Economía

¿Qué es el fondo público de pensiones que prepara el Gobierno?

Jubilado ante una manifestación en Andalucía.

Jubilado ante una manifestación en Andalucía. Europa Press

El Gobierno aprobará en un próximo consejo de ministros, definitivamente, su macrofondo de pensiones público. Después, se iniciará su tramitación parlamentaria, para que el Congreso pueda sacar la iniciativa adelante antes de que termine junio, tal y como se ha prometido a Bruselas, ya que el fondo está ligado a la recepción de fondos europeos.

A través de este macrofondo público de pensiones el Ejecutivo busca fomentar el uso de planes de pensiones de empresa -formalmente, de empleo-, un sistema complementario de la pensión pública que prácticamente no se utiliza en España, donde están mucho más extendidos los planes de pensiones individuales y, por supuesto, las pensiones públicas.

Pero, ¿en qué consiste exactamente este fondo? ¿Qué se pretende conseguir? ¿Cómo se articulará? Damos respuesta a estas preguntas a continuación.

Planes de pensiones de empresa, pero regulados por el Gobierno

El macrofondo de pensiones del Gobierno estará compuesto por diferentes fondos de empleo de impulso público. ¿Cómo? El Ejecutivo seleccionará a gestoras mediante concurso público, con una serie de requisitos, como que las comisiones sean bajas, y permitirá que compitan entre sí buscando que ofrezcan las mejores condiciones.

Es la manera mediante la cual el Ejecutivo busca que los españoles complementen su pensión, es decir, de «un salario diferido», como ya explicó Escrivá, porque las contribuciones a estos planes complementarios de pensiones «son un salario que se obtendrá más adelante». Hasta ahora, este tipo de planes de pensiones no han sido muy utilizados por los españoles, y los planes de pensiones individuales -y privados- tienen comisiones especialmente elevadas y solo los utilizan trabajadores de rentas altas y muy altas.

Ahora, con este el impulso de los planes de pensiones de empresa a través del control público –estableciendo una comisión máxima muy baja que podrá cobrarse por estos fondos, entre otros-, Seguridad Social busca conseguir un mayor ahorro para los ciudadanos y, a la vez, que lleguen a más trabajadores. La comisión máxima quedará alrededor del 0,5%, según aparece en el Plan de Recuperación, aunque el Gobierno no ha concretado este punto. Mientras, los planes de pensiones individuales cuentan, de media, con comisiones de alrededor del 1%.

El objetivo: que los use el 50% de los trabajadores en 10 años

La meta está clara: conseguir que estos planes de pensiones lleguen a alrededor del 50% de la población activa en unos 10 años, o lo que es lo mismo, a aproximadamente, unos 13 millones de españoles en 2030. Hoy día solo los usa un 10%, mientras que en Alemania ese porcentaje asciende al 57%; en Bélgica, al 51%, y en Francia al 25%. Es significativo el caso del País Vasco, territorio donde el porcentaje de personas cubiertas con estos planes es de un 48%, todo según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

En porcentaje sobre el PIB, actualmente los planes de pensiones individuales representan un 7% del producto interior bruto español, mientras que los de empresa no llegan al 3%, señal de que se destina un capital significativamente inferior a estos segundos, menos de la mitad que a los primeros.

Los planes de pensiones individuales: caros y solo para rentas altas

¿Por qué este objetivo? El Gobierno ha concluido que los planes individuales de pensiones son un producto caro del que en España mayormente se han beneficiado las rentas altas y muy altas. Por eso ahora buscan que las rentas medias también accedan a estos planes, útiles para complementar las pensiones de jubilación.

Opina así apoyándose en el informe de la Airef Evaluación del gasto público 2019, que concluyó que estas deducciones eran un elemento «regresivo» desde el punto de vista de la desigualdad al focalizarse en rentas altas, que «distorsiona el sistema» y que no consiguen su objetivo de incentivar el ahorro.

Por otro lado, el Gobierno afirma que los planes de empleo actualmente tienen un «diseño inadecuado», porque están orientados a grandes empresas -y organizados «en torno al sistema bancario»-, y, en consecuencia, no quedan cubiertos los trabajadores de pymes, los autónomos ni los empleados públicos. Además, el Pacto de Toledo exigió al Gobierno llevar a cabo esta reforma, y, en consecuencia, el Ejecutivo prometió a Bruselas que la llevaría a cabo, como aparece en el componente 30 del Plan de Recuperación.

¿Cómo va a llevarse a cabo?

Este es el punto más complicado, porque en parte aún no está decidido. Principalmente, el Gobierno potenciará los planes de empleo simplificándolos, con un marco especialmente favorable, potenciándolos a través de la negociación colectiva y creando dos comisiones de tutela que los impulsen y supervisen que el plan se está desarrollando conforme a lo ideado.

La simplificación es un punto especialmente importante porque en Seguridad Social consideran que una de las muchas razones por las que no están más extendidos los planes de pensiones de empleo es por el farragoso procedimiento que había que superar para utilizarlos. Debían negociarse en cada empresa, esta debía buscar asesoramiento externo, promover el plan, seleccionar un fondo de pensiones y, finalmente, adscribir el plan al fondo. Con los nuevos cambios, la clave estará en la negociación colectiva, de manera que las empresas simplemente tengan que adscribirse al plan del sector que le corresponda.

Para empezar a «forzar» este interés por los planes de pensiones de empleo, el Gobierno ya rebajó en otoño las aportaciones máximas deducibles por los planes de pensiones individuales en el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) hasta los 1.500 euros anuales, mientras que en los anteriores PGE ya lo hizo, de los 8.000 euros anuales a los 2.000. Al mismo tiempo, ha aumentado el máximo deducible a los planes de empresa hasta los 8.000 euros.

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