Economía

Garamendi insta al Pacto de Toledo a reconsiderar la subida de las pensiones con el IPC

El presidente de la CEOE urge a buscar fórmulas que no disparen el gasto público y explorar una actualización del modelo adecuado a las circunstancias del país.

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi (i) y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi (i) y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. EP

Los empresarios cuestionan el riesgo que supone el compromiso de vincular la revalorización de las pensiones al IPC. Más aún en el contexto actual de incremento de precios desbocado. El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha instado hoy al Pacto de Toledo a reconsiderar ese compromiso asumido por el Gobierno. Garamendi ha recordado el problema que genera esta medida para la deuda pública española y los costes del Estado. En declaraciones a la prensa durante su asistencia al Foro Medcap 2022, Garamendi respondía así al ser preguntado por las advertencias de Bruselas de que vincular las pensiones a la inflación disparará el gasto público.

El líder de la CEOE ha subrayado que «el tema de pensiones no sólo se arregla subiendo cotizaciones», que es un tema «muy serio y muy importante» que debería ser objeto de un Pacto de Estado, y que hay que hacer estudios actuariales para ver lo que supone una medida como vincular las pensiones al IPC: «Hay una cosa que se llama Pacto de Toledo y hay que ver cuántos años tenemos que cotizar, cuándo nos jubilamos, cuál es en este momento la tasa de mortalidad en España y lo que Bruselas está diciendo es que hay que sentarse y verlo de una forma seria. Hay que dejarse de elecciones y sentarnos a ver cómo arreglamos temas muy serios de este país», ha defendido.

Problema para la deuda pública

Aunque el Pacto de Toledo ya incluyó en sus recomendaciones la subida de las pensiones con el IPC, medida que se contempló en la reforma de pensiones en vigor y que contó con el aval de CCOO, UGT, CEOE y Cepyme, el dirigente empresarial ha señalado que el Pacto de Toledo «tendrá que volver a sentarse» para evaluar esta cuestión. De lo contrario, ha dicho, se generaría un problema en España respecto a la deuda pública y los costes para el Estado.

«Hay una gente que es responsable, que es el Parlamento español, son los grupos políticos, es el Pacto de Toledo. Hay un comentario de la UE
que está diciendo con toda claridad que hay que mirarlo y no vale poner
parches y decir lo hago de esta manera o lo hago de otra, tengo elecciones pasado mañana, no las tengo», ha aseverado. «Y lo digo en general, no estoy diciendo si este partido o el otro. Se tienen que sentar y decidir. Hay que hacer un buen estudio actuarial y evaluar exactamente cómo se arregla este problema», ha añadido.

Previamente, durante su intervención Garamendi ha resaltado que, si bien la guerra ha influido en la escalada de la inflación, ese no ha sido el único factor, y ha coincidido con el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, en la necesidad de evitar los efectos de segunda vuelta para que esta inflación no se convierta en estructural.

«Por eso, un pacto de rentas no es de lo que estábamos hablando, un pacto de rentas no sólo significa hablar de salarios, significa que hablemos de pensiones, de lo cual no se habla, de los salarios de los empleados públicos, que no se habla… Por ejemplo, en la pandemia, los trabajadores en ERTE estaban cobrando un 70% de su salario y los funcionarios cobraban el 100%: podrían haber cobrado lo mismo que los trabajadores de las empresas, que hemos pagado los impuestos, precisamente, para que esos servicios funcionaran», ha reprochado.

«Imposible» cerrar un acuerdo de rentas

Por todo ello, el presidente de la CEOE ha justificado el no haber llegado a un acuerdo salarial con los sindicatos para la negociación colectiva ni a un pacto de rentas. «Hemos llegado a 15 acuerdos en los últimos años, pero esto no se podía firmar por responsabilidad (…). No hay nada roto, pero en este momento es imposible cerrar un acuerdo y eso no es una buena noticia», ha reconocido Garamendi, para recalcar que un pacto de rentas «significa que todo el mundo se tiene que apretar el cinturón».

Por otro lado, respecto a la reunión que mantuvieron ayer Gobierno y agentes sociales para analizar las razones por las que hay 109.000 vacantes laborales que no se cubren en España, Garamendi ha indicado que este problema «tiene mucho que ver» con la formación y, en este sentido, ha celebrado el gran acuerdo que se alcanzó para reformar la formación profesional.

Preguntado por el anuncio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de que deflactará los tramos autonómicos del IRPF para contrarrestar los efectos fiscales de la subida de los precios y los salarios derivados de la actual coyuntura económica, Garamendi ha asegurado que la parece una medida «muy interesante».

Políticas ‘populistas’

Durante su intervención en el foro empresarial, el presidente de la CEOE también ha puesto de manifiesto que la deuda pública española se ha disparado al 120% del PIB. Si bien las empresas españolas necesitaban esa liquidez para aguantar el tirón, ha avisado de que ahora «hay que pagarla». En este escenario, Garamendi ha apelado al «rigor presupuestario» y a la «ortodoxia económica». Según ha advertido, a partir de ahora habría «riesgo alto de hacer políticas populistas con dinero capitalista europeo»: «Necesitamos responsabilidad y acuerdos de Estado», ha insistido Garamendi.

El presidente de la patronal empresarial ha afirmado que los fondos europeos para la recuperación son «una gran oportunidad», aunque presentan dificultades para su implementación, dado que la mitad de los fondos irán a la inversión pública y se debe garantizar que las inversiones generen realmente un cambio en España.

Además, ha reconocido que el hecho de que se gestione en parte por el Estado y en parte por las comunidades autónomas «está complicando muchísimo el tema para las empresas, que no trabajan sólo en una Comunidad Autónoma». Asimismo, ha apuntado que gran parte de los fondos procederán de la inversión privada, lo que a su vez hace necesario, en su opinión, contar con «seguridad jurídica, estabilidad regulatoria y calidad de las normas»

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