El Gobierno aprobará un suministro mínimo vital eléctrico y prolongará la suspensión del impuesto del 7%

El Gobierno aprobará próximamente un suministro mínimo vital eléctrico y prolongará la suspensión del impuesto del 7 % a la generación de electricidad hasta fin de año para seguir paliando los efectos en los consumidores de los altos precios de la electricidad en el mercado mayorista.

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha anunciado esta tarde en el Congreso de los Diputados una batería de medidas para afrontar el escenario de elevados precios de la electricidad.

Entre ellas están las dirigidas a reducir la volatilidad de la tarifa regulada, uno de cuyos componentes es el precio en el mercado mayorista, y las que buscan disminuir el volumen de energía que se negocia en el mercado mayorista.

En el caso del suministro mínimo vital, aportará una protección adicional a los consumidores vulnerables, ya que impedirá que se les corte el suministro eléctrico de un modo temporal (cuatro meses adicionales a los cuatro meses ya contemplados en la normativa vigente en caso de impago) y de acuerdo con los servicios sociales. 

En el caso del impuesto a la generación eléctrica, que grava con un 7 % los ingresos de las empresas generadoras y que éstas repercuten en el precio del mercado mayorista, se prorrogará su suspensión, que se empezó a aplicar en el tercer trimestre de 2021 y que luego se prorrogó dos trimestres más, hasta finales de 2022.

Ribera ha dicho que gracias a la reducción de ese impuesto y a la rebaja del IVA en la factura eléctrica del 21 % al 10 %, los consumidores que tienen contratado el suministro eléctrico en el mercado libre están pagando menos de lo que pagaban antes del aumento de precios en el mercado mayorista.

La ministra ha afirmado que la aplicación de ambas rebajas fiscales tiene un impacto del 12 % en los hogares.

Ha indicado también que el Gobierno trabaja en varias medidas de carácter estructural para que la factura de la luz se vea lo menos afectada por la volatilidad en el mercado mayorista, si bien ha recalcado que esas medidas no serán nunca contrarias a la normativa europea. 

"Este Gobierno jamás va a impulsar la adopción de medidas que sepamos de antemano que son frontalmente contrarias al derecho comunitario", ha dicho Ribera.

La ministra ha explicado que para limitar la variabilidad de la tarifa regulada o PVPC se integrará en parte una cesta de indicadores más estables que permitan mantenerlo en horquillas de precios, aunque esa mayor seguridad obligará a interiorizar una prima de riesgo y tendrá un coste pro reducir la volatilidad, por lo que cree que hay que ser cautos con respecto a los indicadores a los que se indexa y en qué momento se indexa.

En cuanto a la reducción del volumen de energía que participa en el mercado mayorista, ha señalado que el objetivo es que se convierta "en un mercado de ajustes", contando con otros sistemas de determinación del precio para beneficiar a los consumidores.

Entre los sistemas para "achicar" el mercado mayorista, ha citado la contratación bilateral, el autoconsumo, las comunidades energéticas locales, el fomento de la eficiencia energética, las subastas de renovables y la regulación de los mercados de capacidad y almacenamiento "para evitar que, como ocurre ahora, las centrales de ciclo combinado de gas vendan a precios de escasez".

Cuando se aprueben los proyectos de ley que recortan los beneficios que obtienen en el mercado mayorista tecnologías no emisoras de CO2, como nucleares o renovables y el que crea el Fondo Nacional de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, se reducirá progresivamente el recibo final de los consumidores, hasta un 15 % en el caso de los hogares cuando se apliquen en su totalidad, ha explicado.

Se ha referido al aprovechamiento eléctrico de los embalses, después de la alarma social generada en agosto por el vaciamiento de embalses de producción eléctrica mientras el precio de la luz se disparaba en el mercado. 

Ribera ha dicho que el Gobierno tomará "las decisiones pertinentes" y está trabajando en la aplicación del artículo 55 de la Ley de Aguas para ordenar el uso del agua embalsada no sólo como un recurso económico par ser turbinado, sin ambiental y social de primer orden.