Economía | Empresas

LA CONTRUCCIÓN TRAS LA MARCHA DE FERROVIAL

"El Gobierno está poniendo todos los incentivos para que las empresas se vayan"

Fuentes del sector de la construcción denuncian "el ataque constante a la figura del empresario" y critican el aumento de "la presión regulatoria y fiscal"

Imagen de la junta general de accionistas de Ferrovial.

Imagen de la junta general de accionistas de Ferrovial. EP

El Gobierno ha salido en tromba contra la decisión de la Ferrovial de trasladar su sede social a Países Bajos. Pero en el sector de la construcción los ánimos también andan caldeados contra el Ejecutivo. "Se está poniendo el caldo de cultivo para que las empresas se vayan", expresan fuentes del sector consultadas tras la reacción del Gobierno, que ha incluido una llamada de la vicepresidenta económica Nadia Calviño a Rafael del Pino para trasladarle que se trata de una "decisión errónea" que no comparte "en absoluto".

Respecto a un posible efecto contagio, desde el sector aseguran que "esto es un primer golpe" pero avisan de que "si esto sigue así, pueden venir otras detrás". En este sentido, critican que hay un "ataque directo y constante a la figura de los empresarios" y "una presión fiscal muy alta respecto a otros países de nuestro entorno".

Aunque lo que más les inquieta, añaden, es la "inestabilidad regulatoria". Precisamente, Ferrovial esgrime en su comunicación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la seguridad jurídica de Países Bajos como uno de los motivos que le lleva a trasladar allí su domicilio social. Calviño lo ha descartado de plano.

"No comparto una decisión que parece que va en contra del interés y de la imagen de nuestro país; es más el gesto respecto a España que cualquier otra consideración", ha señalado la vicepresidenta en declaraciones en el programa 'Al Rojo Vivo'. Pero fuentes del sector replican que el movimiento de Ferrovial "debería fomentar un cambio de política del Ejecutivo".

"Como empresa no tienes el aliento de un Gobierno que da vaivenes constantes. Esto no es un problema de marca España, sino de marca Gobierno España", se quejan desde el sector.

Calviño, en cambio, ha defendido el papel del Ejecutivo respecto a la atracción de tejido empresarial. "No sabemos si es firme o no, pero esta decisión es doblemente paradójica en un momento en el que España está atrayendo más inversión internacional que nunca", ha asegurado tras indicar que en 2022 España ha recibido más de 30.000 millones de inversión directa, cifra récord con un volumen un 55% superior que el año anterior.

La vicepresidenta también ha argumentado que Ferrovial -cuya cotización está al alza desde el anuncio- es "una empresa que le debe todo a España, que ha crecido gracias a las inversiones públicas financiadas por todos los ciudadanos españoles". Pese a ello, las citadas fuentes destacan que la compañía debe buscar siempre las mejores formas de crecer y ampliar su negocio. La empresa tiene el 80% de su negocio fuera de España.

Las constructoras españolas, insisten las citadas fuentes, "son empresas internacionales altamente diversificadas con accionistas y fondos de inversión detrás que se mueven por la rentabilidad que se les ofrezca. Y si esa rentabilidad mejora en un ordenamiento jurídico más estable, pues se van".

Por su parte, la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, también ha hablado con Del Pino y quiere ahora "conocer con más detalle los pormenores de la decisión y saber si puede ser reversible".

En la misma línea de las fuentes del sector consultadas apuntan desde el Partido Popular. La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha asegurado que en lugar de señalar a la empresa privada, la pregunta que debería hacerse es si el Ejecutivo ha hecho algo para "empujarla a que se tenga que ir".

La decisión de trasladar la sede deberá ser ratificada por la Junta de Accionistas de la compañía. Desde la compañía argumentan que apenas dejarán de pagar en España un 2% de los 282 millones en impuestos que sufragaron en el ejercicio 2022. Aunque un análisis de Banco Sabadell eleva la cifra hasta un máximo 40 millones.

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