Economía

La prohibición de despedir por el coste de la luz ignora el resto de sobrecostes por la guerra

Las empresas no podrán cesar a trabajadores por el incremento de los precios de la energía pero sí por otras causas ligadas al contexto económico

Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra española de Trabajo asiste al primer encuentro empresarial de la presidencia francesa de la Unión Europea

Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra española de Trabajo asiste al primer encuentro empresarial de la presidencia francesa de la Unión Europea EFE

El Consejo de Ministros aprobó este martes considerar injustificado cualquier despido relacionado con el aumento de los precios de la energía. La medida entrará en vigor este miércoles, con su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y se mantendrá vigente hasta el 30 de junio. En julio, por tanto, sí se podrá despedir con normalidad, según han asegurado fuentes del Ministerio de Asuntos Económicos, que ha explicado el conjunto de medidas que comprende el Plan Nacional del Gobierno para contener el impacto de la guerra en Ucrania.

«Para proteger el empleo del impacto de la guerra, en aquellas empresas beneficiarias de las ayudas directas previstas en el presente Real Decreto-ley, el aumento de los costes energéticos no podrá constituir causa objetiva de despido hasta el 30 de junio de 2022. El incumplimiento de esta obligación conllevará el reintegro de la ayuda recibida», recogen las referencias del Consejo de Ministros, publicadas en la web de Moncloa.

Hacerlo no solo conllevará devolver ayudas, en caso de haberlas recibido, sino que el despido podrá ser considerado en los tribunales como nulo o improcedente. En el primer caso, llevaría a la readmisión del trabajador; en el segundo, a indemnizarlo con 33 días por año trabajado. Este anuncio por parte del Ministerio de Trabajo se produce en vísperas de la huelga de la Inspección de Trabajo, que denuncian la falta de personal y el incumplimiento del Gobierno de un acuerdo al que llegaron en julio.

A la vez, tampoco podrán despedir por estas estas causas las compañías que se acojan a expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) por la guerra, ya que, insisten desde el Gobierno, sería injusto que el Estado subvencionase esos salarios y cotizaciones a la Seguridad Social si después las empresas van a destituir a esos trabajadores. En concreto, no podrán hacerlo «las empresas que se acojan a las medidas de reducción de jornada o suspensión de contratos reguladas en el artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores [ERTE] por causas relacionadas con la invasión de Ucrania y que se beneficien de apoyo público», recogen las referencias.

Pero el resto de causas relacionadas con el impacto de la guerra no estarán cubiertas por esta «prohibición» a despedir. Las mismas fuentes han confirmado que esta limitación solo contempla el aumento de los costes energéticos como causa. Así, las empresas sí podrán despedir alegando falta de suministros para continuar con su actividad o un incremento de los costes, más allá de la energía.

Los empresarios ya habían pedido que no se prohibiese el despido de forma generalizada, como se había filtrado que pretendía imponer la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Impedir los despidos objetivos justificado por la guerra, para todas las empresas, sin excepción y hasta el 30 de junio. Era una postura a la que se oponían no solo los empresarios sino también la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, que habría liderado el giro hacia una limitación más concreta.

Díaz confía en que los ERTE frenen a las empresas de despedir a pesar del impacto que está provocando la guerra de Ucrania en muchas de ellas. «No es necesario despedir, tienen ustedes los recursos públicos a su disposición. Teniendo el mecanismo de los ERTE no es necesario hacerlo», insistió en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.

«En crisis, cuando hay mecanismos de protección social, no hay que despedir. El mensaje es claro. Ya lo hemos hecho en la gestión de la pandemia. Les pido que lo volvamos a hacer», solicitó a los empresarios. La prohibición del despido y el permitir que las empresas acudan a medidas de flexibilidad, como los ERTE, son algunas de las medidas aprobadas en materia laboral dentro del Plan Nacional contra el impacto de la guerra en la economía española, que movilizará 16.000 millones de euros -6.000 en ayudas directas y 10.000 en créditos ICO-.

Oposición de los empresarios

Las organizaciones de empresarios han mostrado su rechazo a esta medida. El presidente de la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM), Miguel Garrido, aseguró este miércoles que sería «inadmisible» prohibir el despido objetivo por causas económicas de forma «unilateral» por parte del Gobierno.

«Las empresas (…) tienen la obligación de tomar cualquier medida contemplada en la legislación vigente para garantizar su supervivencia», afirmó, insistiendo en que estas «tienen una obligación por encima de todo, que es ser rentables y viables».

También protestó por que la medida se apruebe poco después de consensuar con los empresarios medidas en materia laboral: «Acabamos de aprobar al reforma laboral consensuada y desde luego no tendría ninguna explicación que unilateralmente el Gobierno cambiase las reglas del juego», alertó horas antes de que el Gobierno confirmase que aprobaba la prohibición al despido.

De la misma manera protestó el presidente de patronal CEOE, Antonio Garamendi: «Si a la ministra le parece muy bien que no se puede despedir, que monte una empresa ella y que lo haga». Asimismo aseguró, a falta de leer los detalles de la medida que se publicará este miércoles en el BOE, que no está de acuerdo con medidas que en su opinión suponen «intervenir la economía en lo que es la libertad de acción y de empresa».

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