Economía | Empresas

Rugui Steel, de forja familiar a ser la sexta empresa rescatada por el Gobierno tras la pandemia

Rugui Steel

Rugui Steel

Este martes, el Consejo de Ministros ha aprobado el rescate por 25 millones de euros a la acerera Rugui Steel a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que creó para apoyar a las compañías nacionales afectadas por la pandemia. Se trata de la primera ayuda que el Gobierno concede por esta vía en dos meses, tras la de Tubos Reunidos, por valor de 112,8 millones de euros, y la sexta de toda su historia.

La cifra concedida a Rugui Steel es el mínimo a repartir, pero con él la empresa ha conseguido entrar, un año y medio después de que estallase la crisis del Covid-19, en el reducido grupo de compañías a las que el Ejecutivo ha ayudado a través de la SEPI por las pérdidas sufridas. A él pertenecen la aerolínea Air Europa (que consiguió 475 millones), las agencias de viajes (ahora fusionadas) Ávoris-Halcón Viajes (320 millones), la ingeniería asturiana Duro Felguera (120 millones), la ya mencionada Tubos Reunidos y la aerolínea Plus Ultra (53 millones), que ha protagonizado una gran polémica durante los últimos meses.

Del lado contrario, son muchas las empresas españolas que han solicitado el rescate del mencionado fondo para empresas estratégicas y que no lo han conseguido, y posiblemente nunca no lo harán. Entre ellas están el granadino Grupo Abades, la cadena hotelera Room Mate y su competidora Hesperia, el holding turístico Nautalia-Wamos, la multinacional sevillana de infraestructuras y energías renovables Abengoa, el Grupo Villar Mir y la siderúrgica catalana Celsa, la que ha solicitado un mayor rescate (por 700 millones de euros).

En este caso, Rugui Steel cuenta con sede en Azkoitia, Guipúzcoa y fue constituida como tal diciembre de 2007, aunque su historia se remonta al año 1920. Entonces, la acerera era una pequeña forja familiar que se dedicaba a la fabricación de herramientas de labranza, como explican en la misma web de la empresa. Hacia 1930, se había convertido en un taller con 25 trabajadores dirigidos por Román Ucín, que la bautizó como Talleres Rugui, y en 1977, pivotó y pasó de construir y reparar aparatos agrícolas a instalar un tren de laminación de llanta, ampliando así los productos que fabricaba.

En el 2001 abrió una segunda localización en Basarte, en Guipuzcoa, y a partir de entonces llevó a cabo un proceso de modernización que la ha llevado a contar hoy día con 300 trabajadores y con plantas en Soria, Pamplona y Gernika. El Grupo Rugui ha invertido 140 millones en los últimos diez años, en País Vasco, Navarra y Castilla y León.

Precisamente el Ejecutivo ha justificado el rescate en que el grupo empresarial supone el 4% del PIB de Soria, la provincia de España más gravemente perjudicada por la despoblación, y en que es clave para el sector automovilístico y naval. Soria cuenta con un paro del 11% y Rugui tiene una planta en Ólvega, que supone la única acería de toda Castilla y León, y donde se concentra casi el 40% de los empleados de la empresa.

En la actualidad, el 75% de las ventas de Rugui vienen del extranjero, de más de 20 países en Europa, Asia, América y África. Por eso, tanto el Brexit como los aranceles del Gobierno de Donald Trump en EEUU supusieron un golpe a su actividad que después se ha visto agravado por la crisis del Covid-19. Según su plan de negocio, en 2023 sus productos serán neutros en carbono, con lo que podría ser la primera siderúrgica del mundo en conseguirlo, y con lo que expandiría su negocio internacional.

Del lado de sus cuentas, la acerera registra una ventas de más entre medio y un millón de euros anuales y cuenta con un capital social de más de 57 millones de euros, según datos de Empresia. Es difícil acceder a otro tipo de datos económicos puesto que la empresa lleva desde 2016 sin presentar sus cuentas en el registro mercantil. El Independiente ha solicitado a Rugui su última memoria anual pero la empresa no la había facilitado para cuando se terminó de redactar este artículo.

Gracias a la ayuda de la SEPI, la guipuzcoana recibirá un préstamo participativo de 13,52 millones de euros y un préstamo ordinario de 11,5 millones de euros, según dicho organismo. Con ese rescate, el Gobierno busca evitar la quiebra de compañías que antes de la pandemia sí eran viables y que podrían perjudicar a la economía del país o autonómica si desapareciesen. Entre los requisitos para acceder a esas ayudas está tener sede en España y también centros de trabajo, demostrar la viabilidad del negocio antes de la pandemia y justificar un importante impacto negativo sobre la actividad económica o el empleo si se produce la quiebra.

Te puede interesar

Comentar ()