A partir de las 22:00 las luces de los escaparates se apagarán todas y cada una de las noches hasta 2023. Desde este miércoles los espacios públicos, empresas de hostelería, comercio y otros sectores deberán acatar la nueva legislación que aprobó el Gobierno la pasada semana para ahorrar un 7% de gas como consecuencia de la escasez de materia prima por culpa de la guerra en Ucrania.

Además del apagón de los escaparates, los espacios deberán tener una temperatura no superior a 27º (25º en la hostelería) en verano y 19º en invierno, deberán tener un sistema de cierre automático para evitar que se pierda la climatización adecuada y se deberá indicar la temperatura en un termómetro visible de cara al público.

El plan articulado por el Ejecutivo no tardó en ser cuestionado por las principales gobiernos autonómicos. La Comunidad de Madrid fue la primera en decir que no cumplirían con las medidas. Isabel Díaz Ayuso aseguró que su región no acataría el Real decreto y no obligaría a sus comerciantes y empresarios a apagar las luces a las diez de la noche. Sin embargo, la Constitución es clara en esta cuestión y todas las CCAA deberán velar porque se cumplan las restricciones, salvo que la Justicia diga lo contrario.

Y en esa tesitura se encuentras los gobiernos regionales. La avalancha de críticas provocó que la ministra de Transición Energética tuviera que verse de forma urgente con las Comunidades Autónomas para intentar llegar a un acuerdo. El encuentro acabó en agua de borrajas y Madrid, Cataluña, Euskadi o Andalucía han pedido que decaiga el Real decreto o acabará en el Tribunal Constitucional.

Al Congreso y al TC

Este septiembre, el Gobierno deberá tener el beneplácito del Congreso de los Diputados para que siga vigente el paquete de medidas. A pesar de la controversia generada, Moncloa deja entrever que se aprobará en la Cámara Baja y que sus socios de Gobierno (PNV y Esquerra) acabarán absteniéndose puesto que dentro del Real decreto en el que se incluye la normativa de ahorro energético existen otras medidas importantes como ayudas al transporte o becas.

Será entonces, si se aprueba en el Congreso, cuando las CCAA comiencen a presentar sus alegaciones a la Justicia. Los gobiernos regionales dirigidos por el Partido Popular han aseverado en las últimas horas que "se dará un tiempo" para examinar si, de verdad, existe "invasión de competencias". Mientras tanto, el "PP cumplirá siempre con la ley", ha insistido la principal formación de la oposición.

Con todo, el Gobierno asume que será muy complicado que las comunidades autónomas sancionen a los establecimientos que se salten la normativa. La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, cree que no se impondrán multas "inmediatamente" a aquellos espacios públicos que no cumplan las medidas de ahorro energético, y ha dicho que habrá que "dar un margen" a los propietarios para que sigan la normativa. No obstante, "si pasan los días y eso no está ocurriendo, o si mañana hay un problema serio porque en algún sitio no se aplica masivamente ninguna medida", el Ejecutivo contactará "inmediatamente" con la comunidad autónoma en cuestión sin esperar "meses ni semanas".

División en el mundo empresarial

El paquete de medidas de ahorro energético repercutirá directamente en el mundo empresarial. Y como suele decir el refranero español, "nunca llueve a gusto de todos". Los hosteleros y comerciantes se han quejado de la legislación que ha entrado en vigor.

Tal y como explicaban recientemente los comerciantes a este periódico, el nuevo Decreto ley "es pura cosmética", a la par que lamentaban que la nueva legislación se haya diseñado "con improvisación" y con "poco margen de maniobra" para lo empresarios.

Pero el sector electrointensivo o la industria que depende del gas para manufacturar se ha puesto del lado del Gobierno. En un primer momento, con la idea de Bruselas de reducir un 15% el consumo de la materia prima, dichas empresas se hubieran visto forzadas a acometer cierres parciales para llegar a esos porcentajes.

"Las industrias llevamos años haciendo nuestros deberes; hemos invertido en el talento de nuestros colaboradores (empleo cualificado, muy estable, con más del 90% de contratos indefinidos), y en la mejora de los procesos para incrementar cada año nuestra eficiencia, y especialmente la eficiencia energética; no hay energía más barata que la que no es preciso consumir", indica la Asociación de Empresas de Gran Consumo de Energía (Aege).

"Ante la solicitud de solidaridad que llega desde la Unión Europea, la Asociación apoya las medidas aprobadas por el Gobierno, el pasado 1 de agosto, para reducir el consumo energético un 7%. Está en juego nuestro futuro", puntualizan.

La luz, por las nubes

Mientras los gobiernos regionales se enfrentan a Bruselas, el precio de la electricidad no parece encontrar techo. A pesar del tope al gas, que ya lleva dos meses en vigencia, el precio del megavatio a la hora sigue por encima de los 250 euros, contabilizando la compensación a los ciclos combinados.

Con todo el precio de la luz subirá ligeramente este miércoles -un 0,38%-, hasta los 273,9 euros el megavatio hora (MWh) el día de entrada en vigor de las medidas del nuevo plan energético impulsado por el Gobierno.

La cifra es el resultado de la subasta celebrada en el mercado mayorista o 'pool' y el ajuste a abonar por los beneficiarios del tope al gas para compensar a las centrales que usan esta materia. Según los datos del operador del mercado eléctrico OMIE y por el Mercado Ibérico del Gas (Mibgas), el precio mayorista de la luz (el que pagan los consumidores con tarifa regulada) será este miércoles alrededor de 29 euros más bajo que los 302,51 euros a los que se habría pagado el MWh de no contar con el tope del precio del gas destinado a generación eléctrica.