Economía

Seguridad Social exige a los funcionarios reducir los tiempos de atención para tramitar la jubilación o el ingreso mínimo

Entrada a una oficina de la Tesorería General de la Seguridad Social

Entrada a una oficina de la Tesorería General de la Seguridad Social el día en que el Consejo de Ministros prevé aprobar un aplazamiento de los pagos de cotizaciones para los autónomos y una parte de las pymes, que podría ser de seis meses, además de una prestación extraordinaria para colectivos vulnerables, como el de las empleadas del hogar, como parte del plan de choque para mitigar los impactos del Covid-19, en Madrid (España), a 31 de marzo de 2020. CORONAVIRUS;COVID-19;ESTADO DE ALARMA;PANDEMIA;CRISIS;ECONOMÍA;CONSEJO DE MINISTROS Marta Fernández / Europa Press (Foto de ARCHIVO) 31/3/2020

Seguridad Social ha instado a los trabajadores de sus oficinas a acometer una serie de cambios en las citas con los ciudadanos. En una circular a la que ha tenido acceso este periódico, el organismo público pide que las vistas con aquellas personas que tienen dudas que no se demoren más de 15 minutos, siendo 10 los minutos adecuados para atenderlos.

Por eso, desde el Ministerio y “falta de disponibilidad de citas y demoras generalizadas en su concesión en todo el territorio nacional”, se considera necesario reforzar la atención directa al ciudadano y mejorar el acceso a nuestros servicios por lo que es imprescindible la colaboración de todas las Direcciones Provinciales.

Desde el Ministerio, por otra parte, se asegura a los trabajadores que se están poniendo todos los medios posibles para desatascar la intensa lista de espera para poder concretar una cita en alguna oficina de España. Seguridad Social va a impulsar nuevas "fórmulas organizativas" mediante la creación de unidades provinciales telemáticas "que permitirán reducir la carga de tareas que hasta la fecha se estaban realizando en CAISS distintas a la atención y, por otra, se van a poner en marcha nuevos objetivos institucionales para 2023 que faciliten la maximización de los niveles de atención por el personal de CAISS y el personal interino recientemente incorporado a ese ámbito".

La institución dirigida por Escrivá, por último, intentará mejorar y destinará recursos a las llamadas telefónicas, que tantos problemas ha ocasionado a las centralitas desde la llegada del coronavirus.

Además, para poder acudir a las oficinas de la Seguridad Social para cualquier tipo de consulta será indispensable tener un resguardo con la cita previa. El ente deja claro a sus empleados que no podrán formular ninguna petición sin la autorización previa.

Los jubilados tendrán excepción

No obstante, el Ministerio hace excepciones con los mayores de 65 años. Seguridad Social avisa a los funcionarios que podrán atender a este colectivo por su exposición a la "brecha digital" siempre y cuando "se haya comprobado que no han pedido cita online".

Una teoría que desechan por completo los sindicatos. "dice la directora general que las personas vulnerables con incidencia de la brecha digital y aquellos mayores de 65 años que no hayan conseguido cita previa deberán ser atendidos sin cita, de forma prioritaria…. Y suena muy bien este gesto por su parte, pero no garantiza la atención de este colectivo ni sabemos cómo se acreditarán esas condiciones, si será con el “carnet de brecha digital y/o el de vulnerabilidad”, recalcan los sindicatos.

"En caso de los mayores de 65 años está claro que con el DNI. Pero queda
en suspenso lo de cómo acreditará la absurda y contradictoria condición de
que no hayan conseguido cita previa", puntualizan.

Los sindicatos, según explican, dirigirán una queja formal al Ministerio puesto que consideran "una vulneración de derechos sindicales reconocidos, ya que
la puesta en marcha de medidas organizativas y de gestión nunca pueden
ser restrictivas ni contrarias a los derechos consolidados para el conjunto del
personal de la Seguridad Social, sin información previa a la parte social".

Según explican los funcionarios, el Ministerio "mira para otro lado" y no se da cuenta de que "el gran problema en el sistema" es la falta del personal" y siguen "sin interiorizarlo".

Este periódico ya contó como decenas de personas que estaban cerca de jubilarse y empezaban con la burocracia se topaban con las interminables listas de esperas lo que ha provocado que hayan tenido que 'emigrar' a otras provincias en busca de citas previas.

Los sindicatos con presencia en Seguridad Social aseguran que se trata de una experiencia frecuente, ligada a una flagrante falta de personal existente desde hace cuatro años y con pocos visos de arreglarse. «Es un problema que existe y que se está dando sobre todo en grandes ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao», explicaba Jesús Vila, portavoz de CSIF en la Seguridad Social.

Cabe recordar, a su vez, que los sindicatos llevan alertando de que, además, la plantilla es veterana. Las Administraciones Públicas perderán en los próximos cinco años 330.800 funcionarios por jubilación y, a lo largo de la próxima década, la previsión es que 905.100 alcancen la edad de retiro, lo que supone el 30% de la plantilla actual.

Buena parte de estos jubilados proceden de los años 80 y 90, cuando “se incorporaron a la Administración muchos miles de personas jóvenes por el desarrollo del estado de las autonomías y la mejora del bienestar social en España”, señala el informe del CSIF

Paros en Trabajo

Pero el de Seguridad Social no es el único ministerio en el que los funcionarios acusan a sus ministros de no crear un entorno laboral adecuado. Desde el pasado enero, los sindicatos con representación en Trabajo están llevando a cabo parones y huelgas por "incumplir con el acuerdo firmado" el pasado 7 de julio de 2021.

Los sindicatos reprochan al Ministerio de Trabajo y Economía Social y al Ministerio de Hacienda y Función Pública la falta de avances en el acuerdo firmado hace más de un año y medio, y el deterioro de los servicios de la Inspección ante la ausencia de medidas necesarias para corregir sus deficiencias.

Los paros están programados hasta el 22 de febrero, fecha en la que los sindicatos prevén una nueva jornada de huelgas si los ministerios afectados siguen sin ofrecer alternativas a las peticiones de los funcionarios.

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