Volantazo sin precedentes el Instituto Nacional de Estadística (INE). El Gobierno, a través del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, ha aprovechado la dimisión de Rodríguez Poo como presidente de la institución para dar un vuelco a los estatutos y la estructura de la organización que mide los datos macroeconómicos de España.
En concreto, el Ejecutivo ha anunciado una reforma legal y un nuevo estatuto para el INE, amparándose en la legalidad de los cambios, según reza un comunicado emitido tras conocerse la salida de Poo.
En concreto, el Ejecutivo de Pedro Sánchez se parapeta en el Código de Buenas Prácticas de las estadísticas europeas y de las "iniciativas de adaptación de los sistemas estadísticos europeos a la mayor disponibilidad de datos que permite la economía digital y a las nuevas exigencias de calidad de los ciudadanos" para acometer estas reformas.
Según informa el Ministerio de Asuntos Económicos, estas modificaciones "facilitarán la utilización de nuevas fuentes de información basadas en registros administrativos y Big Data, mejorando la calidad de las estadísticas y reduciendo la carga de respuesta para las empresas y ciudadanos informantes".
El nuevo sistema para medir los datos, según el ministerio dependiente de Nadia Calviño, se basarán en nuevas técnicas apoyándose en la tecnología. Para ello, se utilizará el Big Data y otras fuentes de información. Además, se implantará un nuevo modelo de producción adaptado al actual ecosistema de datos; la puesta en marcha de nuevas estadísticas.
Respecto al estatuto se creará para "reforzar las capacidades" y "adaptarlas a las nuevas necesidades y modelos de trabajo y hacerlo en un entorno de máxima eficiencia y calidad, de acuerdo con los criterios exigidos por el Código de Buenas Prácticas de las estadísticas oficiales".
El Gobierno de Pedro Sánchez también ha aprovechado la salida del presidente del INE para asegurarse el control total de las mediciones del INE ya que los diferentes procesos de cocción al que se someten los datos estarán supeditados a la dirección general de Planificación Estadística y Procesos, "con el fin de armonizar los tratamientos estadísticos y facilitar una infraestructura común que permita un desarrollo más estandarizado, eficiente y de calidad de todos los productos y servicios estadísticos". Es decir, que este área controlará finalmente las cifras finales del PIB o del IPC tendrán la última validación de Calviño.
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