El Consejo General de Economistas ha decidido mantener intactas sus últimas previsiones, con un crecimiento del PIB del entorno del 4,7 % para 2021 y del 5,6 % en 2022, pero advierte del creciente riesgo de que las altas tasas de inflación tengan ya un carácter "estructural", al menos parcialmente.

Según el informe de su Observatorio Financiero, publicado este lunes, la subida de precios supone un "peligro" y "lastrará" la subida del PIB del primer trimestre de 2022, cuando anticipa un crecimiento "plano" por la "falta de inercia" de los últimos tres meses del pasado ejercicio y el fuerte aumento del IPC, que cerró diciembre en el 6,7 %.

La entidad ha recordado que se trata de la mayor subida de precios de los últimos 30 años e implicará una contracción del consumo, considerado uno de los principales motores de la economía española. En este sentido, los autores del informe han incidido en que especialmente preocupante es el incremento de la inflación subyacente -que excluye energía y alimentos y que se situó en el 2,1 % en diciembre-, ya que ha ido repuntando progresivamente y supone una prueba de que el encarecimiento de la electricidad, el gas o la gasolina "ya está influyendo en el precio del reto de productos": "Esto hace que el incremento de la inflación ya no sea coyuntural, sino que, en parte, sea estructural", han defendido.

Menor competitividad

En su opinión, la subida de precios también amenaza con restar competitividad a las exportaciones españolas, sobre todo si aumentan los costes laborales "vía incremento del salario mínimo o a través de las cotizaciones sociales", por lo que "puede que no sea el mejor momento" para adoptar estas medidas.

"El tejido empresarial español está conformado fundamentalmente de pymes, muy sensibles al incremento de los costes energéticos y los costes laborales, con apenas colchones para, no solo invertir, sino sobrevivir a las incidencias", han argumentado.

El Consejo General de Economistas ha recalcado que la extensión de medidas excepcionales por la pandemia como la extensión de los ICO o la ampliación de la moratoria concursal "tiene como consecuencia diferir el cierre de una parte importante de estas pymes", lo que previsiblemente penalizará la estructura económica del país y el empleo.