Si el crecimiento de la economía española ya dependía de una serie de factores difíciles de controlar antes de que Rusia invadiese Ucrania -de la subida de los precios de la energía a la pandemia, pasando por la crisis logística internacional-, el conflicto armado complica más la situación. Y ahora existe un riesgo muy concreto: que la guerra provoque una subida de precios mayor aún que la que se esperaba, que esta se traslade a los salarios y que la inflación se enquiste.

Los precios subieron en febrero un 7,4% con respecto a los del mismo mes del año anterior. Es la tasa más alta registrada desde 1989, y no han parado de subir desde que arrancó 2021. Hay quienes, al ver estos datos y la fuerte escalada del último año, no olvidan el incremento desbocado de los precios al que llegó el país en 1977, cuando la inflación llegó a ser del 44% y cerró el año al 27%.

En ese momento pensaron muchos cuando el presidente Pedro Sánchez pidió este miércoles en el Congreso de los Diputados "un gran acuerdo de rentas" a sindicatos y empresarios, que proporcione "estabilidad y confianza" para evitar caer en una espiral de inflación que afecte a las familias y ponga en riesgo la recuperación. En 1977, el Gobierno firmó los Pactos de la Moncloa, un gran acuerdo no solo económico que logró contener la inflación.

En ese momento, el Gobierno, la oposición, las asociaciones de empresarios y los principales sindicatos llegaron a una serie de acuerdos para estabilizar el país en un momento de crisis del petróleo, fuerte desempleo y precios rozando la hiperinflación. Ahora, Sánchez no ha llegado a mencionar los Pactos de la Moncloa, ni tampoco a convocar reuniones con los agentes sociales, pero sí ha prometido que impulsará un gran Plan Nacional en respuesta al impacto económico de la invasión de Ucrania, por lo que la forma de abordar el problema podría ser similar.

"Hay que intentar no entrar en una espiral de precios, porque la economía española tiene las de perder"

Cómo se concretará este pacto es aún un misterio, pero los economistas coinciden en que deberá propiciar una subida de salarios menor que la inflación para conseguir que esta no se enquiste. "Hay que intentar entre todos que no entremos en una espiral de precios, porque la economía española tiene las de perder, y las clases populares tienen todas las de perder", ha asegurado el presidente del Consejo General de Economistas (CGE), Valentín Pich, al ser consultado por este medio.

"La inflación es un impuesto a los pobres". Así resume Pich quiénes se verán más perjudicados de producirse una espiral inflacionaria, que implicaría más y más subidas de los precios, en cadena. Por eso, ve importante que el Gobierno convenza a los sindicatos y a los empresarios de la importancia de no trasladar a la negociación colectiva los incrementos de la inflación, ya que eso llevaría a un "problema muy delicado".

El dilema es el siguiente. Ante las fuertes subidas que están experimentando los precios de los bienes y servicios, también de los más básicos, los sindicatos exigen a los empresarios que aumenten los salarios a través de los convenios colectivos. De lo contrario, los trabajadores están viendo reducirse, mes a mes, su poder adquisitivo, ya que con el mismo salario pueden consumir menos, porque todo es más caro.

Pero si los empresarios aceptan y suben los sueldos en la misma medida en que aumentan los precios, y después repercuten ese aumento de costes en los productos que ofrecen, la teoría económica apunta que se produce una escalada de inflación. Subirían los precios de consumo, seguiría creciendo la inflación, los sindicatos volverían a exigir subir salarios, y así hasta el infinito.

Un pacto de rentas llevaría a que ambos actores, sindicatos y empresarios, no trasladen -del todo- la inflación a los salarios, y que después no repercutan este aumento en el precio de sus bienes y servicios. Un esfuerzo. Que se ajusten el cinturón por el bien común.

Manuel Hidalgo, doctor y profesor de Economía en la Universidad Pablo de Olavide sostiene, en línea con Pich, que "obviamente habrá que subir salarios". "Pero si subimos los salarios un 5% o un 7% lo único que se conseguirá es subir la inflación". Para ello, el Gobierno deberá establecer unas líneas a seguir con los agentes sociales en pro de evitar un mal mayor. "El objetivo sería que no tengamos más inflación que la impuesta por la subida de los precios energéticos, el trigo y el aceite de girasol".

Según Pich, también sería necesario bajar algunos impuestos. El Gobierno ha recaudado gracias a la inflación un 15% más de lo que preveía, por eso, el economista cree que deben participar de este pacto en las mismas condiciones que los trabajadores y las empresas, y no quedarse fuera. Además, cree que habría que replantear los impuestos sobre los combustibles. En esta línea, Hidalgo apuesta por tocar los beneficios caídos del cielo de las eléctricas para minimizar los efectos de segunda ronda.

La inflación media de 2021 en España fue del 3,1%. Este año podría estar por encima del 4%, o más, y las previsiones que apuntaban que el año terminaría con una inflación mensual de alrededor del 1% ya no sirven de nada. Mientras, los sueldos pactados en convenios colectivos subieron de media en 2021 un 1,47%, y el salario mínimo solo subió un 1,6% durante cuatro meses.

Con este contexto, los sindicatos UGT y CCOO y la organización de empresarios CEOE mantuvieron esta semana la primera reunión a negociar una subida de los salarios. El último Acuerdo Interconfederal para la Negociación Colectiva (AENC), que regula este aspecto -entre otros- está caducado desde 2020. Los sindicatos han pedido subir los sueldos un 5%, o, como mínimo, un 3%. Mientras, los empresarios se han mostrado dispuestos a negociar subidas del entorno del 3%.

Es necesario recordar que el AENC solo recogerá la "hoja de ruta" que deberán seguir después los negociadores de cada convenio en lo que respecta a subidas salariales, pero no deja de ser un marco de referencia al que las empresas no tienen obligación de ajustarse. La próxima semana hay una nueva reunión para negociarlo.