufau ha hecho un alegato por la neutralidad tecnológica en la transición energética, subrayando que considera un error guiarse por la «premisa falsa» de que hay que elegir unas tecnologías en detrimento de otras, ya que la descarbonización es un «reto planetario» en el que serán necesarias «todas las tecnologías que puedan aportar su granito a la reducción de emisiones». De esta manera, pidió aplicar «una óptica de neutralidad» a la hora de afrontar la descarbonización, ya que «somos incapaces de predecir cuáles serán más exitosas».

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