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Las eléctricas presionan al Gobierno para quitar topes legales a inversiones millonarias

Las compañías calculan que pueden elevar a 9.000 millones la inversión en redes en tres años para impulsar la recuperación, pero sólo si dejan de vincularse a un PIB que este año se hundirá por la crisis

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Las eléctricas presionan al Gobierno para quitar topes legales a inversiones millonarias
Un dron revisa la red de distribución de Endesa.

Un dron revisa la red de distribución de Endesa. endesa

Resumen:

Las eléctricas quieren que las inversiones millonarias del sector para avanzar en la transición energética sean unas de las puntas de lanza para la reactivación económica y para recuperar empleo tras la crisis del Covid-19.

Las compañías ingresan una retribución regulada por esas inversiones: cuanto más invierten, más cobran

Grandes compañías como Iberdrola o Endesa ya han confirmado su intención de adelantar inversiones previstas para crecer en energías renovables con el objetivo de paliar los estragos económicos de la pandemia y apoyar el relanzamiento de la economía. Pero el sector, además de las inyecciones de capital en nuevas proyectos de generación eléctrica, también quiere acelerar inversiones milmillonarias en las redes de electricidad en los próximos años como otro frente para la recuperación económica y del empleo en España.

Las empresas distribuidoras, tanto las grandes eléctricas agrupadas en la patronal Aelec (Iberdrola, Endesa, Naturgy, EDP y Viesgo) como las pequeñas compañías, han trasladado al Gobierno de momento de manera oficiosa su disposición de adelantar inversiones en sus redes para apuntalar la reactivación económica.

Las eléctricas calculan que podrían elevar hasta los 9.000 millones de euros las inversiones en los próximos tres años (entre 2021 y 2023), elevando en 2.000 millones el paquete inversor que actualmente se plantean, según fuentes del sector conocedoras del plan. Esto es, las distribuidoras quieren elevar el ritmo inversor de los cerca de 2.300 millones de euros cada año ahora contemplado hasta los 3.000 millones anuales.

Las compañías subrayan que se trata de inversiones que van a tener que hacer en la próxima década para la digitalización de las redes y para adaptarlas al boom de nuevas renovables que ya ha arrancado, y que lo que ofrecen al Gobierno es anticipar parte de esas inversiones para ayudar a la recuperación. Las compañías han encargado a Deloitte que elabore un estudio sobre el impacto macroeconómico de la inversión en redes que se presentará próximamente y que contempla inversiones de entre 29.000 y 34.000 millones hasta 2030 y la creación de 40.000 empleos, según adelantó El Economista.

El de la distribución es un negocio regulado y la retribución que reciben las compañías por sus redes se paga a través del recibo de la luz. Lo que se retribuye es precisamente las inversiones realizadas en esas redes: cuanto más invierten, más cobran las compañías. Y por eso el montante de las inversiones permitido también está regulado y cuenta con topes legales establecidos.

Las eléctricas presionan al Gobierno para que elimine la obligación de que las inversiones en redes de distribución no puedan superar el 0,13% del PIB nacional. Sobre todo, cuando para este año se avecina una debacle que tumbará la economía y que puede acabar con un desplome de más del 11% del PIB, lo que haría que las inversiones en redes, en vez de poder elevarse, descendieran en plena crisis.

“El frenazo económico y la gran caída del PIB que se espera va a hacer que la referencia de inversión máxima permitida vaya a ser muy baja en 2020”, explican fuentes de una de las grandes distribuidoras del país para justificar la acción común del sector de la distribución para conseguir que el Ministerio para la Transición Ecológica levante el tope. “Otros años este límite no importaba porque no se alcanzaba, pero este año y los siguientes puede ser un problema en un momento en que las inversiones en las redes podrían ser un motor para la reactivación económica y el empleo”.

Los presidentes y CEO de las grandes eléctricas han reclamado públicamente estos cambios legislativos durante sus intervenciones en la cumbre empresarial convocada por CEOE para diseñar la reactivación. “Un incremento significativo de la inversión en redes de distribución podría generar hasta 40.000 puestos de trabajo en España”, ha subrayado Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, subryando que para ello hay que adoptar medidas como “la eliminación del límite máximo de inversión del 0,13% del PIB que tenemos en nuestra legislación”.

En el mismo sentido se ha pronunciado Miguel Antoñanzas, presidente de Viesgo -ahora totalmente volcada en el negocio de la distribución-, que ha subrayado los planes del grupo de duplicar su inversión en redes en 10 años, hasta superar los 1.000 millones de euros. Un plan condicionado a que se remueva el principal obstáculo, el tope del 0,13% del PIB. «Pedimos que sea eliminado o ajustado con planes de inversión específico en coordinación con las comunidades autónomas», ha apuntado Antoñanzas.

Choque del Gobierno con CNMC y compañías

La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) aprobó el pasado diciembre la circular que regula la retribución de las redes de distribución de electricidad para el periodo 2020-2025, con la que recortó los ingresos regulados de las compañías un 4,5%. Esto es, las distribuidoras cobrarán unos 250 millones de euros menos al año, unos 1.500 millones menos en el sexenio.

En la tramitación de la circular las eléctricas ya intentaron que se eliminara el tope de inversiones ligado a la evolución del PIB, y la propia CNMC valoró vincular las inversiones a la demanda y a la entrada de nuevas renovables. Finalmente el tope en función del PIB español se mantuvo tras el choque entre la CNMC y el Gobierno, que apostaba por esta fórmula.

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