En España hay 858 inspectores de trabajo y 994 subinspectores. En total, 1.852 personas para controlar todas las posibles irregularidades que puedan cometer en materia laboral las empresas y las administraciones públicas en todo el país.

Unos rápidos cálculos muestran que el ratio es de un inspector o subinspector por cada 10.546 empleados en el país, y de uno cada 707 empresas. Atendiendo solo a los datos de inspectores de trabajo, con más funciones que los subinspectores, hay uno por cada 23.000 trabajadores, mientras que la recomendación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) es de uno por cada 10.000.

La comparación con otros países es poco útil si no se tienen en cuenta las diferencias entre unos y otros. Por ejemplo, en otras naciones europeas existen los inspectores de trabajo, los inspectores de Seguridad Social y los inspectores de prevención, mientras que en España el inspector se encarga de estas tres competencias.

En España tienen funciones como supervisar los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), vigilar que se cumplan las medidas de prevención del Covid, de teletrabajo, los planes de igualdad o investigar los accidentes de trabajo, entre otras irregularidades. Estas obligaciones hacen que exista una sobrecarga de trabajo, que a su vez es una de las razones por las que quienes integran a este cuerpo piden constantemente más personal que ayude que se cumpla la legislación laboral.

El problema, aparentemente, debería ser de fácil solución: que el Estado contratase a más efectivos. Pero no es tan sencillo puesto que los jóvenes no quieren ser inspectores ni subinspectores de trabajo. Año tras año, plazas de las oposiciones que se convocan al cuerpo se quedan vacías. En 2019, de las 92 plazas que se convocaron para inspectores de Trabajo y Seguridad Social solo se cubrieron 34.

Así, los esfuerzos de la entonces ministra del ramo, Magdalena Valerio, para luchar contra el fraude estacional, la precariedad laboral, los falsos autónomos y los falsos cooperativistas, entre otras banderas de su gestión, a través del refuerzo de la plantilla, se quedaron a medias.

«Desde el año 2016 se están creando distintas plazas que nunca se han llegado a cubrir», confirma Álvaro Gil, subinspector y portavoz de la Federación Estatal de Subinspectores de Empleo y Seguridad Social (FEDESS). «La dinámica viene siendo que no se cubren las plazas, y eso nos está afectando», recalca, apuntando también que la situación es peor en la inspección de trabajo que en la subinspección.

Los motivos tienen que ver con que, a la hora de elegir, los recién graduados en Derecho, Administración y Dirección de Empresas o Políticas que optan por estudiar unas oposiciones pueden acceder a otras profesiones mejor remuneradas y con mejores condiciones que si estudian las de inspección de Trabajo. Así, optan más por oposiciones a Hacienda, o para ser fiscales, jueces o administradores civiles del Estado.

Bajo sueldo, una oposición exigente y una legislación cambiante

«En España, un inspector de Hacienda cobra más del doble que uno de Trabajo una vez ambos tienen 10 años de antigüedad», explica Ana Ercoreca, inspectora y presidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo (SITSS). «Las oposiciones siempre son muy exigentes, pero estas lo son más. Y la legislación laboral es de las que más cambia, se ha visto durante la pandemia», recalca.

Eso, sumado a un extenso temario, unas pruebas exigentes y unas condiciones de trabajo peores que en otras áreas de la Administración llevan a muchos a pensárselo dos veces antes de dedicar cuatro años de media a dedicar seis o siete horas diarias a estos exámenes, denuncian ambos portavoces. Ercoreca denuncia también que se presentan unos cuatro opositores por plaza, ratio inferior a otras oposiciones y a hace unos años, cuando era de 20 por plaza.

Otro factor al que apunta el portavoz de FEDESS es la pérdida de competitividad de las posiciones más altas del sector público frente a las del privado, que acaban provocando que los jóvenes prefieran trabajar en, por ejemplo, los departamentos de fiscal y de trabajo de una gran empresa a hacerlo en el Estado, en Hacienda o en Trabajo. «La élite no quiere ser funcionaria», lamenta Gil, recordando también que los sueldos de los funcionarios se han quedado muy por detrás del IPC.

En esta línea, desde el Ministerio de Función Pública que dirigía Miquel Iceta y que ahora está integrado en el de Hacienda, se buscó la modificación de las oposiciones para facilitarlas, por ejemplo, impulsando que no solo entren jóvenes con carreras universitarias sino con formación profesional. Es algo que algunos sindicatos consideran que no es un buen mecanismo, argumentando que si se reduce el nivel de los exámenes se perderá calidad.

Por ahora, los sindicatos de este colectivo están pidiendo una reforma para reforzar la Inspección que el Ministerio de Trabajo y Economía Social, según cuenta, ve con buenos ojos pero no lleva a cabo. Ahora, que el Gobierno acaba de aprobar la Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2022, consideran, ante la falta de noticias, que sus reivindicaciones han sido excluidas.

Ercoreca lamenta, sobre todo, que un Gobierno que asegura que apuesta por combatir la precariedad, la temporalidad y las irregularidades en el mercado de trabajo como los falsos autónomos no resuelva primero la precariedad del colectivo que vigila estas situaciones. «Así las leyes se quedan en papel mojado, porque si no refuerzas la inspección no acabas con la temporalidad en el empleo. Es que no puedes lanzar leyes sin fortalecer este cuerpo», zanja.