Economía

El Gobierno contempla asumir el coste de subvencionar el gas que ahora pagan las energéticas

El Ejecutivo envía su plan presupuestario para el próximo ejercicio según los previsto en el proyecto de los PGE pero otro con cifras actualizadas a este mes y que prevé 20.000 millones más de recaudación entre 2022 y 2023.

Montero entrega los los Presupuestos 2023 a Batet en el Congreso.

Montero entrega los los Presupuestos 2023 a Batet en el Congreso. EFE

El Gobierno ha remitido a Bruselas sus previsiones presupuestarias para el próximo ejercicio y lo ha hecho incorporando dos posibles escenarios de recaudación tributaria, al actualizar las previsiones iniciales a los últimos datos correspondientes a este mes de octubre y que le permitirían un margen de hasta 10.000 millones más el próximo año con los que poder ampliar las medidas anticrisis. En el escenario 2022-2023 el incremento de recaudación estimado supera los 20.000 millones de euros, que destinará a paliar el impacto de la subida de la inflación. Un plan que contempla la posibilidad de exprimir ese margen fiscal para dirigirlo a medidas que beneficien en materia energética a empresas, colectivos y familias y poder hacer frente a la crisis energética.

Entre ellas se incluyen asumir el déficit que genere la subvención del gas y que correría a cargo de los presupuestos. Una de las novedades sería hacerse cargo del déficit de las llamadas tarifas de último recurso de gas natural (TUR), tanto las individuales como la nueva tarifa para las calderas de las comunidades de vecinos, de las que hasta ahora se hacían cargo las comercializadoras de gas. También está previsto la extensión del bono social térmico.

También se contempla flexibilizar hasta finales del próximo año las condiciones de contratación de gas y electricidad. Se facilitará la posibilidad de llevar a cabo más de un cambio de potencia y presión al año. De este modo, los consumidores, en particular los grandes consumidores, podrán adaptarse mejor a la volatilidad del mercado energético y su variación de precios.

En cifras, el Plan Presupuestario de 2023 enviado a Bruselas recoge en el primer escenario que los ingresos totales del conjunto de las Administraciones Públicas supondrán un 42,3 % del producto interior bruto (PIB), con 587.609 millones de euros en términos de contabilidad nacional. Por el lado de los gastos, contempla para el total de Administraciones Públicas un peso del 47,1 % sobre el PIB en 2022 y del 46,2 % para 2023. En este escenario, ya se recoge un impacto de 10.000 millones por las medidas adoptadas hasta la fecha para combatir las consecuencias de la guerra y de la crisis energética, informa Efe.

Mayores ingresos y 5% de déficit

El segundo escenario contempla un punto de partida de ingresos en 2022 «mejor de lo esperado, en base a los buenos resultados de la liquidación del IRPF y del Impuesto de Sociedades por el dinamismo del empleo y el sólido crecimiento económico». Así, los ingresos totales del conjunto de las Administraciones Públicas supondrían un 43 % del PIB, ascendiendo a 597.265 millones de euros en términos de contabilidad nacional.

En ambos escenarios se mantiene una previsión de déficit para el conjunto de las administraciones del 5% en 2022 y del 3,9% en 2023 previsto en el Programa de Estabilidad del pasado abril y con las que se han diseñado los presupuestos del próximo año. La diferencia entre ambos escenarios pasa por un mayor nivel de gasto y de ingresos señalado.

En el caso de la partida de impuestos, pasan de los 344.627 millones en el primer escenario a los 354.283 millones, 9.656 millones adicionales. «Se prevé la utilización del posible margen fiscal para prorrogar y adoptar aquellas medidas que se estime más adecuadas con el fin de proteger a las familias, trabajadores y empresas más afectadas por la crisis energética», recoge el documento. En este segundo escenario los gastos alcanzarán para el total de Administraciones Públicas un peso del 47,9 % del PIB en 2022 y del 46,9 % para 2023.

285.000 empleos aflorados

Haciendo subraya que el plan refleja «el compromiso del Gobierno con el saneamiento de las cuentas públicas», y añade que la previsión de déficit de 2023 se sitúa en el 3,9 %, lo que supone una reducción frente al 5 % de 2022.

Para paliar los efectos de la guerra de Ucrania y la escalada de la inflación, el Gobierno ha tomado diversas medidas como la rebaja del IVA de la electricidad y el gas, la bonificación de 20 céntimos en los carburantes o la subida del 15 % en pensiones mínimas e ingreso mínimo y que estarán en vigor hasta final de año cuando se evaluará su extensión.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado esta misma semana un nuevo paquete de medidas como ayudas a familias con caldera centralizada de gas natural o refuerzo del bono social. Según los cálculos del Ejecutivo, las medidas adoptadas han permitido reducir la inflación en hasta 3,5 puntos, y apoyar a los sectores más afectados, familias y colectivos vulnerables.

En el ámbito laboral y de la Seguridad Social, el documento recoge que desde 2019 se ha producido un afloramiento de empleo procedente de la economía sumergida de 285.000 afiliados a la Seguridad Social, de los cuales 250.000 serían asalariados y 35.000 autónomos gracias a medidas como los ERTE y las prestaciones por cese de actividad a los autónomos.

Asimismo, el Gobierno destaca que la ejecución del Plan de Recuperación, con las reformas orientadas a impulsar la digitalización y especialmente las reformas del mercado de trabajo están permitiendo la reducción del desempleo estructural en 510.000 personas desde 2019

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