Las mujeres que sufran reglas dolorosas e incapacitantes podrán pedir a su médico la nueva baja laboral, que estará financiada íntegramente por el Estado, a partir del próximo 1 de junio. Así consta en la ley del aborto, que ya ha sido publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), y confirman a este medio fuentes de los ministerios de Seguridad Social y de Sanidad.

Para ello, las mujeres deberán ser diagnosticadas por su médico de cabecera de menstruaciones especialmente dolorosas o dismenorreas. El profesional sanitario será el responsable de determinar si las mujeres están incapacitadas para trabajar, y así lo reflejará en su historial médico. Después, determinará cuál debe ser la duración de la baja laboral, tal y como aparece en la Ley Orgánica 1/2023, de 28 de febrero, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo.

"A fin de conciliar el derecho a la salud con el empleo, se reconoce a las mujeres con menstruaciones incapacitantes secundarias el derecho a una situación especial de incapacidad temporal en los términos establecidos por el texto refundido de la Ley General de Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre", establece.

Además, la ley especifica que deberán concederse a mujeres incapacitadas por una patología diagnosticada previamente, ya que define así dismenorrea: "Situación de incapacidad derivada de una dismenorrea generada por una patología previamente diagnosticada". En otro apartado, especifica que esas patologías podrán ser "endometriosis, miomas, enfermedad inflamatoria pélvica, adenomiosis, pólipos endometriales, ovarios poliquísticos, o dificultad en la salida de sangre menstrual de cualquier tipo, pudiendo implicar síntomas como dispareunia, disuria, infertilidad, o sangrados más abundantes de lo normal, entre otros".

Cobrarán todos los días de baja

El cambio no es baladí porque según el Estatuto de los Trabajadores, y salvo que el convenio establezca algo distinto, durante los tres primeros días de una baja por enfermedad común el empleado no cobra. Sin embargo, en este caso y tras un acuerdo Igualdad y Seguridad Social, las mujeres de baja por dolores menstruales cobrarán lo mismo que si estuviesen trabajando. En este caso, el coste de la baja lo asumirá el Estado. Y no se exigirá un mínimo cotizado, como sí sucede en otras incapacidades temporales comunes.

En la actualidad es muy poco común que los médicos den bajas por dolores de regla. "Verdaderamente son aquellas en las que el dolor es absolutamente invalidante, que no pueden moverse de la cama. Tienen que llegar a un estadio muy grave para que una mujer coja la baja, esa es la verdad», explicó ya el responsable del grupo de trabajo de Salud de la Mujer de la Sociedad de Médicos Generales y de Familia, Lorenzo Armenteros.

Por otro lado, también es importante que en la ley no se establece cuántos días podrán durar estas bajas, algo que en los primeros borradores sí se había contemplado incluir. Finalmente, la baja se alargará tanto como lo que necesite cada mujer, pero siempre bajo supervisión médica.

Las reglas por dolores menstruales son ya una realidad en Japón (desde 1947), Corea del Sur e Indonesia (desde hace años), según informa la agencia de noticias EFE. En España, el Ayuntamiento de Girona permite una ausencia laboral por estos motivos de ocho horas al mes, pero debe compensarse más adelante. En el de Sabadell se ha creado un permiso de hasta 12 días anuales para el personal del consistorio, y en el de Madrid y el Consell de Mallorca se están proponiendo medidas similares.

23,8 millones de euros

El Ministerio de Igualdad calculó que alrededor del 1% del total de mujeres trabajadoras podrían tener acceso a estas bajas por menstruaciones dolorosas. Según los datos de la Encuesta Población Activa (EPA), esta cifra sería de alrededor de 60.000 mujeres.

El coste que estima el departamento que dirige Irene Montero asciende a 23,8 millones de euros. El total que calcula para sufragar todas las medidas incluidas en la ley del aborto asciende a 104,4 millones para el conjunto de las administraciones públicas.