El Gobierno deja aparcada su polémica promesa enviada a Bruselas de implantar un sistema de pago por uso en las autovías y autopistas españolas antes del año 2024. La alta inflación que tienen que soportar empresas y familias, los precios disparados del combustible y la falta de consenso entre los sectores implicados y los partidos de la oposición ha llevado a congelar de momento la medida.

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"Lo plantearemos en el momento más propicio y siempre con consenso, pero ahora no se dan las bases para facilitar ese contexto, por lo que a corto plazo difícilmente podremos contemplarlo", ha señalado la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, en el XIII Encuentro del Sector de Infraestructuras, el Transporte y la Movilidad Sostenible, organizado por Deloitte y ABC.

Aunque ha señalado que el Ejecutivo va a hacer un "estudio de alternativas", ha asegurado que la voluntad es "atender a la situación económica y a los sectores más afectados, siendo el del transporte uno de ellos".

En todo caso, la aplicación del modelo de peajes para garantizar la conservación de las vías está contenido en el proyecto de la Ley de Movilidad Sostenible. El Gobierno se comprometió a implementar un sistema de pago por uso dentro del Plan de Transformación y Resiliencia que remitió hace meses a Bruselas para recibir los 70.000 millones de euros de los fondos Next Generation.

Este planteamiento provocó una fuerte contestación entre el sector de los transportistas, que llegaron a realizar un paro que provocó problemas de suministros en fábricas y supermercados. De hecho, ahora vuelven a alzar la voz contra el Ejecutivo. En los próximos días, el ministerio tendrá un nuevo encuentro con el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC) para estudiar sus demandas.

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